La cruzada de Ayuso para ocultar el pasado franquista de la sede de la presidencia de Madrid
La presidenta madrileña se enfrenta al gobierno español por el intento de colocar una placa que recuerde que el edificio situado en la Puerta del Sol fue sede de torturas policiales
MadridUna veintena de turistas se detienen por indicación de su guía frente al edificio de la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol. Con un paraguas típico de este tipo de tours señala tres placas situadas en la fachada del puesto de trabajo de Isabel Díaz Ayuso. Una de ellas recuerda a los caídos en el levantamiento popular del 2 de mayo de 1808 contra los franceses, otra a las víctimas del atentado del 11-M y, finalmente, la más reciente, a los fallecidos durante la pandemia. "Si hubiera una que recordara las torturas que sufrimos, los guías deberían explicarlo a la fuerza", reflexiona en voz alta Ángela Gutiérrez (Badajoz, 1952) mirándoles a una distancia prudencial. A esta militante antifranquista, el edificio, reconocible para cualquier persona que haya visto las campanadas en un canal de ámbito estatal –por ser su reloj el que guía el ritual del cambio de año–, le recuerda cada vez que pasa por delante un momento traumático de su vida. Estuvo detenida tres veces y sufrió agresiones físicas y psicológicas por parte de la policía del régimen.
Desde el final de la Guerra Civil hasta los primeros años de la Transición, este edificio llamado Real Casa de Correos (debido a que fue construido inicialmente en 1778 para convertirse en la sede del servicio postal) acogió las dependencias de la Dirección General de Seguridad (DGS). "Era el epicentro de la represión", relata al ARA Pablo Alcántara, autor del libro La DGS. El palacio del terror franquista (Espada, 2024). Un pasado poco conocido que el PP intenta ocultar, según denuncian colectivos memorialistas y formaciones políticas progresistas. Hace años que las víctimas de torturas exigen sin éxito que se coloque una placa que recuerde el trance por el que pasaron en ese espacio. Ayuso se niega y ha declarado la guerra al gobierno español que, en aplicación de la ley de memoria democrática de 2022, inició a finales de octubre el procedimiento para declarar lugar de memoria el edificio, un título que implica el obligación de garantizar la "identificación" y "señalización adecuada" del espacio"."[Bloquear la placa] es querer borrar la historia", lamenta Gutiérrez en una conversación con este diario en la que reclama a la presidenta madrileña que "se ponga en la piel de los que pasaron por ese edificio"
La estrategia de Ayuso
Lejos de avenirse a esta petición, Ayuso ha respondido con una argucia legal al intento del ejecutivo de Pedro Sánchez de forzarla a acceder a esta reivindicación. En el último pleno de 2024 en la Asamblea de Madrid (y en contra del criterio de los servicios jurídicos de la cámara autonómica), la mayoría absoluta del PP aprobó una ley que pretende sortear la norma estatal. En nombre de la "protección" de la "neutralidad, la pluralidad, la concordia, el respeto a la verdad, a la historia, a la imagen institucional, al significado y al uso actual de la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid", el ejecutivo madrileño se reserva el derecho de detener las actuaciones que quieran recordar el pasado franquista de la Real Casa de Correos. Instalar una placa o distintivo requerirá, además, "una autorización previa" y estarán vetados los que "sean incompatibles" con los valores descritos.
El posicionamiento de Ayuso contra la memoria histórica es conocido y se ha vuelto a evidenciar con los pronunciamientos críticos con la conmemoración impulsada por Sánchez del 50 aniversario de la muerte del dictador, que ha arrancado esta semana. La dirección estatal del PP, que ha dado la espalda a los actos previstos, se alinea con este posicionamiento y, de hecho, el grupo parlamentario popular en el Congreso votó hace un par de meses en contra de una iniciativa de Sumar que reclamaba justamente reconocer la antigua sede de la DGS como "el espacio de injusticia y dolor" que fue durante décadas. El ejecutivo de Ayuso replica que intentar vincular un edificio con "más de 250 años de historia" con el franquismo es una "barbaridad" que "desvirtúa su papel como casa de todos los madrileños" y "un intento desesperado de 'atacar a Ayuso'. "La declaración de puesto de memoria pretende rescatar del olvido y reconocer a quienes sufrieron las humillaciones, torturas o hallaron la muerte en sus dependencias", justificaba, en cambio, el ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en la resolución publicada en el BOE. La jugada de Ayuso ha pasado la pelota en el tejado de la Moncloa en un conflicto que sigue bien abierto.
"Tenemos secuelas"
"Hay gente que no tiene ni humanidad ni empatía", critica junto a Gutiérrez otra víctima del terror franquista en referencia a la líder del PP madrileño. Es Julio Pacheco (Madrid, 1955), la primera víctima de la violencia policial en la DGS que logró declarar en un juzgado español contra sus torturadores (aunque finalmente la querella se archivó). Ambos son miembros de la organización de presos del franquismo La Comuna y coinciden en defender la importancia de ser reconocidos y escuchados después de años de silencio. Pacheco recuerda la "indefensión absoluta" que sintió durante siete días del verano de 1975 en los calabozos de la Puerta del Sol: fueron horas de "golpes continuos que no sabías cuándo acabarían", "ligado a un radiador", con "luz artificial de día y de noche" y "amenazas continuas" a punta de pistola. Uno de los responsables a los que señala Pacheco es el excomisario José Manuel Villarejo.
En el caso de Gutiérrez, sufrió las prácticas de Billy el Niño en su segundo paso por la DGS, en 1973. Desde entonces tiene secuelas psicológicas: "Tengo claustrofobia de estar en lugares cerrados. Siempre he de estar al lado de una puerta y dormir con la ventana un poco abierta". Desde las celdas, en el sótano, a lo sumo podían vislumbrar los zapatos de los peatones por unas aberturas minúsculas a ras del suelo. Otra reivindicación, aparte de la placa, es museizar parte del edificio y que se pueda visitar.
Muertos hasta 1983
El gobierno español ha convertido en el 2025 en un año de denuncia del franquismo, pero la muerte del dictador, en 1975, no terminó con las prácticas denunciadas por Gutiérrez y Pacheco. "Durante la Transición, la mayoría de estos agentes no solo no fueron depurados, sino que incluso fueron ascendidos a la policía democrática con la ley de amnistía de 1977", subraya el historiador Pablo Alcántara que en su libro recoge como "muchos de sus métodos" fueron utilizados al menos hasta 1983, cuando un delincuente común (Santiago Corella, conocido como El Nani) "desapareció" tras sufrir torturas en la Real Casa de Correos. Ese mismo año el socialista Joaquín Leguina ganó las elecciones autonómicas y fue quien decidió cambiar el uso del edificio e instalar en él la presidencia de la Comunidad de Madrid.
