España, ese país en el que el Congreso de los Diputados aprueba una ley pero, un año después, la justicia la aplica a la carta: a algunos afectados, sí; a algunos otros, no. seguirá negando a aplicar la ley a todo el mundo y llevará la sentencia del más alto tribunal español a la justicia europea. no, que quiere el paquete entero, y que ya se le pueden quedar. déjà-vu. El Congreso de los Diputados aprobó el Estatut del 2006, que después fue aprobado en referendo y el Constitucional le frenó. Y ahora que en el 2025 la mayoría del Constitucional es progresista y la amnistía saldrá adelante, lo que la frenará será el Supremo. ¿Qué tienen en común todas estas historias? Cataluña. Su vigilancia obsesiva, incluida esta pulsión chapucera de pasar por encima del Congreso de los Diputados y del Tribunal Constitucional para poder darse el gusto de detener y encarcelar a Puigdemont, aunque solo sea por unos días. Rogaríamos a los apóstoles de la llamada normalización que no quieran hacernos beber a galet, porque van pasando las décadas y aquí lo único que sigue siendo normal es que a Catalunya se le aplique el derecho penal del enemigo.
