22/01/2021

El TSJC se confirma como actor político

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El president de taula fa l'obertura d'una mesa electoral a la localitat biscaïna de Durango, amb totes les mesures de seguretat davant la pandèmia del coronavirus

BarcelonaEl auto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en el que justifica la decisión de mantener en suspenso de forma cautelar el aplazamiento de las elecciones contiene apreciaciones de carácter político que contaminan el resto de la argumentación jurídica. El tribunal afirma que "se ha valorado que hay un interés público muy intenso en la celebración de las elecciones suspendidas, porque si no se celebran se abre un periodo prolongado de provisionalidad que afecta al normal funcionamiento de las instituciones democráticas". ¿Cómo se puede medir este "interés público muy intenso"? ¿Quién es el TSJC para decidir cuánto tiempo es un "periodo prolongado de provisionalidad"? Se puede estar de acuerdo o no con estos argumentos, pero en todo caso son apreciaciones subjetivas que no tienen nada que ver con nuestro marco legal, que, por ejemplo en el caso del gobierno español, no fija ningún límite temporal para que un ejecutivo opere de manera interina.

Más razonables pueden parecer los argumentos de tipo sanitario, cuando acusa a la Generalitat de querer posponer unas elecciones cuando ni siquiera ha limitado los movimientos no esenciales, pero chocamos otra vez con la misma piedra. ¿Es la justicia la que tiene que decidir si las restricciones impuestas justifican o no el aplazamiento electoral? ¿Se harán los jueces responsables de un posible repunte de contagios si se produce?

El debate jurídico se tendría que limitar a ver si la ley permite o no aplazar unas elecciones por una causa mayor como es una pandemia. Entendemos que este caso, como dice el auto, "plantea cuestiones jurídicas muy complejas" en un terreno desconocido provocado por la pandemia. Pero precisamente por eso, porque nos encontramos en un escenario nuevo, habría que ser lo más flexible posible a la hora de interpretar los marcos legales. Esto es lo que hace uno de los miembros del tribunal, que ha emitido un voto particular en el que afirma que entre el derecho a la vida y a la integridad física y el derecho a la participación política tendrían que prevalecer los primeros. Y añade que la mayoría de partidos han estado de acuerdo con el aplazamiento y que hacer las elecciones el 14-F puede derivar en "una bajada de la participación electoral, con la posibilidad inherente de que se intente deslegitimar el resultado electoral".

Se ve, pues, que ha habido un fuerte debate en el tribunal pero que la posición favorable al aplazamiento es minoritaria y, por lo tanto, todo apunta a que se acabará dictaminando que las elecciones serán el 14 de febrero. De hecho, los partidos ya trabajan con esta hipótesis. En todo caso no lo sabremos hasta el 8 de febrero, seis días antes de la cita con las urnas y con más de la mitad de la campaña hecha. Ante esta situación, la ciudadanía tiene que ser consciente de que estas elecciones serán capitales para el futuro de Catalunya y el Govern tiene que hacer todos los esfuerzos para garantizar la seguridad de los votantes y los miembros de las mesas. A pesar de las circunstancias sanitarias adversas, sea cual sea la fecha Catalunya necesita un Govern fuerte y renovado, y también lanzar un mensaje claro sobre qué rumbo quiere emprender.

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