La consejera de Mazón declara entre lágrimas que no tenía conocimientos de emergencias
Salomé Pradas salva al jefe del Consell: "La alarma no dependía del presidente, sino de los técnicos"
Valencia"Había técnicos que sumaban más de 100 años de experiencia en materia de emergencias y yo sólo tres meses" y "en ningún momento me avisaron de que el barranco de Poio podía desbordarse". Como era de esperar, la ex consellera de Justicia e Interior del gobierno valenciano Salomé Pradas ha descargado todas las responsabilidades de la gestión de la DANA en los técnicos y cargos intermedios de la Generalitat Valenciana. Así lo detallaron en el ARA varias fuentes presentes este viernes en la declaración de la exconsejera ante la juez que instruye la causa sobre la catástrofe. La estrategia de Pradas ha sido secundada por lo que fue su número dos, Emilio Argüeso, quien ha señalado especialmente al subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, y José Miguel Basset, exjefe del Consorcio Provincial de Bomberos.
Pradas ha sido especialmente benévola con el jefe del Consejo, Carlos, Mazón, al que no ha dudado en liberar de cualquier responsabilidad. En este sentido, afirmó que el "supuesto retraso en el mensaje Es Alert no tuvo nada que ver con el presidente". "Quien estaba en el Cecopio era yo. No se esperó al presidente para tomar ninguna decisión. No dependía del presidente, sino de los técnicos", ha añadido según las mismas fuentes. La también exsenadora del PP detalló que en distintas ocasiones habló con el secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, el secretario autonómico del Gabinete de Presidencia, José María Cuenca, y el propio presidente. "Le iba trasladando lo que ocurría en el Cecopio", ha explicado.
La exconsejera, que sólo ha contestado a las preguntas de su abogado, ha negado que ella fuera el "mando único" de la emergencia, tal y como sostiene la magistrada instructora y dictamina la legislación. Pese a lo que dice la ley, Pradas ha asegurado que, en el nivel 2 de emergencia, "hay una dirección única coordinada y colegiada" entre ella y la delegada del gobierno español, Pilar Bernabé.
La exsenadora, que durante su declaración ha estallado a llorar en varios momentos, ha llegado a decir que no tenía "conocimientos técnicos" en emergencias y que el suyo es un cargo únicamente "institucional". "Tenía asesores, pero ninguno en emergencias", ha añadido. Además, se ha liberado de cualquier responsabilidad y ha aducido que "no había ejercido cargo institucional" hasta su nombramiento como consejera en julio de 2023, y que en el departamento de Justicia e Interior llevaba sólo tres meses -inicialmente encabezó el departamento de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio. "Soy licenciada en derecho y profesora de derecho", enfatizó para justificar su desconocimiento según testigos presentes en la declaración. Además, aportó un listado de más de un centenar de llamadas efectuadas el día de la catástrofe, entre ellas al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, aunque de momento no precisó cuántas fueron ni a qué hora.
Sobre el sistema de alerta, y como ya hizo pocos días después de las inundaciones, reiteró que "tenía carácter de pruebas en ese momento". En cuanto al borrador de la alerta, ha explicado que le redactó Jorge Suárez y que a continuación se inició un debate entre él y José Miguel Basset sobre la idoneidad, contenido y ámbito geográfico del mensaje. Pradas ha señalado especialmente a Basset, de lo que ha dicho que era el responsable de recomendar las medidas "más idóneas para la protección de la población".
Argüeso: "Me enteré de la retirada de los bomberos dos semanas después"
Al igual que Pradas, quien era su número 2, Emilio Argüeso, también trasladó la responsabilidad de la inacción del día 29 a Jorge Suárez –funcionario no nombrado por el PP–, Basset y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, los tres presentes en el Cecopio. Pese a ser el director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias en el momento de la catástrofe, el también ex secretario autonómico de Emergencias se ha sacudido cualquier responsabilidad. De hecho, y según fuentes presentes en su declaración, llegó a decir que se enteró "dos semanas después" de que el Consorcio de Bomberos retiró a las 14.30 h a los efectivos que vigilaban el nivel del barranco de Poio. "El señor Basset lo hizo y no informó", añadió.
Argüeso, que sólo ha contestado a las preguntas de su abogado, también ha afirmado que desde el servicio de la empresa que gestiona el teléfono de emergencias 112 no les informaron de los miles llamadas que recibieron, algunas avisando de los primeros desaparecidos ya a las 17 h. En este sentido, ha defendido que quien debería haber encauzado esta información era el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, pero que no lo hizo. "Dijo que no había que tener en cuenta las llamadas telefónicas al 112 porque de un único accidente de circulación pueden llamar a cincuenta personas", enfatizó. En esta línea ha añadido que ni Suárez, ni Basset, ni Polo les informaron de la crecida del barranco de Poio y que tampoco propusieron elevar la emergencia a nivel 3, circunstancia que habría supuesto que el Estado asumiera su gestión.
Por la puerta trasera
Antes de declarar ante la jueza como imputada por un presunto delito de homicidio imprudente y lesiones, Salomé Pradas ha tenido que atravesar las puertas de la Ciudad de la Justicia de Valencia –donde se realiza la instrucción a causa de los destrozos en los juzgados de Catarroja–. Allí le esperaban una nube de periodistas y un centenar de familiares de víctimas, que la han abucheado. También sufrió la indignación y muestras de dolor de los afectados Emilio Argüeso, quien, como su exjefe, fue recibido al grito de "asesino", "incompetente" e "inútil". Se trata de un trance que han podido ahorrarse a la salida del tribunal, ya que no le han abandonado por la puerta principal. Así, además, se han evitado contestar a las preguntas de los medios de comunicación.
Debido a la gran expectación mediática y las numerosas partes personadas en la causa, la magistrada ha decidido que la grabación en vídeo de la declaración de Salomé Pradas y Emilio Argüeso únicamente estará disponible de forma física en el juzgado. Las partes podrán disponer libremente de la transcripción con el objetivo de "evitar la difusión a terceros de la imagen y el audio de los investigados durante la declaración".