¿Los funcionarios de prisiones deben ser agentes de la autoridad?

BarcelonaLas cámaras de seguridad captan a la perfección como ISO, cumpliendo una pena de cárcel en Mas d'Enric por haber asesinado a una mujer, se preparaba para cometer el crimen. Revelan cómo condujo a Núria, la cocinera del centro, hasta la cámara frigorífica, donde ninguna cámara podía verlos. La próxima escena ya la captan los vigilantes, que encuentran a Núria e ISO tendido en el suelo en medio de un charco de sangre. Él le había asesinado con un cuchillo de la misma cocina donde ambos trabajaban y después se había suicidado. Este crimen, el primero de la historia penitenciaria catalana que tiene como víctima a una trabajadora y como verdugo a un preso, inició un ciclo de movilizaciones de los funcionarios de prisiones sin precedentes. Durante las primeras semanas se bloquearon centros penitenciarios, los presos se quedaron encerrados en las celdas y la desescalada fue condicionada a una exigencia: que dimitieran la consejera de Justicia, Gemma Ubasart, y el secretario de Medidas Penales, Amand Calderó . Todo cuando la precampaña electoral ya había comenzado.

Un funcionario de prisiones resume que el asesinato de Núria fue la "gota que colmó el vaso" en un contexto de aumento de las agresiones a los funcionarios (se han triplicado en los últimos años, sobre todo por el efecto de la pandemia) y las pocas mejoras laborales (no había un nuevo convenio desde 2006). Solo ha habido una dimisión, la del director de Mas de Enric (ahora es analista de seguridad del departamento), pero los sindicatos y la conselleria (con críticas de los trabajadores, que siguen movilizados) han llegado a un acuerdo que actualiza este convenio y contempla diversas medidas de seguridad, como los cuchillos anclados en las mesas o un pulsador de emergencia para cada trabajador. Otros no han aceptado el Gobierno, como que los funcionarios lleven una pistola Taser, una de sus principales demandas.

Hay una medida, sin embargo, que preguntes al sindicato que preguntes siempre sitúan como prioritaria, también a los vigilantes de prisiones y otros trabajadores, como psicólogos o educadores: ser agentes de la autoridad. ¿Y por qué? Sobre todo, apuntan fuentes de la plantilla, para disuadir. El abogado penalista Anton Verdeny señala que ser agente de la autoridad te otorga tres prerrogativas: que un delito en tu contra (una agresión, por ejemplo) sea agravada y, por tanto, la pena sea más alta. También te protege el delito de atentado contra la autoridad. Por ejemplo, un empujón a una persona sin esa prerrogativa apenas es un delito penal, pero contra un agente de la autoridad es un delito de atentado, y puede acarrear penas de prisión. Los funcionarios, pues, consideran que esto disuadiría a los presos de agredirlos. La tercera prerrogativa es la de presunción de veracidad, aunque a lo largo de los años la jurisprudencia le ha ido difuminando.

Sin embargo, el problema de esta reivindicación es que la conselleria de Justicia poco puede hacer, ya que ser o no agentes de la autoridad depende del gobierno español. De hecho, en plena campaña (y también en plena crisis en las cárceles catalanas) el PSOE rescató un texto para dotar a los funcionarios de prisiones de esa categoría. Rescatar porque ya se votó en el 2020 y superó ya el primer trámite con los votos a favor de Junts, pero en contra de ERC. Finalmente quedó en un cajón. Esto comporta directamente una pregunta: ¿la Generalitat actual está a favor de que los funcionarios de prisiones sean agentes de la autoridad? La respuesta de Justicia es que esto es más una cuestión de lo que haga ERC en el Congreso. Si se aprueba, dicen, ellos se limitarían a aceptarlo y aplicarlo.

¿Los funcionarios de prisiones deben ser agentes de la autoridad? ¿Por qué?