Una reforma laboral con bronca política
La aprobación este jueves del real decreto de reforma laboral en el Congreso de Diputados, al margen del contenido de la norma, deja un profundo mal sabor de boca por cómo se produjo. Por dos motivos, uno formal y uno de fondo. Y los dos están íntimamente relacionados. La accidentada votación no se produjo porque sí, sino que respondió a la ajustada mayoría que había negociado el gobierno de Pedro Sánchez. El hecho de que a última hora los dos diputados de la Unión del Pueblo Navarro (UPN) rompieran la disciplina de voto y no obedecieran el pacto de la dirección de su partido con el gobierno es indicativo de la debilidad de la posición del ejecutivo, que ya no había conseguido sumar a la iniciativa a sus principales socios externos de legislatura, es decir, el PNV, ERC y Bildu, que votaron todos también contra el texto. Solo una equivocación telemática de un diputado del PP permitió que la decisiva normativa saliera adelante en medio de las dudas. Y este es el problema de fondo que evidencia la accidentada sesión de este jueves en la cámara baja: en una cuestión tan relevante como la reforma laboral, el ejecutivo sale adelante por un error ajeno, no por méritos políticos propios. La alegría de los miembros del gobierno una vez la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en medio del abucheo de los diputados populares, proclamó la aprobación de la reforma laboral resultó más bien ridícula. Porque, en realidad, sin el factor suerte, se trataba de una derrota política. Tendrían que estar preocupados. Han perdido la confianza del bloque de investidura y han aprobado una norma central para el país con una legitimidad bajo sospecha. El PP quiere presentar batalla legal contra un resultado que consideran irregular porque aducen que el error no ha sido humano, sino informático. Habrá que ver qué recorrido tiene.
En todo caso, de momento la reforma laboral está aprobada. La habilidad de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de Podemos, Yolanda Díaz, a la hora de poner de acuerdo a sindicados y patronales no es poca. Y no era nada fácil. Lo ha logrado menos cuando se ha tratado de conseguir la mayoría parlamentaria, una negociación para la que no ha contado con un apoyo muy entusiasta del PSOE. Han jugado con fuego y casi se queman.
La normativa en sí tiene como aspectos positivos desmontar los elementos más duros que había impulsado la reforma anterior del PP, a pesar de que no la deroga íntegramente, como pedían algunas formaciones. Tampoco incluye la prevalencia de los convenios autonómicos por encima de los estatales, tal como insistía el PNV. Los convenios que sí volverán a prevalecer serán los colectivos por delante de los de las empresas, que se prorrogarán hasta que se puedan sustituir por uno nuevo. Se endurece la penalización de los contratos temporales y los fijos discontinuos, pero la temporalidad no queda tan acotada como pedían los sindicatos. Los ERTE pasan a incorporarse a la legislación ordinaria, se refuerza la Inspección de Trabajo y se aumentan las sanciones a las empresas en caso de contratos fraudulentos. Todo ello supone un cambio notable que llega con consenso de los agentes sociales.
