La Fiscalía detecta "agotamiento" del independentismo en la calle

MadridLa estrategia de apaciguamiento del independentismo orquestada por Pedro Sánchez ha dado resultados, según constata la Fiscalía. Al menos, en términos de acciones en la calle. En la memoria que el ministerio público entregó este miércoles al presidente del gobierno español y este jueves ha expuesto públicamente el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se deja claro de esta forma: "Durante el 2022 se ha detectado una disminución de las acciones de sabotaje debido principalmente al agotamiento de la militancia ya la falta de hechos relevantes para su imaginario que puedan utilizarse como revulsivo para la convocatoria de grandes manifestaciones y campaña de acciones”. Es decir, que el activismo independentista está en fase de hibernación a consecuencia de la falta de alicientes: no existen referendos a la vista ni sentencias del Tribunal Supremo que provoquen indignación.

Sin embargo, la Fiscalía sigue hablando de un "movimiento violento independentista catalán" que ubica, como ETA o el Grapo, en el apartado de "terrorismo nacional". El ministerio público cifra 24 casos de supuesta violencia o sabotaje por parte de este supuesto movimiento: un episodio de daños en sedes de partidos políticos, tres en empresas privadas, ocho de daños públicos o desobediencia, once de incitación al odio y uno de enaltecimiento del terrorismo. En el capítulo de ETA, la Fiscalía también incluye en esta clasificación acciones de quema de banderas.

Así, los organismos judiciales del Estado siguen relacionando el independentismo con el terrorismo. De hecho, en la Audiencia Nacional existe una causa abierta contra 12 miembros de los CDR, los detenidos del 23-S en el marco de la operación Judas, que están pendientes de que se abra juicio oral. La Fiscalía ya lo solicitó en junio por los delitos de terrorismo, tenencia de explosivos y estragos, lo que podría acarrear muchos años de cárcel. Además, se levantó el secreto de sumario en mayo de la causa sobre el Tsunami Democrático, instruida por el delito de terrorismo, si bien el ARA ya explicó que el ministerio público estudiaba solicitar su traslado a Cataluña por desórdenes públicos. Sin embargo, todavía no se ha dado este paso.

Las condiciones de Puigdemont

Este panorama judicial es uno de los obstáculos para la investidura de Sánchez. El líder de Junts, Carles Puigdemont, explicitaba el martes desde Bruselas que dos de sus condiciones para empezar a negociar con el PSOE son, por un lado, que se considere legítimo el movimiento independentista y, por otro, " el abandono permanente" de la judicialización del Proceso. La primera tiene que ver con que el gobierno español haya espiado los móviles de decenas de personas vinculadas al independentismo siguiendo la directiva de inteligencia en virtud de la cual actúa el CNI, así como con las infiltraciones policiales de dudosa legalidad avaladas por el ministerio del Interior.

En la segunda cuestión se han dado pasos como los indultos, la reforma del Código Penal, cierta suavización de la Fiscalía en el Tribunal de Cuentas y habrá que ver si acaba confirmando el paso atrás contra los responsables del Tsunami Democrático. Ahora bien, esto no es suficiente y Puigdemont reclama una amnistía. Paradójicamente, el ministerio público subraya que la "pérdida de actividad" de los supuestos "grupos violentos" del independentismo se ha logrado por la acción de la justicia. Una judicialización que ha propiciado que las acciones de las entidades y colectivos del movimiento "se centren en la llamada antirepresión".