Ni la lengua desaparecerá mientras la hablen Rosalía y su abuela ni tampoco dejará de necesitar apoyo para ocupar el lugar que le corresponde en los espacios comunes de la vida cotidiana de un país que se querría normal. Todavía hoy la defensa de la lengua sigue siendo central para la defensa de la identidad y del futuro del país. Pero, como sabemos muy bien los catalanes, en democracia las lenguas no se imponen por decreto y cuando avanzan es porque las leyes van asociadas a valores de progreso y a la voluntad de pertenencia. Objetivos que están adaptados a la realidad y no a un escenario idílico construido voluntariosamente pero inexistente.
Podemos decir que el catalán avanzó con la inmersión en un entorno en construcción democrática, pero también tenemos que reconocer que hoy la inmersión no se aplica estrictamente como tal y que el uso del catalán es una aproximación y está en manos de los docentes, que lo adaptan al contexto en el que trabajan. El resultado es que los alumnos salen con una competencia básica en las dos lenguas, con zonas decantadas socialmente hacia el dominio del catalán y otras del castellano, a pesar del mayor magnetismo externo del castellano en las zonas más pobladas del país y en la mayoría de los medios de comunicación.
Catalunya no es ni será un país monolingüe. De hecho, por suerte. Catalunya será plurilingüe y mestiza si quiere estar viva y un acuerdo entre los partidos que representan el 70% del Parlament no es óptimo, pero es un gran adelanto que evita la ruptura por razones lingüísticas. Buscando el ideal absoluto se puede acabar en el barro, especialmente si se está siempre pendiente de las iras de Twitter o del predicador de turno que expide las fetuas contra los impuros.
Desde 2014, cuando la sentencia del nuevo Estatuto introdujo la idea del castellano como lengua vehicular y cuando llegaron las primeras sentencias referidas a centros concretos, no se ha hecho más que desconcertar y debilitar el modelo de convivencia de lenguas con el catalán como idioma central.
La modificación de la ley de política lingüística se ha hecho para evitar el cumplimiento de cuotas y para trasladar dentro de lo posible las decisiones a los profesionales de la educación en función de las necesidades de los centros. No hay garantía de que funcione, pero en política a menudo hay que ganar tiempo. La lengua tiene que estar en último término en manos de los docentes, que conocen su realidad sociolingüística y la tienen que hacer coexistir con una nueva manera de trabajar por proyectos, y no en manos de los jueces.
MANUAL DE AUTODESTRUCCIÓN
No hay una semana en la que los partidos independentistas no den un paso más para conseguir hacerse el harakiri dilapidando el apoyo social que todavía les da mayoría en el Parlament. La carencia de acuerdos entre los socios de gobierno se explicita y se publicita a la luz del día. Esto no es lo que la sociedad catalana, independentista o no independentista, espera de la gestión política en tiempo de dificultades después de una pandemia y con una crisis energética e inflacionista nublando el futuro.
En el origen de esta crisis, con JxCat cuestionando el acuerdo que había firmado pocas horas antes, está la dificultad de construir sus nuevos liderazgos. Ampliar los acuerdos siempre es una buena idea, pero la cuestión es si la ampliación los dinamita. En la negociación participaron Albert Batet, Laura Borràs y Jordi Sànchez, pero, a pesar de sus credenciales incuestionables, no se ahorraron una ola maximalista que los puso en entredicho.
Los votantes de Junts necesitan saber si el partido es capaz de forjar y mantener acuerdos políticos que se basen en la aceptación del principio de realidad que impone el marco legal actual o dan una opción y hacen un llamamiento a la insubordinación en condiciones de mantenerla.
El acuerdo era necesario, pero no suficiente, para parar la orden de implementación del 25% de materias en castellano por parte del TSJC. Era una manera imperfecta de evitar poner en riesgo a los directores de los centros educativos, una manera de ganar tiempo político.
Algunos centros preparaban ya la implementación del 25% de castellano en las aulas y es a los directores a quienes se dirige el tribunal para hacer cumplir la ley. Y en los centros el acuerdo ha sido recibido mayoritariamente con alivio y pidiendo respeto a su autonomía, como explica Laia Vicens en el dosier de hoy.
La enseñanza necesita más soluciones que discrepancias políticas y, si el país quiere competir con el entorno con talento y no con sueldos bajos, habría que poner a la escuela en lo alto de las prioridades. El catalán, sí, obviamente, es la columna vertebral. Pero también se tiene que saber castellano e inglés, que no quede solo en manos de las extraescolares de las familias que las pueden pagar. Idiomas, pero también la innovación pedagógica, la cultura del esfuerzo, enseñar a pensar y construir ciudadanos críticos. El desafío de la escuela es mayúsculo y los docentes no se pueden sentir solos ni la excusa para la batalla política interna.
