Aragonès cierra filas con Torra por el polémico contrato de 35 millones de euros en mascarillas
Defiende que tanto Antifraude como la Sindicatura de Cuentas acabaron descartando irregularidades en la compra
BarcelonaEl president Pere Aragonès ha cerrado filas este miércoles con su predecesor, Quim Torra, ante las acusaciones de Ciudadanos por un contrato que requirió el pago anticipado de 35 millones de euros por material sanitario durante la primera oleada de la pandemia del coronavirus. El jefe del ejecutivo ha asegurado que en aquel momento no había mascarillas en el mercado y que la Generalitat tuvo que ir a la "otra punta de mundo" para conseguirlas. "Lo volveríamos a hacer", ha asegurado el president.
Aragonès ha defendido, en este sentido, que la contratación ya fue revisada por la Oficina Antifraude y que fue "archivada" y que la Sindicatura de Comptes no encontró irregularidades. Aun así, la jefa de filas de Cs, Carlos Carrizosa, ha insistido que el Govern tiene que dar explicaciones en sede parlamentaria. A su parecer se trata de "prácticas opacas" y el "silencio" del ejecutivo "apesta".
La pregunta de Cs se produce a raíz de las informaciones publicadas por el diario El Confidencial sobre el polémico contrato, donde se asegura que el empresario Roger Parellada se quedó 24 de los 35 millones pagados por las mascarillas. En uno de los últimos artículos al digital, además, se apunta un contacto entre Parellada y la mujer del expresidente Torra, para que, pese a las pocas referencias que tenía su empresa, el Govern desbloqueara el pago anticipado de las mascarillas.
Antifraude redactó un informe sobre esta contratación, alertando del comportamiento "temerario" de la Generalitat a la hora de adjudicar el contrato a una empresa que, en aquel momento, tenía una actividad económica residual y no disponía de ninguna persona trabajadora. "Pese a las condiciones extremas en la que se llevó a cabo el encargo de emergencia y la orden de pago anticipado, este último tiene que ser calificado por esta Oficina Antifraude como un acto de temeridad, que supuso tener que asumir un riesgo no controlado", afirmó, y puso de manifiesto que en el expediente de contratación no había información sobre los contactos preliminares para escoger a Basic Devices SL. Finalmente, sin embargo, el ente cerró la investigación y decidió no remitir el caso a la Fiscalía porque no vio delito. Por el contrario, sí que lo remitió a la Agencia Tributaria por el "riesgo tributario" de la operación.
A raíz de las indagaciones de Antifraude, el conseller de Salud, Josep Maria Argimon, que en 2020 tenía responsabilidades en el ICS, justificó la operación por la situación de aquel momento y afirmó, como ha hecho este miércoles Aragonès, que en aquel momento había una batalla entre países para conseguir material sanitario. "Nos teníamos que buscar la vida y no nos equivocamos", defendió en sede parlamentaria Argimon, que aseguró que todo el material llegó y fue distribuido a los centros sanitarios.
La totalidad de la contratación con Basic Devices SL fue proporcionar 2 millones de mascarillas quirúrgicas y 2 millones de las del tipo FFP2 (7,1 millones de euros); 2 millones de EPI (48 millones); 50 respiradores (1) y 50 equipos de ventilación mecánica no invasiva (31,8). Aun así, Salud acabó desistiendo de parte del material porque las necesidades no eran las mismas que en el momento de la contratación y el pago se limitó a los 35 millones anticipados.
Retirada de una denuncia a los Mossos
Según El Confidencial, la empresa en cuestión habló con la mujer del expresidente Quim Torra antes de que se hiciera el pago anticipado. Este pago fue bloqueado por parte de las entidades financieras de la Generalitat, que alertaron que la emprendida destinataria nunca había tenido ingresos tan altos y que no contaba con un historial conocido sobre operaciones de este tipo. En este punto, responsables de Economía y Hacienda, entonces liderada por Aragonès, presentaron una denuncia ante los Mossos d'Esquadra por una tentativa de estafa por parte de esta mercantil, pero la retiraron tres días más tarde con el argumento de que la adjudicataria habría aportado "información considerada suficiente" para desvanecer los indicios que habían motivado la denuncia. Finalmente, se hizo el pago a cambio de que llegara después el material sanitario.
