El Govern ultima una propuesta para dar cobertura a los ex altos cargos encausados en el Tribunal de Cuentas

BarcelonaDespués de que el Tribunal de Cuentas rechazara las alegaciones de los investigados y fijara una fianza provisional de 5,4 millones de euros, la Generalitat ultima la fórmula para poder responder y evitar embargos de los ex altos cargos –tal como avanzó el ARA el pasado miércoles–. Elsa Artadi, portavoz de JxCat, ha defendido en rueda de prensa, después de la reunión de la dirección del partido de cada lunes, que le corresponde al Govern avalar económicamente a los investigados para que no tengan que poner su propio patrimonio y "proteger" así a los trabajadores de la Generalitat. A su vez, la secretaria general adjunta de Esquerra y también portavoz, Marta Vilalta, ha replicado que el ejecutivo prepara una propuesta para hacer frente a la fianza que reclama el Tribunal de Cuentas, a pesar de que ha evitado hablar explícitamente de aval.

La portavoz de Junts ha considerado que los afectados por el Tribunal de Cuentas están encausados por hacer un trabajo que constaba en los planes de gobierno de las varias legislaturas que comprende la instrucción –la actividad exterior de 2011 a 2017– y que nadie impugnó. Según Artadi, el ejecutivo tiene que reaccionar ante la "represión" del Estado no solo para dar cobertura a los funcionarios y cargos políticos implicados sino también para defender la "legitimidad" de las decisiones que ha tomado el ejecutivo catalán hasta ahora. En este sentido, ha considerado que hay tiempo hasta el 21 de julio para hacerlo y que la fórmula se tendría que aprobar en el seno del consejo ejecutivo –a pesar de que no ha especificado cuál sería.

"Se trata de una decisión política", ha asegurado Elsa Artadi, para "defender a instituciones y trabajadores", ha argumentado. Ha afirmado que los "esfuerzos" del independentismo están ahora centrados en encontrar la fórmula para responder al Tribunal de Cuentas a través del Govern –ha recordado que no se trata de una sentencia firme sino de una fianza provisional–, más que en la recogida de dinero a través de la Caixa de Solidaritat. "Siempre está activa [la Caixa de Solidaritat]", ha dicho Artadi, pero ha puesto énfasis en las soluciones más institucionales.

Por su parte, la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, ha evitado hablar de manera explícita de aval de la Generalitat a los ex altos cargos, pero sí se ha comprometido a proporcionar un "acompañamiento jurídico o económico" a todos los investigados por parte del ejecutivo catalán. Una fórmula que fuentes republicanas no descartan tener terminada mañana martes, cuando hay reunión del consejo ejecutivo.

Apoyo a los condenados por el 9-N en el Tribunal de Cuentas

Otro de los temas que el independentismo tiene encima de la mesa es cómo responder a la ejecución de la sentencia del Tribunal de Cuentas correspondiente a la consulta del 9 de Noviembre. La semana pasada el Tribunal Supremo inadmitió el recurso contra la sentencia del ex president Artur Mas y los ex consellers Joana Ortega y Francesc Homs, lo cual implica la confirmación del pago por parte de los encausados de 5,8 millones de euros (casi cinco millones de la parte principal y los intereses), puesto que la resolución ya es firme. Artadi ha asegurado que se están buscando fórmulas para afrontar también esta cuestión, pero no ha concretado de qué manera. De hecho, ha asegurado que hoy por hoy todavía falta información sobre cómo se procederá en este caso –el Supremo todavía no ha notificado la certificación de la sentencia firme– y que en función de cómo avance no descarta reunir de nuevo a la ejecutiva de Junts esta semana para responder a la situación.