La rehabilitación fiasco del emérito
La monarquía, con el apoyo del PSOE y de la oposición de la triple derecha, ha querido convertir esta semana el cuadragésimo aniversario del golpe de estado del 23-F en una manera de reivindicar la desacreditada figura del rey emérito. Según la historia oficial, la actuación de Juan Carlos I frenó el tejerazo y salvó la entonces joven democracia española. Pero el intento ha quedado en esto, un intento. No en vano, el padre de Felipe VI hace tiempo que ha caído en desgracia por méritos propios. Ya no le puede salvar ni la épica edulcorada de aquel lejano episodio. El emérito ha perdido la adhesión popular que durante años le rodeó y que le convirtió en pilar institucional del Estado; ahora la monarquía no encuentra la manera de remontar la crisis de legitimidad en la que está inmersa. Juan Carlos I durante años ha ido dilapidando el crédito que se habría ganado durante la Transición, hasta el punto que la acumulación de escándalos lo llevaron a tener que abdicar y finalmente exiliarse en una fuga vergonzosa a Abu Dhabi, donde todavía reside y desde dónde, gracias a la pasividad de la Fiscalía Anticorrupción y de la Agencia Tributaria, está maniobrando para escabullirse de sus delitos fiscales. Si el diciembre pasado pagó en Hacienda hasta 678.393 euros para evitar una investigación fiscal sobre las tarjetas opacas, este jueves se ha sabido que ha hecho un nuevo pago de 4,3 millones para eludir el que sería un fraude en Hacienda de 120.000 euros. Resulta evidente el trato de favor que se le sigue dando. Y que hace imposible ninguna rehabilitación ni siquiera moral.
La celebración de martes en el Congreso no fue ni mucho menos la balsa de aceite que algunos habían diseñado. El mismo vicepresidente del gobierno español, Pablo Iglesias, quiso hacer evidente que renunciaba a aplaudir. Los podemitas siguen así marcando distancias con la monarquía y con sus socios socialistas de gobierno, que esta semana una vez más han cerrado filas para evitar una comisión de investigación sobre los negocios presuntamente irregulares de Juan Carlos. Los mismos grupos que lo habían pedido –JxCat, ERC, el PDECat, la CUP, EH Bildu y el BNG– son también los que han solicitado una comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, además de la Fiscalía Anticorrupción y del director de la Agencia Tributaria, para explicar en qué "condiciones y términos" se ha hecho la regularización "opaca" y de dudosa "procedencia" del rey emérito.
Juan Carlos I es un lastre para la monarquía. De aquí vienen los equilibrios casi imposibles del presidente español Pedro Sánchez, que censura "la actitud incívica" del monarca fugado pero a la vez sigue proporcionándole un cortafuegos legal, un funambulismo imposible que busca salvaguardar la figura de Felipe VI.
