No hay semana que no lleguen noticias del progresivo aumento del precio de la vivienda en cualquiera de sus modalidades, es decir, subidas del precio del suelo, hipotecarias o de alquileres. Y es en ese momento cuando la vivienda se comporta casi exclusivamente como un bien de mercado. Es bueno recordar que esto es, precisamente, lo que decía lo que muchos consideran el padre del capitalismo, Adam Smith, catedrático de filosofía moral, cuando establecía un vínculo entre moral y economía. Vínculo que también recogió el historiador EP Thompson, creador del concepto deeconomía moral de la multitud, para referirse a aquellos ítems económicos que pueden provocar el estallido social y político de una sociedad que se ve agravada en su moral colectiva.
El ejemplo más claro de esta economía moral de la multitud ha sido, a lo largo de los siglos, el precio del pan. Actualmente, es posible que, en cierto modo, este concepto se encarne en la vivienda, agravada por los flujos de capital de la globalización hacia el sector inmobiliario. Algunos países están debatiendo o ya han puesto límites a las inversiones inmobiliarias de no residentes, como Canadá o Nueva Zelanda.
El propio Adam Smith afirmaba que el principal conflicto social (o de lo que ahora entendemos como conflicto de clase) es el conflicto entre productores y propietarios, no entre empresarios y trabajadores. Y que, por tanto, los empresarios y obreros industriales estaban en el mismo bando, y que su principal rival eran los grandes tenedores y propietarios urbanos y agrarios.
De hecho, la distribución de la propiedad urbana también provocó uno de los grandes enfrentamientos que conoció a la sociedad catalana del siglo XIX. El hecho de que las órdenes monásticas –fundamentalmente masculinas– tenían la propiedad de aproximadamente el 40% del suelo urbano de Barcelona, condicionaba el precio del suelo restante y, por tanto, el precio de la vivienda. Esto contribuyó a la quema de conventos de julio de 1835, que tuvo como consecuencia la liberación de este 40% de suelo urbano y permitió la construcción de viviendas y plazas como la plaza Reial, de mercados como la Boqueria o Santa Caterina, y de edificios culturales como, por ejemplo, el Liceu.
Hoy existe una tensión que tiene elementos económicos, pero, también, características políticas y connotaciones morales entre, al menos, parte de los grandes tenedores y la mayoría de la población que necesita y demanda una vivienda. Este conflicto tiene los principales síntomas en el incremento del precio de la vivienda y del alquiler y en el coste de los créditos hipotecarios.
Las tensiones que se derivan de esta situación –que es global y que se produce también, por ejemplo, en China o Estados Unidos– adquieren una dimensión moral, social y política, porque muchos pisos de las áreas urbanas los compran personas que no quieren utilizarlos para vivir, sino para especular. Del mismo modo, esta dimensión moral, social y política también la encontramos en lugares como la Cerdanya o el Vall d'Aran, donde el uso de temporada de algunas casas repercute un alza de precios para aquellos que viven todo el año.
Es necesario, pues, generar vivienda de alquiler a precio asequible y detener, también, la despatrimonialización de las administraciones públicas. En este sentido, cabe recordar las propuestas del gobierno de la Generalitat de promocionar 10.000 pisos de alquiler a precios asequibles a finales del año 2026.
Con todo, cabe recordar que la finalidad de toda política de vivienda debe ser garantizar el acceso a una vivienda digna, lo que requiere, entre otras cosas, que el precio se ajuste a la evolución de la renta de las personas. Esto sólo puede lograrse considerando la vivienda no sólo un activo económico sino, también, un derecho de las personas. Todo ello debería encontrar el equilibrio con tanta intervención pública como sea necesaria y lo menos posible. Como decía Willy Brandt, es necesario hacer compatible “su carácter de mercancía con su función social”.
La cuestión de la vivienda es tan compleja que hay que afrontarla, también, bajo la necesidad de construir una economía de mayor valor añadido y con salarios más altos que permitan reducir el coste de los pisos expresado en términos salariales. Igualmente, también es necesario asegurar una buena red de transporte público que conecte, de la mejor manera posible, los lugares donde la gente vive y trabaja. Y es evidente que en estos momentos Catalunya está lejos de cumplir estas condiciones, aunque sólo sea por el servicio catastrófico que ofrecen los trenes de Cercanías y de media distancia de la Renfe. Además de la red de transporte, las mejoras en infraestructuras de telecomunicaciones son determinantes si queremos fomentar una economía eficiente y sostenible. Para ello es necesario ofrecer servicios digitales iguales en todo el territorio. Un ejemplo de ello son los más de 7.000 km de fibra óptica que el Gobierno ha destinado para conectar, entre 2023 y 2024, el 98% de la población catalana.
Por último, existe un tercer elemento relevante: la necesidad de garantizar el mejor equilibrio posible en la disponibilidad de servicios educativos y sanitarios a la hora de intentar fijar a la población sobre el territorio. Y es que uno de los factores que determina la elección del lugar donde viven las personas y las familias es, sin duda, la disponibilidad de estos servicios públicos.
