El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha convocado una conferencia de presidentes autonómicos a tres días de Navidad en plena escalada de contagios y hospitalizaciones provocada por la variante ómicron del coronavirus. El encuentro, que ya llegaba tarde porque hace días que la situación es crítica, ha resultado un mero simulacro de cogobernanza: se ha limitado a comunicar a sus homólogos autonómicos la decisión de hacer obligatoria la mascarilla en los exteriores de los entornos urbanos (no en el campo ni la playa) y los detalles de un plan para acelerar la vacunación, del cual no se había hablado antes con las comunidades. Si la cogobernanza es tomar las medidas de forma consensuada, esto de este miércoles ha sido justo el contrario. En estas circunstancias, es perfectamente comprensible el malestar expresado por los presidentes Aragonès y Urkullu.
Pero es que, además, la medida más importante anunciada, la de la obligatoriedad de las mascarillas, ha sido cuestionada por los expertos, que no lo ven como una forma realmente efectiva de parar la transmisión del virus. Puede ayudar a concienciar la población y a evitar contagios en aglomeraciones, pero no es ninguna panacea. Como también han hecho constar Aragonés y Urkullu, Sánchez se ha quedado corto, no ha tenido la valentía de abanderar unas necesarias restricciones duras, y por lo tanto impopulares, a las puertas de Navidad. Entre Catalunya y Madrid, los dos extremos a la hora de combatir la pandemia, Sánchez se ha situado más cerca de la presidenta madrileña. Parece que le ha dado más miedo la impopularidad que el virus.
El caos actual, además, resulta especialmente incomprensible cuando hace prácticamente dos años que vivimos en situación pandémica. No se entiende, por ejemplo, que después de que el Tribunal Constitucional tumbara el estado de alarma no se haya aprobado una legislación ad hoc que dé herramientas verdaderamente efectivas a las comunidades autónomas para frenar la expansión del virus. El gobierno de Sánchez no se ha atrevido tampoco a abordar esta cuestión y ha delegado la función de la unificación de la doctrina judicial en el Tribunal Supremo, que por suerte ha actuado con más sentido común que el Constitucional. No le falta razón a la oposición de derechas cuando afirma que el presidente español rehúye sus responsabilidades. Porque una cosa es delegar en las comunidades autónomas y otra de muy diferente no atreverse a tomar ninguna medida impopular y confiar que la variante ómicron mate menos.
Con unos datos de contagios incluso inferiores, algunos países han optado por un confinamiento preventivo, como es el caso de los Países Bajos. Como ya ha pasado en otras ocasiones, no anticiparse al virus puede resultar catastrófico, también para la economía que se pretende defender con medidas tibias. Eso sí, las restricciones tienen que ir acompañadas de planes de ayudas, porque de lo contrario se estaría abandonando todo un sector, el de la hostelería, a su suerte. La ómicron ha hecho añicos la esperanza de muchas familias y negocios de poder tener una Navidad normal y con la economía a pleno rendimiento. Le está pasando lo mismo a todo el mundo. No aceptarlo, como parece hacer Sánchez, y no tomar decisiones sin miedo es una frivolidad.
