La sociedad lo pone difícil para combatir las mafias de la marihuana
La mitad de los 1.998 detenidos el año pasado en las operaciones contra el tráfico de marihuana no tenían antecedentes policiales. Era gente que ha entrado en el negocio porque se encontraba en una situación precaria laboralmente o porque sencillamente no veía ningún problema en trabajar para estos grupos dedicados al cultivo y distribución a gran escala de la droga. La permisividad social hacia el consumo de la marihuana, fruto también de un alto grado de consumo especialmente entre los jóvenes, hace que no se vea como un problema y esto, entre otras cosas, como una permisividad legal mayor en cuanto al consumo y tráfico a pequeña escala que en otros países, facilita el trabajo de las mafias de la marihuana, que han visto en Catalunya, y en el conjunto del Estado, un paraíso para su cultivo y distribución.
Sin embargo, el problema es que todo esto ha llevado a una proliferación extraordinaria de plantaciones y, lo que es más peligroso, a la introducción en Catalunya de un tipo de mafias criminales violentas. En la mitad de las plantaciones intervenidas por los Mossos el año pasado se encontraron pistolas o fusiles. Y son muchas, porque hubo 662 desmantelamientos, en los que se detuvieron a cerca de 2.000 personas. La escalada no para de crecer. En un tercio de los 107 narcoasaltos que hubo en Catalunya en 2021 se usaron armas de fuego y como respuesta muchos vigilantes también van armados. Los enfrentamientos son constantes y en los últimos tiempos la media de asaltos violentos en plantaciones es de dos a la semana.
El consumo de marihuana está bastante aceptado socialmente, y, exceptuando el caso de los menores, a los cuales les puede provocar problemas importantes incluso con secuelas cognitivas graves, no plantea excesivos problemas de salud ni de confrontación en el espacio público. La paradoja, sin embargo, es que esta aparente falta de conflictividad que genera su consumo ha generado un problema mayúsculo de criminalidad y violencia en cuanto al cultivo y la distribución. Catalunya se ha convertido en uno de los polos europeos del tráfico ilegal y esto ha atraído a mafias de todas partes que quieren hacer negocio y que han importado las maneras de actuar con otras drogas o productos criminales.
Hay otros muchos delitos asociados a las plantaciones, desde el blanqueo de capitales hasta la tenencia de armas o, como se explicó la semana pasada, el fraude eléctrico, que se ha multiplicado por dos los últimos cuatro años. Solo en 2021, por ejemplo, el fraude detectado por la electricidad pinchada para hacer crecer las plantas superó los 119 millones de kilovatios, es decir, el equivalente al consumo anual de 34.000 familias.
El caso es que la paradoja que se crea entre la permisividad social y el aumento de la violencia de las mafias que hacen negocio con la marihuana genera un problema importante que ya hace tiempo que se denuncia y que está dificultando muchas veces la actuación policial. Las organizaciones criminales aprovechan todas las rendijas que encuentran y hay que ser muy conscientes de lo que supone permitir, colaborar o hacer la vista gorda ante estas grandes operaciones de producción y distribución de marihuana que se han expandido por el territorio.
