Alta tensión entre el Supremo y el Constitucional

MadridVivimos una etapa tan convulsa que en muchas ocasiones se nos escapan los detalles de los conflictos. Hay tantos frentes de los que ocuparse, tantos incendios en los que dirigir la mirada, que no tenemos tiempo de pensar en el origen y las causas del fuego. Y las cosas se complican –obviando ahora el terremoto Donald Trump– los días que todo parece ocurrir en los tribunales. Esto estimula a los dirigentes políticos a colgarse de los procesos judiciales para decidir sus estrategias. Piense, si no, cómo y por qué cayeron los gobiernos de Felipe González, de José María Aznar y de Mariano Rajoy. Los procesos judiciales con carga política pueden tener siempre efectos devastadores.

Es por esta razón que los políticos se apresuran tanto a influir en el mundo de la justicia. Volvemos a verlo en la imposibilidad de renovar las presidencias de las salas del Tribunal Supremo. Es prácticamente seguro que no habrá acuerdo, sobre todo en lo que se refiere a la sala penal, la que se ocupa de los procesos que afectan a los aforados, que son todos los dirigentes políticos más relevantes, empezando por los miembros del gobierno y los parlamentarios. Esta sala ya no la preside Manuel Marchena, que ha agotado dos quinquenios seguidos de mandato y ha sido sustituido por el magistrado más antiguo, Andrés Martínez Arrieta, un hombre de formas discretas, con poca tendencia a asomarse a la ventana. A este magistrado le quedan dos años para jubilarse. Con toda probabilidad, la derecha judicial le permitirá terminar la carrera en la magistratura como presidente de la sala penal. No porque sea uno de los suyos, que no lo es, sino porque la derecha quiere evitar cueste lo que cueste que la candidata de los progresistas, Ana Ferrer, logre el cargo. Los motivos son diversos, pero sobre todo de carácter ideológico, relacionados con el voto particular que hizo contra la condena que el Supremo dictó sobre el fraude de los ERE de Andalucía.

Aquella sentencia del Supremo fue revisada a fondo por el Constitucional, que, en la práctica, desactivó las condenas de los principales implicados, entre ellos los dos expresidentes andaluces, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. La corrección fue recibida en el Supremo como una rectificación indebida, interpretando que el Constitucional había asumido atribuciones de valoración de hechos y pruebas que no le correspondían. Desde entonces la tensión entre ambos tribunales ha ido creciendo, animada desde el patio político. El episodio ha tenido consecuencias porque ha puesto en riesgo las relaciones entre el Supremo y el Constitucional en un momento delicado, cuando el segundo parece a punto de corregir de nuevo el primero, esta vez en lo que se refiere a la ley de amnistía y su encaje en la Constitución. Y aún existe otro capítulo a la vista, el del posible recurso de amparo del fiscal general, Álvaro García Ortiz, que se presentaría en el Constitucional contra la resolución del Supremo que ha avalado la incautación y análisis de datos de su teléfono móvil y otros dispositivos. Es previsible la reacción adversa en el Supremo.

Grietas

En este escenario sembrado de gasolina llegó al Supremo una querella presentada por Hazte Oír y Vox, aprovechando el instrumento legal de la acción popular para impulsar la acción penal. Pretendía perseguir a los magistrados que votaron la sentencia de los ERE por el delito de prevaricación. La fiscal del caso, Consuelo Madrigal –una de las que intervino en la causa contra los líderes independentistas– informó en contra de la admisión de la querella. El Supremo expresó el mismo criterio en un auto que preocupó mucho al Constitucional. En la resolución se decía que el órgano de garantías carece de "carta blanca" para resolver los casos que se le presenten "sin atenerse jurídicamente a la cuestión".

La decisión se tomó por unanimidad de los cinco miembros de la sala de admisión del Supremo, formada por Manuel Marchena como presidente, Andrés Palomo como ponente, y los magistrados Antonio del Moral, Vicente Magro y Susana Polo, esta última del grupo progresista. La inquietud creció con una nueva querella, formalizada por la entidad Atando Cabos, que se presentaba como una "asociación contra la prevaricación". El Supremo también la rechazó, con una mayoría en la que figuraban dos magistrados del sector progresista, Ana Ferrer y Javier Fernández. Los otros tres magistrados eran Manuel Marchena –presidente–, Andrés Palomo y Vicente Magro, como ponente. Ambas resoluciones tenían una argumentación similar. La primera, que marcó camino, decía que el Constitucional carece de "carta blanca" para resolver los casos que se le presenten "sin atenerse jurídicamente a la cuestión".

El ponente del auto, el magistrado Andrés Palomo –que también fue a la causa del 1 de Octubre– precisaba que solo podría hablarse de presunta prevaricación de miembros del Constitucional en el caso de resoluciones y sentencias que resultaran "pura y simplemente producto de su voluntad, convertida irrazonable". El Supremo recogía el hecho de que el artículo 4 de la ley orgánica del Constitucional prevé que las resoluciones de este tribunal "no podrán ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado". Añadía que, por tanto, existe una "vía estrecha" para actuar contra el Constitucional, y que no se podría hacer siempre que este tribunal actuara "de forma argumentativa, sustentada en términos de legalidad constitucional".

El grupo mayoritario del Constitucional, formado por siete magistrados progresistas, consideró que este tipo de resoluciones abría una brecha peligrosa por la que podría colarse la extrema derecha para tratar de desestabilizar el órgano de garantías con una o más querellas contra su presidente, Cándido Conde-Pumpido, y otros miembros. Hay recursos de súplica presentados contra la inadmisión de esa primera querella por la sentencia de los ERE. Se espera que el Supremo lo aproveche para suturar la herida y poner fin a la situación de alta tensión con el Constitucional. Lo veremos. Pero de momento la derecha mediática y política ha mojado pan en el asunto, tomando el auto del Supremo como un llamamiento a actuar contra el Constitucional. Feijóo se ha apuntado diciendo que "el Constitucional es un tribunal político al servicio del gobierno, y sus magistrados no están exentos de prevaricar". Y dicen que se quedó tan ancho. Tuve un amigo que en estos casos prefería gritar "guerra al capital, hasta que sea nuestro".