La cabeza del 112 admite que el gobierno español ya planteó enviar la alerta por la dana a las 18.35 h

ValenciaUn año después de la dana, todavía emergen detalles que ponen en evidencia la actuación negligente del gobierno valenciano por la difusión tardía del ES-Alert el día de la catástrofe. Una de las novedades la ha aportado este martes la jefa del servicio de coordinación del 112, Inmaculada Piles: admitió ante la juez que instruye la causa de que a las 18.35 horas del 29 de octubre del pasado año la responsable de Protección Civil de la Delegación del gobierno español en el País Valenciano, Patricia García, ya le indicó que era "el mensaje". Es decir, el envío ya se valoró más de hora y media antes de que se difundiera a las 20.11 h, cuando la mayor parte de las 229 víctimas mortales ya habían perdido la vida. De hecho, el ARA explicó hace un año que el gobierno español ya pidió a la Generalitat Valenciana que enviara la alerta pocos minutos después de las seis de la tarde. La declaración de Piles, pues, se suma a otros testigos recogidos por la magistrada que revelan la inacción de la conselleria de Emergencias encabezada por la imputada Salomé Pradas, pero también la pasividad del presidente valenciano, Carlos Mazón, con sus múltiples ausencias, una comida de cuatro horas con la periodista Maribel Vilaplana y una retahíla de cambios de versión sobre cuándo empezó a preocuparse por la tragedia.

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Según Piles, el jefe de la unidad de análisis de Emergencias, Juan Ramón Cuevas, envió un correo a la sala del 112 con una propuesta de redacción de este mensaje y ella, "en paralelo" y en privado, comentó esta posibilidad con una responsable de Protección Civil de la Delegación del gobierno español. Fue entonces cuando le indicó que era "necesario" enviar la alerta, lo que empujó a Piles a elevar la propuesta al subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, quien le respondió que ya le estaban "gestionando".

En su declaración, la jefa del 112 ha confirmado informaciones aportadas por otros testigos como el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHX), Miguel Polo, que declaró que Pradas tuvo dudas sobre la posibilidad legal de establecer un confinamiento de la población. Según Piles, era muy difícil saber lo que pasaría, dado que se trabajaba siempre detrás de los eventos. También ha dicho que habría esperado un aviso especial desde la CHX en caso de detectar alguna situación de peligro y que no oyó a Polo decir nada sobre la rambla de Poio, aunque estaba participando en el Cecopio de forma telemática.

Los intentos previos de enviar la alerta

Pese a las palabras de la cabeza del 112, el hecho es que ya a las 17.15 h, en el inicio del Cecopio, su jefe, Jorge Suárez, ya planteó el envío del SE-Alert a la comarca de la Llanura de Utiel-Requena, afectada por el posible desbordamiento del embalse de Forata, que. Una urgencia que se menospreció igual que la que formuló minutos antes de las 18 h el presidente de la Confederación, que también pidió enviar el ES-Alert a los pueblos de la cuenca del Magro. Ante la situación del embalse de Forata, primero se pensó en confinar a la población. Luego, al evacuarla. A las 18.36 h ya se optaba por enviar el ES-Alert. La preocupación por el pantano provocó que se obviara el barranco de Poio, que se desbordaba desde las 18 h. El olvido se produjo pese a que, sólo de 17 ha 18 h, el 112 recibió 2.438 llamadas telefónicas que alertaban de la situación. Sobrepasados, los técnicos no avisaron a sus jefes del fatídico desbordamiento de la rambla, del que a las 18.43 h también les había advertido la Confederación mediante un correo electrónico –la información también puede consultarse en internet en tiempo real–, como tampoco evaluaron adecuadamente los datos de lluvia.

En el Cecopi no fueron conscientes de lo que ocurría hasta que después de las 19 h empezaron a llegar las primeras imágenes y llamadas telefónicas de alcaldes. Aquello obligó a posponer el envío de la alarma porque era necesario ampliar su radio. Y entonces llegó la hora de elegir el texto, un momento en el que debatieron ampliamente a Jorge Suárez y al jefe del Consorcio de Bomberos, José Miguel Basset, sobre la idoneidad, el contenido y el ámbito geográfico del mensaje. Después, hubo que poner en marcha el procedimiento, etc. Por último, el aviso se difundió a las 20.11 h, pero con un contenido erróneo. Pedía que se evitaran los desplazamientos, pero no que la población se quedara en casa y en las zonas elevadas, como sí comunicó un segundo mensaje a las 20:57 h. Sea como fuere, ya era muy tarde y la mayoría de las víctimas ya habían muerto ahogadas.

A pesar de la exhaustiva instrucción, un año después todavía perviven algunas incógnitas. La principal, cuál fue el papel de Mazón y si sus ausencias influyeron en la constitución tardía del comité de emergencias y en el envío, igualmente a destiempo, del SE-Alert. Quien mejor puede responder a estas preguntas es Pradas, que sigue exonerando a su exjefe y que, a diferencia de su ex número dos, no ha mostrado sus mensajes de WhatsApp. Habrá que ver si guarda esta carta por si la estrategia judicial diseñada por su defensa fracasa.

A la espera de lo que haga la exconsejera, la que sí tendrá que empezar a explicarse ante la juez será la periodista Maribel Vilaplana, que tendrá que explicar qué sabe de lo que Mazón habló con Pradas. También deberá decir si puede confirmar que el dirigente del PP después de la comida de cuatro horas se fue a casa y no al Palau de la Generalitat, a donde habría acudido a las 20 h. Desde el Consell afirman que tras despedirse de Vilaplana, Mazón acudió al edificio público, pero no aportan ni los registros de los escoltas ni las grabaciones de las cámaras de seguridad del Palau, que quince días después de la catástrofe borraron.

El funeral de estado

Las personas más interesadas en conocer todos los detalles escondidos sobre el 29 de octubre son los familiares de las víctimas que este miércoles acudirán al funeral de estado que se celebrará en Valencia. Una ceremonia a la que no asistirán ni la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ni el presidente de Vox, Santiago Abascal. "Ya estuve hace un año en la catedral de Valencia con las víctimas y con los reyes", se ha excusado Ayuso.

El funeral de estado empezará mañana a las 18 y contará con la presencia del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez; del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; y del jefe del Consejo, Carlos Mazón. También habrá cargos institucionales, como los presidentes del Congreso y del Senado, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Una asistencia que colisiona en parte con la voluntad de las familias, que, según fuentes de la Moncloa, han pedido que sea un acto lo menos politizado posible y que no puede haber más políticos que familiares.