Las cinco dimensiones del caso Koldo: a caballo entre el Supremo y la Audiencia Nacional
Los jueces Leopoldo Puente e Ismael Moreno están investigando hechos similares que están interconectados
MadridLos 180 metros que separan al Tribunal Supremo de la Audiencia Nacional nunca habían sido tan cortos. El pasado jueves, mientras José Luis Ábalos se exponía a que Leopoldo Puente le enviara a la cárcel por la causa sobre la compra de mascarillas –como acabó pasando–, Víctor de Aldama declaraba ante Ismael Moreno sobre los contratos del gobierno canario durante la pandemia; una presunta trama de corrupción que ha derivado en múltiples investigaciones paralelas que tienen vasos comunicantes. Tanto es así, que incluso los abogados personados no acaban de tener clara la cantidad de piezas que están en marcha y su alcance. Vamos a palmos.
La trama de Ábalos y Koldo en el Supremo
Ábalos y Koldo están en prisión preventiva en Soto del Real porque el juez cree que el hecho de que el juicio sea "previsiblemente muy cercano" hace que haya un riesgo de fuga "extremo". Están a un paso de sentarse en el banquillo porque el instructor cree que De Aldama les hacía entregas "sucesivas" de dinero para "beneficiarse de la influencia" del entonces ministro para "lograr contratos públicos". La Fiscalía Anticorrupción pide veinticuatro años de cárcel para Ábalos y diecinueve y medio para Koldo.
El punto de partida de esta investigación fue la compra por parte de Adif y de Puertos del Estado de mascarillas en Soluciones de Gestión, la empresa que está en el epicentro de la presunta trama, a cambio de una "compensación económica indebida" que De Aldama pagaba a Ábalos y Koldo valiéndose de la "relación personal".
Ahora bien, esta causa ha terminado incluyendo otros hechos: la contratación "arbitraria" en empresas públicas de Jéssica Rodríguez y Claudia Montes –que eran parejas de Ábalos–, la licencia de hidrocarburos para Villafuel –a cambio de un chalet en la costa de Cádiz–, el aplazamiento de una deuda tributaria de una empresa de Víctor de Aldama y la confección de certificados de movilidad durante el confinamiento por reuniones ficticias.
Caso Cerdán en el Supremo
En paralelo, el Supremo tiene en marcha la pieza relativa a la "la adjudicación indebida de obras públicas", en la que, aparte de Ábalos y Koldo, también está investigado Santos Cerdán –que pasó casi cinco meses en prisión–. En este caso, el horizonte del hipotético juicio está más lejano. El ex número 3 del PSOE hasta el pasado mes de junio fue encarcelado porque el instructor consideró que había riesgo de que destruyera pruebas, y no fue hasta que ese peligro quedó "en serio mitigado", después de que la Guardia Civil registrara varias sedes de Acciona, que el magistrado le excarceló.
Aquí, aparte de Ábalos, Koldo y Cerdán, hay ocho empresarios investigados. Primero, los cinco que imputó en junio, entre ellos a Antxon Alonso, el propietario de Servinabar. Y, después, los tres vinculados a Acciona –que están citados a declarar el miércoles– que imputó hace unos días después de conocer el informe de la Guardia Civil que situaba a Cerdán como "enlace" entre el ministerio de Transportes y Acciona.
El caso de Adif y Carreteras en la Audiencia Nacional
El informe de la UCO sobre Cerdán, encargado por el Supremo, tuvo eco en la Audiencia Nacional. Puente instó a Moreno a investigar, por su cuenta, a Isabel Pardo de Vera –expresidenta de Adif– y Javier Herrero –ex director general de Carreteras– alegando que habrían podido "dar asistencia" a Ábalos para que las adjudicaciones presuntamente irregulares pudieran "llegar a buen puerto". Consideró que los hechos podían escindirse porque eran conductas "instrumentales o accesorias" y, posteriormente, la Audiencia Nacional abrió una nueva investigación.
Sin embargo, es una hoja de ruta que fuentes de la defensa de Cerdán creen que genera indefensión: "No tiene sentido que las cosas se investiguen en dos juzgados", dicen en el ARA. Y se quejan de que el propio juez se negó a facilitarles toda la información que existe en la Audiencia Nacional, alegando, precisamente, que ambos procedimientos, pese a que presentan "un cierto vínculo", tienen un "objeto diferente". Las mismas voces denuncian que supone una "gran anomalía".
Asimismo, cabe tener en cuenta que el juez Moreno de la Audiencia Nacional investiga también la "participación decisiva" de Pardo de Vera en la contratación "irregular y caprichosa" de Jéssica Rodríguez —lo que también forma parte de la causa del Supremo.
El caso del gobierno canario en la Audiencia Nacional
Hay otra ramificación que investiga la compra de mascarillas y material sanitario en Soluciones de Gestión por parte de los gobiernos canario y balear, y por parte de Adif y de Puertos del Estado. De hecho, es la instrucción original de la que han derivado todas las investigaciones posteriores. Y la duplicidad ha llevado a la defensa de Koldo a denunciar que está siendo investigado por los dos jueces por hechos con una "coincidencia sustancial" y que están "indisolublemente unidos".
Es en esta causa que De Aldama ha señalado a otro ministro: el actual titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; un señalamiento recogido por la UCO: la Guardia Civil considera que De Aldama habría tenido "influencia" en el gobierno canario, presidido en su día por Torres, a través de Koldo para acondicionar la compra de mascarillas. Por ahora, hay más de veinte investigados, entre los que destacan –aparte de Koldo y De Aldama– el hermano y la esposa de Koldo, Rubén Villalba –agente de la Guardia Civil–, los empresarios Juan Carlos Cueto e Íñigo Rotaeche, así como Álvaro Sánchez Manzanares, Jesús Manuel Góz que fueron destituidos por Óscar Puente hace meses.
Los pagos en metálico del PSOE
Por último, hace veinte días, la Audiencia Nacional también abrió una investigación aparte sobre los pagos en efectivo del PSOE a Ábalos y Koldo después de que el Supremo le instara a "averiguar" las "incógnitas" que habían surgido sobre el uso de dinero en metálico en Ferraz. El último movimiento fue la petición del juez en el partido de Pedro Sánchez para que le remitiera información de todos estos pagos en efectivo y los documentos que los acrediten entre 2017 y 2024.