Precariedad en la universidad: hace falta un plan urgente
No podemos esperar a la tramitación parlamentaria de una ley de amplio alcance y poco consenso
La precariedad laboral está instalada también en las universidades. Catalunya, con más del 59% de contratos temporales entre el profesorado de sus universidades públicas, es la segunda comunidad autónoma con el porcentaje más alto de este tipo de contratos, muy por encima del máximo legalmente permitido, que es del 40%. También es la comunidad con un porcentaje más alto de contratos a tiempo parcial (44%): entre las 48 universidades públicas españolas, las siete catalanas ocupan las primeras posiciones con más contratos de este tipo.
Contratos temporales a tiempo parcial: es lo que se conoce como profesorado asociado. Esta figura tendría que servir –lo dice la ley– para contratar a “especialistas de competencia reconocida que acrediten ejercer su actividad profesional fuera del ámbito académico universitario, con el fin de llevar a cabo tareas docentes a través de las cuales aportar sus conocimientos y su experiencia profesionales a la universidad”. Varios indicadores han puesto claramente de manifiesto, sin embargo, que bajo la figura del profesorado asociado las universidades catalanas hace años que también contratan sin cumplir los requisitos anteriores, y lo hacen todavía más que el resto de universidades públicas españolas.
Esta situación no es debida a la falta de figuras contractuales estables: desde 2003, la ley de universidades de Catalunya permite la contratación indefinida y a tiempo completo de profesorado agregado y catedrático. Pero 17 años después de la promulgación de la ley, en Catalunya este profesorado no llega al 12% del total, el profesorado funcionario se ha reducido a menos del 28% y nuestras universidades baten récords de temporalidad.
La precariedad, pues, no está causada por una legislación inadecuada, sino por un abuso –dicho sea de paso, ilegal– de unos contratos frente a otros.
La causa principal hay que buscarla en una financiación pública manifiestamente insuficiente de nuestras universidades: durante el periodo 2009-2013, Catalunya fue la comunidad que más recortó el presupuesto público para universidades –un 39,5%–, y todavía hoy la financiación pública no llega a 8.500 euros por estudiante, por debajo de 9 comunidades autónomas que dedican a ello entre 8.700 y 10.900 euros. En términos de producto interior bruto, Catalunya es la sexta comunidad con un esfuerzo más bajo: dedica a las universidades públicas el 0,65% de su PIB, bastante por debajo de la media del conjunto de España, que es del 0,76%, y muy lejos de la Comunidad Valenciana y Andalucía, que les dedican más del 1%. El segundo factor que ha causado la precariedad laboral es la limitación legal a la reposición de personal que, desde 2011, impide a las universidades cubrir todas las vacantes de profesorado. En otras palabras, la precariedad que hoy constatamos es el resultado de las políticas de recortes, y no de la configuración del profesorado prevista en la ley.
En este contexto, el ministerio de Universidades propone una reforma a fondo de la ley de universidades. Sin que se sepan los motivos, prevé modificar todas las figuras actuales de profesorado, incluidas las que funcionan correctamente y nadie ha cuestionado. Es más, el último borrador comporta un retroceso de las garantías de calidad y de equidad en la contratación del profesorado universitario, puesto que elimina el requisito de superar un concurso público para poder acceder a un contrato de profesorado asociado, y el de superar una evaluación externa para poder concursar a un contrato de profesorado doctor.
Una reforma de este alcance requiere un consenso que está lejos de existir alrededor del proyecto presentado, tal como ha puesto de manifiesto la declaración conjunta de los tres sindicatos más representativos en el ámbito del profesorado universitario, entre otros.
Esta propuesta no resolverá la precariedad porque el problema no está en la ley, sino en el abuso que se ha hecho debido a la falta de recursos. Con el visto bueno –también hay que decirlo– de algunos gobiernos autonómicos como el nuestro, que son los que autorizan las plantillas de las universidades.
La precariedad actual es insostenible y, dada la dimensión del problema, requerirá un cierto tiempo resolverla completamente. No podemos esperar a la tramitación parlamentaria de una ley de amplio alcance y poco consenso. Hace falta con urgencia un plan específico, que incluya un acuerdo sobre financiación universitaria, la eliminación del límite a la tasa de reposición y, naturalmente, unos plazos de ejecución. Un plan que se pueda empezar a implementar antes de que empiece el próximo curso.
