El acuerdo para la ampliación de El Prat fue verbal

Barcelona¿Acordaron o no acordaron los gobiernos catalán y español que el Aeropuerto de El Prat se ampliara hacia el este, afectando a la zona protegida de la Ricarda? Unos dicen que sí, los otros que no e incluso los hay que se quedan a medio camino. Lo cierto es que no hay ningún documento con la firma ni de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ni del vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, ni de la secretaria de estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, ni tan siquiera la del presidente de Aena, Maurici Lucena, que fueron los protagonistas de la reunión del 2 de agosto en Madrid.

El pacto, según confirman todas las fuentes, fue verbal y la única constancia por escrito es la nota de prensa que hizo pública el ministerio en la que explicaba que la ampliación se haría "hacia el este", precisamente donde se sitúa la Ricarda. "Se garantizará el modo segregado actual para la operativa de las pistas y se hará la ampliación de la pista 07R/25L (la pista mar) hacia el este", decía concretamente el comunicado, que eclipsó los resultados de la reunión de la comisión bilateral que se celebró ese mismo día en Madrid. Fuentes consultadas por el ARA explican que ya había estudios en marcha para determinar cómo se podía proteger la mayor parte de la zona.

El gobierno español y Aena reiteran que este era el acuerdo al que se llegó con la Generalitat. Fuentes de la vicepresidencia del ejecutivo catalán, en manos de JxCat, matizan que la expresión "hacia el este" permitía proteger la laguna de la Ricarda, aunque una parte de la reserva quedase afectada. En cambio, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, y su partido, ERC, niegan que hubiera un pacto formalizado para ampliar la pista mar hacia la reserva natural. Las críticas cruzadas entre políticos continúan veinticuatro horas después de que el ejecutivo español anunciase que la inversión de 1.700 millones de euros queda congelada.

En todo caso, Aena ha publicado hoy los documentos que ha mostrado a administraciones, entidades y actores económicos a lo largo de una campaña que arrancó a finales de 2019. Entre estos archivos, está la presentación -con data del 8 de julio- que entregó al resto de participantes del grupo técnico de trabajo, donde se concretaba la ampliación de la tercera pista en 500 metros hacia el este. Fue durante estos cuatro encuentros que Aena también entregó a los otros actores de la negociación su borrador para las medidas compensatorias.

La empresa pública contemplaba que el alargamiento de la pista afectaría a cuatro hábitats de la zona de la Ricarda: las lagunas costeras, los pastos de spartina y salinas mediterráneas (dos géneros de plantas habituales en las marismas y los deltas) y las dunas con bosques de pinos. Aena también hacía una mención especial a la trencadella, una flor muy característica de color malva, considerada clave en este ecosistema, y se comprometía a duplicar la población afectada.

"Durante la ejecución de las obras se afectará a las especies animales presentes en la zona de la laguna de la Ricarda y su área de influencia. Se espera, por tanto, que la afectación se centre en la fauna acuática, así como la fauna relacionada con la laguna, especialmente la numerosa avifauna presente en esta zona", avisaba el documento. A cambio de este impacto, aseguraba que, entre otras medidas, coordinaría la instalación de 1.314 cajas nido para las especies rapaces y pequeñas aves que perderían metros cuadrados de su potencial hábitat en favor del asfalto. Además, implementaría un programa de reintroducción del fartet, un pez de agua dulce en peligro de extinción.

Como ya había explicado Aena, sus medidas compensatorias también pasaban por reproducir espacios naturales en otros terrenos próximos, como por ejemplo crear bases artificiales para las poblaciones de anfibios. "Se trata de una afectación de carácter severo, especialmente por la pérdida de hábitat para las especies, que se verá minimizado y compensado con el establecimiento de las medidas compensatorias, protectoras y correctoras que se derivan del presente informe", avanzaba la propuesta preliminar.

Europa no se ha pronunciado

A lo largo de las últimas semanas, la Comisión Europea ha recordado que para proyectos con un potencial impacto medioambiental como este se han de llevar los pertinentes estudios de impacto por parte de los ministerios competentes, informa Júlia Manresa. "Es responsabilidad principalmente de los estados miembro asegurar la correcta aplicación de la legislación europea sobre el impacto ambiental", dijo la portavoz de medioambiente de la Comisión. Bruselas, sin embargo, es quien en último término podría decidir sobre el proyecto ateniéndose a la regulación europea. La Ricarda pertenece a la red europea Natura 2000 y, por tanto, para alterarla "únicamente se podrán alegar consideraciones relacionadas con la salud humana y la seguridad pública, o relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente, o bien, previa consulta a la Comisión, otras razones imperiosas de interés público de primer orden". Sea como fuere, los organismos europeos no se han pronunciado formalmente sobre la ampliación de El Prat; solo lo hubieran hecho en el caso de que hubiese sido una propuesta firme.