Desde el martes los maestros tienen una nueva herramienta a su alcance para defenderse. Esto si son capaces de entender cuándo la pueden usar. El president y los consellers dejaron por escrito que la Generalitat los “protegerá con todos los medios” ante cualquier “ataque ilegítimo”. El acuerdo se enmarca en la defensa del catalán como lengua vehicular en la escuela, pero, como es habitual tantas veces en este y otros ámbitos, no es muy específico.
La primera duda que genera es qué se considera un ataque ilegítimo. Es decir, ¿hasta ahora no se protegía ya a los maestros o a cualquier otro funcionario de ataques ilegítimos? ¿Que un padre esgrima una resolución judicial que obliga a una escuela a hacer el 25% de clases en castellano es un ataque ilegítimo? Como no se ha aclarado el alcance de lo que el Govern quiere proteger, ¿tendrán que ser los maestros los que denuncien estos ataques ilegítimos, o será la propia Generalitat la que actuará de oficio? En el acuerdo del martes solo se decía que “se pondrán los servicios de asesoramiento, representación y defensa jurídica de la Generalitat a su servicio y que se exigirán responsabilidades por la vía correspondiente, ya sea política, penal, administrativa o de otra naturaleza, a todas aquellas personas o entidades que ataquen injustamente a personas o colectivos por la defensa y el uso del catalán o por el ejercicio de sus funciones”.
La ambigüedad no es nada extraña en política y menos en el caso de la inmersión lingüística. Desde la sentencia del Supremo que fija un 25% en castellano en todas las escuelas -todavía no se ha ejecutado-, el soberanismo asegura haberse conjurado para garantizar la vehicularidad del catalán. Pero hoy ya hay 35 aulas que aplican el 25% en castellano y no fue hasta el caso de P5 en Canet de Mar (una resolución cautelar del TSJC) cuando se puso el grito en el cielo. La inconcreción del acuerdo de Govern no ha sido un impedimento, sin embargo, para que Ciudadanos haya vuelto a sacar la artillería contra la inmersión, y esta semana el partido naranja ha anunciado que iniciará acciones legales contra el Govern por “vulnerar los derechos de los ciudadanos e inducir a los funcionarios a vulnerarlos también”.
En el caso de la inmersión no hay acuerdo posible entre el Govern y Cs, a pesar de que últimamente se han visto pactos tan extraños como sería este. En Madrid, el alcalde del PP, José Luis Martínez Almeida, ha aprobado los presupuestos de la mano de tres díscolos de Más Madrid. A cambio del apoyo, ha tenido que aceptar que la escritora Almudena Grandes, que murió el 27 de noviembre, se convierta en hija predilecta de la ciudad. “Almudena Grandes no merece ser hija predilecta de Madrid, pero ya tengo los presupuestos”, decía esta semana en una entrevista a OK Diario. La escritora era un referente de la izquierda republicana y una diana de las críticas de la derecha, pero a veces (o a menudo) la aritmética política hace que los principios queden guardados en el fondo del cajón.
EL DETALLE
¿Cuál es la mejor manera de situar al ministro de Consumo entre los enemigos de España? A Carlos Iturgaiz, líder del PP en Euskadi, le pareció buena idea adjuntar la imagen de un bistec con la forma del mapa de España para pedir su dimisión. El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha preferido poner publicidad para fomentar el consumo de carne en The Guardian, el diario donde Alberto Garzón hizo las declaraciones.
Desde el balcón del edificio del gobierno de Madrid en la Puerta del Sol, Isabel Díaz Ayuso tiene vistas privilegiadas del gran árbol de Navidad sintético que se ha instalado para esta Navidad. Durante el fin de semana pasado, además, pudo ampliar horizontes cuando en un balcón del otro lado de la plaza se colgó una pancarta que decía “Ayuso for Catalonia”, de significado cuando menos enigmático.
