El exilio, la carpeta pendiente después de los indultos

Después del indulto a los nueve presos políticos, quedan todavía decenas de encausados por el 1 de Octubre, entre los ellos, los exiliados. Ahora mismo se encuentran en el extranjero a raíz de causas judiciales abiertas el ex president Carles Puigdemont y los ex consellers Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig, además de las ex diputadas Marta Rovira –también secretaria general de Esquerra– y Anna Gabriel, de la CUP.

Todos tienen órdenes de detención nacionales en España, de forma que si pisaran el Estado serían detenidos. Es así a pesar de que Puigdemont, Comín y Ponsatí tienen inmunidad como eurodiputados y pueden viajar por todo Europa sin ser privados de libertad. El Tribunal General de la Unión Europea pidió que se restituyera esta protección como medida cautelarísima (pedida por los eurodiputados) a la espera de resolver sobre el fondo de la cuestión después de que el Parlament Europeo aceptara el suplicatorio solicitado por el Supremo.

¿Cuál es la solución para el ex presidente y ex dirigentes independentistas que se encuentran en el extranjero? De momento el gobierno español no se ha pronunciado sobre esto. Solo la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra, se mostró partidaria que pudieran volver, mientras que la parte del PSOE dentro del gobierno expresó su desacuerdo con este criterio: la ministra portavoz, María Jesús Montero, consideró que tienen que responder ante la justicia española.

El independentismo ha reclamado la amnistía para resolver la situación de los exiliados, así como también de los miles de investigados por causas derivadas del Procés y del referéndum del 2017. Aun así, la propuesta no ha pasado ni el filtro de la mesa del Congreso de los Diputados y los socialistas –así como la derecha– ya han rechazado esta vía. Otra posibilidad es la reforma del delito de sedición, tal como ha trabajado el diputado de En comú Podem en el Congreso, Jaume Asens, que consistiría en modificar el redactado del delito en el Código Penal para desvincular la sedición del 1-O. De hecho, una de las recomendaciones del informe que la asamblea del Consejo de Europa aprobó ayer lunes es reformar la sedición y la rebelión para que queden circunscritos a actos de violencia y no a manifestaciones masivas como las que hubo en octubre de 2017 en Catalunya. El mismo organismo también recomienda a España que retire todas las órdenes de detención internacional de los exiliados.

De momento, solo ha habido un miembro del Govern que marchó ahora hace tres años del Estado y ha decidido volver a pesar de la causa que tiene abierta en los tribunales, la ex consellera de ERC Meritxell Serret. Estaba procesada por malversación y desobediencia, pero la sentencia del Supremo no atribuye gastos relacionados con el 1-O al departamento que pilotaba, Agricultura. De este modo, a través de su abogado, se puso en contacto con el alto tribunal para volver y presentarse ante la justicia: declaró y quedó en libertad provisional a la espera del juicio. Lo más probable es que solo se le acabe imputando un delito de desobediencia –que no comporta prisión– y que sea enjuiciada en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, puesto que actualmente es diputada de Esquerra en el Parlament.

Las diferentes casuísticas que afectan a los exiliados

El ex president Carles Puigdemont y los ex consellers Clara Ponsatí y Toni Comín ahora mismo tienen inmunidad parlamentaria por su condición de miembros del Parlamento Europeo. La cámara se la retiró por mayoría en el pleno, pero recurrieron la decisión a la justicia y se les ha vuelto a conceder provisionalmente: el Tribunal General de la Unión Europea ha decidido aceptar las medidas cautelarísimas que había pedido y les ha devuelto la protección como diputados. Ahora están a la espera de lo que resuelva este tribunal para aclarar su situación, pero en todo caso solo hay vigentes órdenes de detención nacional en España. El juez instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, paralelamente al tema de la inmunidad, ha planteado una cuestión prejudicial en Luxemburgo para que dictamine los límites de los estados a la hora de rechazar las euroórdenes, después de que lo hicieran Alemania y Bélgica. Hasta que no resuelva el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en principio, Llarena no volverá a activar las euroórdenes.

El ex conseller de Cultura Lluís Puig es actualmente diputado del Parlament de Catalunya, pero a diferencia del resto de ex consellers miembros del Parlamento Europeo no tiene las mismas condiciones de inmunidad. Sin embargo, ya ha acabado el recorrido de la euroorden que tenía en Bélgica: el tribunal la rechazó poniendo en entredicho la competencia del Tribunal Supremo y que se hubiera respetado su presunción de inocencia. Como Serret, Puig estaba procesado por malversación y desobediencia –no por sedición–, pero a diferencia de la ex consellera de Esquerra no ha vuelto.

La ex diputada de Esquerra y secretaria general del partido, Marta Rovira, está en el exilio en Suiza desde marzo de 2018. Contra ella hay vigente una orden de detención nacional en España, pero no se han emitido órdenes internacionales contra ella ni se ha abierto una causa en el país helvético para tratar su extradición. Está procesada por rebelión.

El caso de Anna Gabriel, ex diputada de la CUP, es similar, a pesar de que solo se enfrenta a un delito de desobediencia, que no comporta prisión. Por lo tanto, si volviera se podría encontrar en una situación parecida a la ex consellera Meritxell Serret.