Por qué me preocupan las prisiones catalanas
El Parlament de Catalunya acaba de decidir la creación de un grupo de trabajo sobre el sistema penitenciario catalán que contará con una perspectiva de derechos humanos. Se trata de una iniciativa muy necesaria y oportuna. Catalunya tiene prisiones y tiene presos, y el gobierno de la Generalitat configura cada día el sistema de servicios públicos que esto requiere. Ya se sabe: la salud de una democracia se puede medir con el nivel de respeto que tiene hacia los derechos de sus presos. Nelson Mandela pronunció una frase similar.El panorama que tenemos delante se corresponde con una situación de complejidad a menudo ignorada socialmente. Continuamos teniendo una tasa de más de cien presos por cien mil habitantes (más de 9.000 personas); tenemos un tiempo de estancia en prisión muy elevado, de 19,3 meses (a la cabeza de Europa); tenemos una población penitenciaria con una prevalencia de falta de salud mental alarmante (cerca del 5% con trastornos mentales graves; más del 60% con trastornos de la personalidad), y datos de suicidios de internos en incremento constante desde hace años.Teniendo en cuenta esta realidad, debemos poner la mirada en las prisiones y preguntarnos si lo estamos haciendo bien.Hace diez años, el Parlament ya creó una comisión de estudio por iniciativa del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa. Según un convenio de este comité, firmado por España, el Estado está obligado a formar al personal penitenciario en materia de derechos humanos, entre muchas otras actuaciones. En aquel momento, la iniciativa se entendía ante una cifra: el año 2016 se aplicaron medidas de aislamiento en más de dos mil ocasiones en las prisiones catalanas. Había que saber las causas del uso tan elevado de una medida que, según las normas internacionales, debe tener un uso restringido.Participé entonces en una actividad de formación para todo el personal penitenciario. Se explicó la normativa internacional sobre derechos humanos en las prisiones, desde la ONU y el Consejo de Europa hasta la Unión Europea. Tenemos un buen puñado de normas y deberes en cuanto a las acciones públicas necesarias. Cuando acabé mi sesión tuve que escuchar a un empleado público –además, jefe de servicios– que decía que la formación era una pérdida de tiempo y una manera de malgastar dinero público. Un empleado público despreciando un conocimiento básico, un conocimiento sin el cual no es posible hacer bien su trabajo. Me preocupé. Quizás era una actitud que permitía entender el uso abusivo de una medida disciplinaria tan grave.Años después, en la terrible primavera de 2024, el movimiento sindical de los empleados públicos penitenciarios provocó una situación de una gravedad extrema que puso en riesgo la prestación de servicios públicos muy básicos del sistema penitenciario. Aún me pregunto (nos preguntamos muchos) cómo es posible que la Fiscalía no actuara para investigar unos hechos que podían ser constitutivos de delitos contra el orden público, al provocar, por ejemplo, suspensiones de juicios. Fue un episodio vergonzoso e inaceptable en la historia de la administración de la Generalitat.
Más allá de los procedimientos y las reivindicaciones sindicales legítimas, lo más preocupante de toda aquella situación es, sin duda, que el colectivo de empleados públicos penitenciarios se otorgó la determinación de la política penitenciaria en Cataluña, de los contenidos de nuestro modelo. Y esto es inadmisible.En primer lugar, porque se trata de una función y un deber que corresponden, en exclusiva, al gobierno de la Generalitat, que dispone de la legitimidad democrática para hacerlo. Después, porque el personal que trabaja en el sistema no tiene ni puede tener la perspectiva necesaria para fijar los contenidos de la política penitenciaria, una perspectiva que incluye mucho más que las cuestiones sobre la custodia de personas y la seguridad dentro de las prisiones. De estas preocupaciones se derivan decisiones importantes, sin duda. Pero resulta más trascendente atender las finalidades de evitar la reincidencia, de orientar la acción pública a la reinserción social (evitar la marginación, promover la reincorporación al cuerpo social) y, claro está, de garantizar el respeto hacia los derechos humanos de las personas que sufren la privación de libertad. Es un mínimo.Leo en un informe que, entre el año 2000 y el primer semestre de 2025, el número de sanciones de aislamiento aumentó en las prisiones catalanas un 61%. Se trata de más de cuatro mil sanciones de aislamiento en el primer semestre de 2025, más de siete veces más que en las prisiones de la administración estatal, a pesar de la gran diferencia en el número de presos. No parece que mejoremos, a pesar de las recomendaciones de los organismos internacionales y del mismo Parlamento, o de las advertencias de los expertos que relacionan el aislamiento con patologías psíquicas graves y con el suicidio.Creo sinceramente que, más allá de consideraciones demográficas o de política criminal, se está produciendo en las prisiones catalanas una gran tensión entre el departamento de Justicia y el movimiento sindical del personal penitenciario. No es nueva: hace muchos años que los sindicatos quieren condicionar la política penitenciaria, imponiendo la priorización de soluciones disciplinarias y difuminando los límites de uso del aislamiento provisional o de la contención mecánica, entre otras. La diferencia es que la situación actual del sistema es más grave.El grupo de trabajo del Parlamento es una oportunidad, o la excusa perfecta, para que el conseller Espadaler demuestre que quiere asumir, de verdad, la política penitenciaria, sin admitir condicionantes ni chantajes de ningún tipo. Hay que hacer política de verdad. Las consecuencias de no hacerlo pueden ser muy graves.
