Política

La Fiscalía General pide a los fiscales información de las causas del Procés afectadas por la amnistía

Les da de tiempo hasta el 15 de diciembre ante los "cortos plazos" de aplicación que tendrá la ley

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El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ayer en la apertura del año judicial.

BarcelonaLa Fiscalía General del Estado activa la maquinaria de cara a la futura aprobación de la ley de amnistía que debería dejar sin efectos las causas sobre el Procés. El fiscal general ha pedido a las fiscalías del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y la Fiscalía Superior de Cataluña que le remitan antes del 15 de diciembre información sobre el estado de los procedimientos judiciales a los que afectará a la amnistía, ante "la complejidad de la materia" y "los breves plazos" (de dos meses, en la proposición de ley en trámite) en los que será necesario aplicarla.

La petición data del 16 de noviembre, pero se ha hecho pública en las últimas horas. Afecta tanto a los juicios en curso como a los casos con sentencia, lo que incluye tanto las causas vinculadas al 9-N y el 1-O como las movilizaciones contra la represión del referéndum y contra la sentencia del Supremo.

En un escrito consultado por el ARA, la Fiscalía General pide información sobre el procedimiento judicial de que se trata y el órgano que le enjuicia, los hechos objeto de juicio y su calificación. También insta a concretar cuáles son las personas encausadas, sea cual sea su situación procesal. La información, según advierte la fiscalía, debe ser "detallada, individualizada y sistematizada". La Fiscalía General recuerda que la actuación del ministerio público se rige por el principio "de unidad de actuación", un aviso a navegantes ante posibles resistencias de los fiscales a aplicar el criterio del superior jerárquico.

García Ortiz, cuestionado por los fiscales y el CGPJ

Álvaro García Ortiz ya recibió un primer dardo de la principal asociación de fiscales por no posicionarse sobre la amnistía cuando asociaciones del mundo judicial salieron en tromba a criticar el pacto entre el PSOE y Junts, que temían que pudiera abrir la puerta a revisar casos de lawfare.

El fiscal también tiene en contra al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), crítico con la amnistía, que por primera vez en la historia rechazó bendecir el nombramiento del fiscal general. García Ortiz ostenta el cargo desde la renuncia de Dolores Delgado el verano del año pasado, y ahora debía oficializarse su relevo, pero el CGPJ ha rechazado su idoneidad al considerar, entre otros, que no ha hecho un buen uso de su poder al ascender a Dolores Delgado como fiscal de sala una vez dejó su puesto de fiscal general.

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