La UE tiene que apretar a Hungría y Polonia

La Unión Europea funciona muchas veces, en la práctica, como un club de estados, pero en la mente de los padres fundadores (De Gasperi, Schuman, Adenauer, etc.) y en la letra de los tratados es una comunidad de valores. En concreto, el artículo 2 afirma: "La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, estado de derecho y respecto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas que pertenecen a minorías. Estos valores son comunes a los estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre hombres y mujeres". Pero, ¿qué pasa cuando uno o varios estados miembros incumplen la letra del tratado y sacan adelante leyes homófobas, como han hecho Hungría y Polonia, o que limitan la independencia judicial, como ha hecho este último país? La Comisión Europea ha activado este jueves la vía judicial contra estos países por haber violado los derechos fundamentales del colectivo LGTBI.

El procedimiento es largo y farragoso, y se ha activado en multitud de ocasiones anteriores sin mucho efecto. Pero lo que no puede hacer la Unión Europea es quedarse impasible ante la vulneración de derechos a ciudadanos europeos, que es lo que está pasando ahora mismo en Hungría y Polonia. El sistema garantista y de consenso con el que hasta ahora ha funcionado la UE, y que hace que las grandes decisiones se tengan que tomar por consenso, se le ha vuelto en contra a Bruselas ante gobiernos populistas de derecha y antieuropeos como los que hay en Budapest y Varsovia. Los europeos asistimos con estupefacción a una realidad: Bruselas tiene muy pocas herramientas efectivas para castigar a estos gobiernos, y tampoco hay voluntad política para activar las que tiene, como por ejemplo el artículo 7, que dejaría a estos países sin voto.

Pero a la larga no habrá más remedio que ir más allá. El gobierno polaco, por ejemplo, pretende ahora cargarse en su país el que es uno de los pilares de la construcción europea: la primacía del derecho europeo por encima del derecho nacional a través de las sentencias del TJUE. Por lo tanto, no solo se trata de violar los derechos de una minoría, sino de dejarla sin las posibilidades de defensa legal que ofrece Europa. En realidad, cualquiera de las dos cosas, la aprobación de legislación homófoba o la no aceptación de la autoridad del TJUE, tendrían que ser motivo de expulsión inmediata de la UE. Pero lo cierto es que la expulsión no está ni prevista en los tratados. Ahora mismo Bruselas presiona a Hungría con la congelación de los fondos europeos de reconstrucción. Esta sí que puede ser una medida efectiva, a pesar de que al final acaba perjudicando a los ciudadanos húngaros, muchos de los cuales son anti-Orbán y europeístas.

Este es un debate complejo, pero sí que se puede afirmar que la UE tiene ahora mismo al enemigo en casa y que necesita unos instrumentos legales más contundentes para defenderse cuando hay gobiernos que no respetan los valores de la UE. Lo que está claro es que todo lo que se ha hecho hasta ahora ha servido de muy poco.