2025: ¿el año de la financiación singular?
Salvador Illa tiene otros deberes este año, como el traspaso de Cercanías, la ampliación de El Prat o el traspaso a los Mossos de los puertos y aeropuertos
BarcelonaEsquerra invirtió a Salvador Illa como presidente de la Generalitat con la promesa de que este 2025 Catalunya tendría un nuevo modelo de financiación singular. Lo que en agosto era un hito a medio plazo empieza a convertirse en una urgencia: el pacto entre republicanos y socialistas prevé que la Generalitat ya recaude, gestione, liquide e inspeccione el IRPF ya a partir de 2026 y que se acuerde el nuevo modelo en el primer semestre del 2025. Esto quiere decir que el Gobierno debe pulsar el acelerador para negociar la nueva financiación autonómica, caducado desde hace 10 años, y pactar una reforma de la LOFCA que deberá recibir el aval de la mayoría del Congreso. "Es la legislatura de la prosperidad compartida, pero también de los servicios públicos y de la financiación singular", dijo el presidente en la presentación de la hoja de ruta de su ejecutivo, centrado en la vivienda, la promoción económica y la reforma de la administración. Desde ERC, sin embargo, ya miran el reloj y avisan a Isla de que, si quiere aprobar sus primeros presupuestos, debe haber resultados pronto.
Con el año recién estrenado, fuentes republicanas aseguran al ARA que no tienen "ninguna novedad" respecto a los movimientos del Govern con la financiación singular. El primer movimiento debería salir del grupo de expertos del Govern que diseñará la arquitectura del nuevo modelo. "Se van reuniendo y están trabajando", subrayan fuentes de la conselleria de Economia. Antes de abril ya podría haber algunos avances tangibles: durante el primer trimestre del año deben reunirse las comisiones bilaterales del Estado y la Generalitat y la de asuntos económicos y fiscales, y allí, según fuentes de Presidencia, se buscará un acuerdo con el gobierno español para encauzar el nuevo modelo.
El Gobierno calcula que para desplegar la financiación singular habrá que cuadriplicar los recursos de la Agencia Tributaria de Cataluña, que debería empezar a crecer ya en las cuentas del 2025. ¿Qué pasará, sin embargo, en el mientras tanto? El acuerdo PSC-ERC prevé un régimen de transitoriedad mientras el nuevo modelo no se despliegue: las inversiones pendientes del Estado en Cataluña se vehicularán por medio de un consorcio y, en todo caso, deberá respetarse el principio de ordinalidad para que Cataluña no pierda posiciones en el reparto de recursos del Estado en relación con su esfuerzo fiscal. "Se trata de un cambio estructural en el sistema de financiación, que, en caso de que no se adopte durante el 2025, requerirá medidas compensatorias", recoge el acuerdo, extremo que remarca el Gobierno.
Por otra parte, el ejecutivo cerró el 2024 sin haber publicado las balanzas fiscales, el documento que contiene el cálculo de la diferencia entre el dinero que recauda el Estado en Catalunya y el que gasta (y donde, por tanto, se puede contabilizar el déficit fiscal). La ley obliga a hacerlas públicas "con los últimos datos definitivos disponibles" antes de aprobar los presupuestos. Las últimas publicadas son las de 2021, y el ejecutivo catalán se ha comprometido a elaborar las de 2022 en los próximos meses.
La pedagogía en el PSOE
En la negociación de la nueva financiación el PSC chocará con la oposición de los presidentes autonómicos del PP, pero también podrían arrugar la ceja algunos sectores de los socialistas españoles Ante las reticencias de algunas federaciones del PSOE —por ejemplo, de Aragón o Asturias —, los socialistas catalanes aprovecharon el congreso del partido para hacer pedagogía sobre el pacto con ERC y, sobre todo, dejar claro a sus colegas que no implica que Catalunya dé un portazo a la solidaridad interterritorial. El acuerdo prevé, de hecho, que Catalunya siga contribuyendo con un fondo separado, que complementaría el correspondiente para abonar lo que cuestan los servicios que el Estado ofrece en territorio catalán.
Por último, la ponencia del PSOE recogió una fórmula de consenso que avala "singularidades" en la nueva financiación, con más recursos para todas las autonomías, y acepta que se negocie combinando la bilateralidad y la multilateralidad. Salvador Illa explicará su propuesta en la gira territorial por España que iniciará este año. Los socialistas también confían en que la condonación de la deuda del FLA que debe abordarse en la próxima conferencia de presidentes -que, en el caso de Catalunya, alcanza los 15.000 millones- amorozca la relación con los republicanos, también en Madrid. El presidente español, Pedro Sánchez, se comprometió, de hecho, a abordarlo en enero.
Los demás deberes para el Año Nuevo
Pero, más allá de la financiación, Salvador Illa comienza el nuevo año con otros deberes, algunos anteriores a su investidura. Uno de ellos es el traspaso de Cercanías -un compromiso con ERC que, como el FLA, se remonta a la investidura de Pedro Sánchez-. Con ello, el ejecutivo catalán ya tardó: debía aprobar antes de terminar el año la constitución del ente mixto que debe operar el servicio. Ahora bien, el Govern mantiene que los estatutos están casi terminados y, según la consellera de Territorio, Silvia Paneque, "en los próximos días" se compartirán con los grupos parlamentarios.
No es la única carpeta abierta con los republicanos que tiene la conselleria de Territori. Paneque tiene pendientes las conclusiones de la comisión del estudio sobre el futuro del aeropuerto –pactada con ERC en el 2023, cuando el presidente todavía era Pere Aragonès–, una cuestión en la que fuentes del departamento aseguran que también siguen "trabajando" . Este documento es el que el Govern tomará como referencia para esbozar sus planes para El Prat, que ERC y los comunes, sus socios de investidura, rechazan ampliar.
A la consejera de Interior, Núria Parlon, también se le da trabajo. A principios de año debería convocarse la Junta de Seguridad para subsanar el aplazamiento del traspaso de las competencias en aeropuertos y puertos a los Mossos d'Esquadra. El Gobierno las dejó en el aire en la junta de seguridad del 5 de diciembre, pero dio marcha atrás y, ante la presión de la oposición, Salvador Illa se comprometió a hacerlo efectivo en una nueva convocatoria a principios de 2025.
