ERC pide la suspensión de la causa del Tribunal de Cuentas

Barcelona / MadridEn los próximos meses un término tomará fuerza a la política catalana: la desjudicialización. No es nuevo ni mucho menos, pero ha cogido fuerza desde que el pasado viernes la Generalitat y el Estado llegaron a un acuerdo por el cual "los dos gobiernos se comprometen a contribuir al final de la judicialización del conflicto político". En otras palabras, el compromiso de intentar frenar las causas abiertas en los tribunales vinculadas con el Procés para poder fortalecer la negociación política. Una de estas batallas se librará en el Tribunal de Cuentas, donde hay uno de los casos más mediáticos que afecta a una cuarentena de cargos vinculados al 1-O y a la acción exterior de la Generalitat, a quien se reclama 3,4 millones de euros. Este miércoles los encausados de Esquerra han dado un primer paso que pondrá a prueba si esta desjudicialización es posible.

Los republicanos han comunicado esta mañana que ya han registrado ante el tribunal el escrito de defensa de sus encausados –entre los cuales figuran Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa– y que básicamente pide que la causa quede suspendida y, en el mejor de los casos, que incluso quede completamente desestimada. Entre otros argumentos, se alega que se les ha vulnerado el derecho a un juez imparcial porque el Tribunal de Cuentas "es un tribunal sin jueces donde quien presenta la demanda también elige a los jueces que tienen que dictar sentencia". Se pide incluso que se plantee una cuestión de constitucionalidad en el Tribunal Constitucional (TC), y también se defiende que los mismos hechos ya se están analizando en juzgados de Barcelona –el 13 y el 18– y que, por lo tanto, hay un "conflicto de competencias inhibitorio".

Se hace difícil precisar cómo se podría frenar esta causa, que lleva tiempo en marcha, pero fuentes de Esquerra consultadas por el ARA defienden que "la causa del Tribunal de Cuentas tiene que pasar por un proceso de desjudicialización". "No solo porque forma parte de la resolución del conflicto político, sino porque sirve para generar las condiciones para sacar adelante una negociación en igualdad entre las partes", añaden. En definitiva, consideran que no se puede negociar entre iguales si una de las partes vive "bajo la amenaza de ser embargada", que es lo que pasa en este proceso judicial.

Los primeros cambios

Pero no se hace del todo imposible pensar que la causa pueda mitigarse respecto a los parámetros actuales. El motivo es que ya en los últimos tiempos ha habido cambios de puertas para dentro en el Tribunal que han ido dando oxígeno a los encausados, sobre todo desde que se renovó la composición del órgano. En primer lugar, la nueva sección de enjuiciamiento del tribunal aceptó que la fianza de los encausados se pudiera avalar con fondos públicos a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), una cuestión que inicialmente el tribunal había tumbado.

Esto descargó, momentáneamente, la amenaza sobre sus finanzas personales. Los consellers Diego Íñiguez y Rosario García Álvarez, propuestos por el PSOE, hicieron valer su mayoría por delante de Rebeca Laliga, promovida por el PP, y aceptaron que se afrontaran las fianzas con dinero público. Estos tres consellers son los que tendrán que revisar una eventual condena en fase de apelación e, hipotéticamente, reducir el castigo a los encausados. 

Además, la petición de la Fiscalía para el juicio ya es más baja. En total, el independentismo había tenido que aportar hasta nuevo millones de euros contando la causa del 1-O y la de Exteriores. Ahora se han juntado y el ministerio público reclama 3,4 millones de euros en global. Se trata de un cambio sustancial del nuevo fiscal que lleva el caso, Manuel Martín-Granizo, afín a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado –exministra de Justicia socialista–. Martín-Granizo asumió las riendas de la acusación porque el anterior fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, pasó a conseller a propuesta del PP.