Los Mossos no pueden ser moneda de cambio política
Cada vez que haya disturbios en la calle, la actuación de los Mossos, y en concreto de los antidisturbios, se convierte en objeto de debate político. Entonces los responsables políticos anuncian grandes cambios, grandes auditorías internas para castigar a los agentes que han incumplido los protocolos que suelen acabar en nada. Y así hasta la siguiente polémica, donde todo vuelve a empezar. En esta ocasión, sin embargo, el debate se mezcla con las negociaciones por la investidura del futuro presidente, y esto ha hecho crecer el uso partidista del cuerpo hasta cotas más elevadas aun. El colmo es que el partido del consejero Miquel Sàmper, Junts, critique la gestión de este mismo departamento. Y que él mismo haya sido especialmente tibio en la defensa de la policía catalana. No es extraño, pues, que haya malestar adentro del cuerpo con sus responsables políticos.
Así pues, lo que se tiene que reclamar a la clase política catalana es, sobre todo, responsabilidad. En primer lugar habría que ver en qué quedó "la auditoría más grande de la historia" que prometió el consejero Miquel Buch a raíz de los incidentes en las protestas por la sentencia del 1-O. ¿Por qué es tan difícil hacer un ejercicio de transparencia? Esta opacidad es lo que alimenta la imagen de que dentro del cuerpo reina una especie de ley del silencio corporativista que acaba derivando en impunidad. En este sentido, sería deseable una investigación rápida y un rendimiento de cuentas inmediato sobre el caso de la chica que perdió un ojo el miércoles.
En segundo lugar, si hay que estudiar un cambio en el modelo policial, esto se tiene que hacer en el Parlament escuchando todas las posiciones, y no como moneda de cambio en unas negociaciones por la investidura en la que cada partido está más pendiente de los titulares a la prensa y de la actitud a corto plazo del socio potencial que de otra cosa. Los debates importantes no se pueden abordar en caliente. Hay que partir de la base de dos realidades: la primera es que cualquier policía integral del mundo necesita unidades de orden público para luchar contra el vandalismo y garantizar la seguridad de las personas en una manifestación; la segunda es que Catalunya, como sociedad avanzada que es, no tolera los excesos policiales y es muy exigente con el uso que se hace de la fuerza. No pasa lo mismo en otros lugares del Estado, como se ha podido ver estos días.
Por lo tanto, es positivo que se abra el debate sobre el uso de las balas de foam o sobre técnicas como las del carrusel. Pero al mismo tiempo, el Govern tiene que estar junto a su policía y no ponerla constantemente bajo sospecha. Sobre todo si, como es el caso, se hace más por razones electoralistas que por convicción. No hay soluciones mágicas y todas las democracias tienen problemas parecidos, pero la receta es clara: apoyar a la mayoría de profesionales que hacen bien su trabajo, apartar a los agentes que cometan excesos y, a la vez, abrir el debate sobre las técnicas de control en manifestaciones.
Y por último: toda la solidaridad con los compañeros de El Periódico que vieron cómo, en una supuesta protesta a favor de la libertad de expresión, se atacaba su redacción.
