El Govern denuncia que la Moncloa no quiere tratar los fondos europeos en la Bilateral del lunes

BarcelonaEn la última década se ha convertido en un hecho habitual desde la Generalitat elaborar una lista de demandas pendientes al Estado sobre materias concretas que vayan más allá del Procés. De cara a la reunión de la Comisión Bilateral del 2 de agosto, el Govern ya tiene preparada una batería de 56 traspasos que considera que el gobierno español no ha cumplido a pesar de que estaba obligado. La delegación catalana es consciente de que no podrá resolver todos los temas en la próxima reunión, ni siquiera, quizás, plantearlos uno por uno, pero espera conseguir al menos un compromiso y un calendario para que se hagan realidad. "Los queremos todos y los queremos rápido", ha dicho este jueves la consellera de Presidencia y líder de la delegación catalana en la Bilateral, Laura Vilagrà. Pero la actualidad hace emerger una cuestión prioritaria: los fondos europeos para hacer frente a la pandemia. Y la Generalitat ya sabe que este tema se esquivará el encuentro de lunes.

El gobierno español anunció que los fondos europeos serían uno de los pocos temas que se pondrían sobre la mesa en la conferencia de presidentes del próximo viernes en Salamanca. Y parece que no está dispuesto a retomar el tema cuando el lunes se vea con los representantes de la Generalitat aunque Catalunya no envíe representación a la ciudad castellana.

El Govern lo interpreta como una medida de presión para que el presidente del Govern, Pere Aragonès, rectifique y vaya a la conferencia de presidentes autonómicos del viernes, donde sí que se hablará de estos fondos con todas las comunidades. Este jueves, el vicepresidente, Jordi Puigneró, se ha declarado "decepcionado" por la negativa del gobierno español a tratar este tema en la Bilateral.

Reclamaciones con pasado

Una de las cuestiones que figuran en la lista elaborada por la Generalitat, avanzada por el ARA, se ha convertido en una demanda insignia en los últimos años: la gestión de las becas, los créditos y otras ayudas a la enseñanza universitaria y no universitaria, que se tendrían que traspasar con su consiguiente dotación presupuestaria. También hay un grueso de peticiones relativas al empleo: el traspaso del Fondo de Garantía Salarial, de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social; la defensa de la competencia; la titularidad de los bienes inmuebles de la Seguridad Social adscritos a la Generalitat y las autorizaciones iniciales de trabajo a inmigrantes. La carpeta relativa a temas de interior también es gruesa: la lista incluye Salvamento Marítimo; las funciones de gestión y ordenación del litoral; las de protección de la naturaleza que ahora ejerce la Guardia Civil; la protección civil en cuestiones de seguridad nuclear, el registro civil de Barcelona y las funciones ejecutivas que todavía tiene pendientes el Servicio Catalán de Tránsito.

El Govern considera que tiene competencias en todos este ámbitos y que, a pesar de que estatutariamente tendría que asumir su gestión, no ha obtenido nunca el visto bueno del Estado para hacerlo. La batería de demandas también entra en cuestiones de más detalle como la titularidad del monasterio de Santa Maria de Poblet; del archivo histórico provincial de Barcelona; del Museo Nacional Arqueológico de Tarragona y del canal Xerta-la Sénia. "Exigimos concreción y acuerdos mucho más detallados. Hace demasiado tiempo que hablamos de las mismas cosas", ha concluido Vilagrà.

Aeropuertos y puertos

Las demandas que la Generalitat planteará al Estado no acaban aquí. Estas 56 son las que la Generalitat considera que son competencia suya, pero también quiere poner sobre la mesa otras cuestiones que técnicamente ahora no lo son pero querría asumir. En este caso no serían traspasos propiamente dichos, sino transferencias. Las dos capitales son la de los aeropuertos y los puertos, que actualmente son de titularidad estatal (como los de Barcelona), una cuestión que el presidente Pere Aragonès ya anunció ante los empresarios en la reunión del Cercle d'Economia del mes de junio. También reclamará la gestión del ingreso mínimo vital, un hecho que el PSOE ya asumió como compromiso en su último acuerdo de presupuestos con ERC, pero que todavía no ha cumplido. Además, el Govern quiere sacar adelante cuestiones relativas a deudas pendientes: la disposición adicional tercera del Estatut sobre la inversión del Estado en Catalunya en infraestructuras –una deuda que el vicepresidente, Jordi Puigneró, ha cifrado en 3.800 millones de euros–, la financiación de la ley de la dependencia, la de los Mossos d'Esquadra y la de los Cercanías.

Al margen de traspasos, transferencias y deudas pendientes, habrá una cuarta carpeta relativa a los temas que generan conflictividad competencial entre las dos administraciones: por ejemplo, el Govern quiere tratar el recurso que el gobierno español interpuso contra la ley catalana que limita el precio de los alquileres; la ley audiovisual española que la Generalitat ve con preocupación porque considera que no protege lo bastante a la lengua catalana, o la ley de seguridad nacional, que, según Puigneró, "debería preocupar a cualquier ciudadano".

Todas estas cuestiones surgen de los preparativos previos a la reunión de la Comisión Bilateral que ha hecho la Generalitat en las últimas semanas. Este jueves mismo la consellera Vilagrà y el vicepresidente Puigneró se han reunido con los grupos parlamentarios catalanes para explicarles los trabajos previos que ha hecho el Govern de cara al encuentro. La consellera ha explicado que ya tienen un esqueleto de orden del día, es decir, la garantía que se podrá hablar de traspasos y competencias como quiere el Govern, pero no tienen la concreción sobre de qué en concreto se podrá hablar. Esto hace temer a la Generalitat que sea más difícil llegar a acuerdos. "Hace demasiado tiempo que esperamos y no tenemos más tiempo", ha dicho Vilagrà.