Los fiscales del Proceso desafían a Sánchez y se apartarán si se les impone la amnistía

MadridDesafío de los fiscales del Proceso a Pedro Sánchez y al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena, los fiscales que ejercen la acusación sobre el Proceso, se apartarán si García Ortiz les impone la amnistía. En un escrito dirigido al máximo responsable del ministerio público al que ha tenido acceso el ARA, los cuatro fiscales del Tribunal Supremo avisan lo siguiente: "Si mantiene finalmente la decisión sobre la aplicación de la ley a los hechos constitutivos de malversación, será necesario dictar un decreto motivado que acuerde la avocación de la causa para que sea despachada por Vuestra Excelencia o por quien designe a tales efectos".

Los cuatro fiscales que defendían la acusación por el delito de rebelión, que se oponían a los indultos y que ahora declaran la guerra a la amnistía mantienen el pulso con Pedro Sánchez. Y en consecuencia, al fiscal general, al que consideran una extensión del gobierno del PSOE. En el escrito advierten García Ortiz que si considera que "debe aplicarse en todo caso la ley, prescindiendo del análisis del hecho concreto y de los argumentos jurídicos expuestos, deberá ordenarlo por escrito de forma motivada y fundamentada". "Estimamos que su aplicación en relación con el delito de malversación de fondos es improcedente y contrario a las leyes porque no se ajusta a los criterios más elementales de lógica jurídica y de legalidad penal exigibles en la interpretación y aplicación de la norma", justifican. En esta línea, avisan de que apelarán al artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal si se les impone un criterio, un trámite que implica convocar a una audiencia de la Junta de Fiscales de Sala para emitir opinión, si bien la última palabra la acabaría teniendo igualmente García Ortiz.

Esta guerra interna en la Fiscalía era cuestión de tiempo, y se tenía que abrir en cuanto la amnistía llegara al Boletín Oficial del Estado. El mismo día que la norma vio la luz en el Congreso los cuatro fiscales se reunieron con su superior jerárquico y le entregaron un extenso informe en el que argumentaban por qué la malversación no era amnistiable, por qué no debían retirarse las órdenes de detención contra los exiliados y la conveniencia, a su juicio, de presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Era un texto con "muchas opiniones", señalaban fuentes fiscales. Este lunes, con la entrada en vigor de la amnistía, García Ortiz les ordenó que redactaran un nuevo informe específico para responder a las providencias que dictaron el juez instructor, Pablo Llarena, y la sala penal presidida por Manuel Marchena.

Sánchez confía en el TC

En sus escritos, los fiscales rechazan el olvido judicial a la malversación, entre otras cosas, porque la directiva europea reclama perseguir los hechos que puedan causar perjuicio en los intereses financieros de la Unión Europea. Precisamente, la ley de amnistía excluye de sus supuestos casos así, y estos fiscales consideran que los gastos para el referendo encajan en esta cláusula. En su providencia, Llarena también lo apuntaba el lunes, cuando reclamaba a las partes que hicieran una "particular referencia" a ese punto específico de la norma. Precisamente, Sánchez se ha referido a las primeras trabas en la aplicación de la amnistía y hizo saber a jueces y fiscales que la "voluntad del legislador, en su mayoría, fue superar los hechos vinculados al Proceso". En una entrevista en TVE este martes, se mostró "tranquilo" porque las discrepancias que puedan haber "se acabarán dirimiendo en el Tribunal Constitucional", donde hay una mayoría progresista que espera que acabe avalando la norma.

Ayuso prepara el recurso

Por su parte, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso ha encargado a los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid que preparen un recurso para traer al TC la amnistía. Lo presentará en los próximos tres meses, que es el plazo que tienen para acudir. Lo ha explicado en una rueda de prensa este miércoles, dos días después de que entrara en vigor. Las comunidades autónomas del PP ya habían avanzado que tenían intención de dar ese paso y fuentes de la dirección estatal del partido afirman que cada autonomía seguirá sus tiempos. "No hay ninguna competición por presentarlos", sostienen. El PP como partido también prevé acudir, pero no se fija ninguna fecha y dice no tener prisa.