28/01/2021

La partida de los fondos europeos no se ha acabado

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El diputado de Unidas Podemos, Txema Guijarro; el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso , Gabriel Rufián; y el diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, conversan durante una sesión plenaria celebrada en el Congreso  de los Diputados

BarcelonaPor si alguien todavía no lo tiene claro: la gestión de los fondos europeos –su distribución, la agilidad en los trámites, los sectores beneficiados, el seguimiento de los proyectos, etc.– será crucial para encarrilar la salida de la crisis. La economía catalana ha quedado gravemente afectada por la pandemia y esta vez, a diferencia de la crisis de la década anterior, cuando todo giró alrededor de los recortes sociales, Europa ha respondido con la apuesta keynesiana, es decir, con la inyección de ayudas directas y créditos en lugar de austeridad obligatoria. Esto está muy bien y el consenso es amplio. Ahora, sin embargo, ya estamos en el cómo, y aquí la cosa ya no está tan clara. España tiene asignados 140.000 millones de euros que tendrá que gastar en tres años. ¿Cómo lo hará? Llegados a este punto, la tendencia española vuelve a ser la de siempre, con el peligro de la opacidad, de la gestión centralizada y de privilegiar las grandes empresas. Y por lo tanto con el riesgo, en el caso catalán, de que su diverso tejido de pequeña y mediana empresa quede en un segundo término, igual que los autónomos. Por eso el decreto que regula la ejecución de los fondos europeos impulsado por el ejecutivo de Pedro Sánchez aprobado este jueves en el Congreso gracias, entre otros, a la sorprendente abstención de Vox –sin la cual no habría prosperado–, no ha contado en cambio con el apoyo de los grupos catalanes de ERC, JxCat, el PDECat y la CUP. También han votado en contra el PP y Cs, pero por motivos diferentes, en clave más de oposición política pura y dura. En el caso de los partidos independentistas, la preocupación justificada es la poca capacidad de intervención y decisión que tendrá la Generalitat en la elección de proyectos empresariales. El contexto electoral catalán tampoco ha ayudado a encontrar rendijas de negociación, claro. Han salido mejor parados los partidos vascos, que en ausencia de los catalanes han salido al rescate del gobierno español. El voto favorable tanto del PNV como de EH Bildu supondrá, a buen seguro, beneficios concretos y tangibles para su mundo empresarial.

En Italia, otro de los países beneficiados por los fondos europeos, el gobierno de Conte ha caído precisamente por la carencia de apoyos parlamentarios sobre este punto determinante. Es, hay que insistir, una cuestión tan importante como la gestión sanitaria de la pandemia. Ahora, de momento, más allá del PSC y Podemos, la influencia catalana queda menguada. Pero todavía hay margen para corregir las cosas durante la tramitación del decreto como proyecto de ley. Habrá que volver. De hecho, desde el ala izquierda del bloque gubernamental del Congreso hay conciencia del sesgo a favor de las grandes empresas. La relajación de los controles administrativos y ambientales es, tal como ahora está planteado el decreto, un agujero negro preocupante. Y sin duda el papel secundario reservado a las comunidades autónomas no augura nada de bono, y despierta la sospecha de que pueda estar blindado a cambio del inédito ataque de responsabilidad de Vox. En todo caso, todavía queda partida y habrá que jugarla a fondo. Hay mucho en juego. Es una partida multimillonaria de la cual dependerá el futuro económico catalán.

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