La CUP debate endurecer la oposición al Govern y exigir la cuestión de confianza a Aragonès

Tres asambleas presentan al consejo político del sábado un documento conjunto con esta demanda

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El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, con Carles Riera y Eulàlia Reguant, de la CUP.

Desde que la CUP votó en contra de los presupuestos, ERC considera que la cuestión de confianza al presidente Pere Aragonès pactada a medio mandato ya no tiene sentido. Los republicanos esgrimen que el acuerdo implicaba el compromiso de los cuperos para facilitar la gobernanza y garantizar también la estabilidad presupuestaria, y que sin su apoyo a las cuentas el jefe del ejecutivo ya no tiene que someterse a este control parlamentario. "El acuerdo que firmamos con la CUP decía que se tenían que aprobar dos presupuestos y después se plantearía una cuestión de confianza. De momento no hemos aprobado ni uno con la CUP y, por lo tanto, en ERC tenemos claro que no tiene sentido la segunda parte del acuerdo. No habrá cuestión de confianza", sentenciaba la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, en una entrevista reciente al ARA . La formación anticapitalista, en cambio, no lo ve igual y reitera que el acuerdo se limitaba únicamente a la investidura y no a aprobar los presupuestos.

El posicionamiento de la CUP, sin embargo, ha ido cambiante. Al día siguiente de que la militancia acordara presentar una enmienda a la totalidad a las cuentas, la diputada Eulàlia Reguant abrió la puerta a no exigir la cuestión de confianza en el ecuador de la legislatura. “Si no hay confianza ahora con los presupuestos, puede no haber cuestión de confianza. Es decisión del president de la Generalitat”, dijo a Els matins de TV3. Posteriormente, los cuperos ya no han hecho ningún más pronunciamiento en este sentido y han ido repitiendo que no es "una prioridad", pero que Aragonès tendría que cumplir con su compromiso. "No puede poner a la CUP como excusa para no evaluar su acción de gobierno", opinó a finales de año a la ACN el diputado Xavi Pellicer, después de reiterar que en aquel momento la cuestión de confianza no estaba "al frente" de las preocupaciones de la formación. Ahora sí que lo está.

Casi cinco meses después, parte de la militancia reclama que la CUP exija a Aragonès que se someta a la cuestión de confianza por el rumbo que está tomando la legislatura. El rechazo del ejecutivo a celebrar un nuevo referéndum y su apuesta por macroproyectos como BCN World o los Juegos Olímpicos de Invierno desvirtúan, según su opinión, el acuerdo subscrito con los republicanos. De hecho, el documento que se llevará a debate y votación en el consejo político que la CUP celebrará este sábado en Palamós está abanderado por las asambleas del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre y Pirineu i l'Aran, los territorios más afectados por algunos de estos proyectos.

El documento, al cual ha tenido acceso el ARA y que lleva por título Ja n'hi ha prou d'aquest color, qüestió de confiança ja! (¡Ya está bien!, cuestión de confianza ya!) insta a la CUP a pulsar el acelerador con la cuestión de confianza para situarla en el centro del debate político y a romper relaciones con el Govern por el incumplimiento del acuerdo de investidura. "Es el momento de evidenciar que se ha llegado a un punto de no regreso", remarca el texto, que concluye que "no hay un giro a la izquierda ni una agenda por la autodeterminación". Así, la cuestión de confianza serviría, a su parecer, para "agudizar las contradicciones del bloque soberanista gubernamental", obligándolo a buscar el apoyo del PSC y de los comuns, a quienes considera los grandes aliados del ejecutivo.

Fuentes de la CUP señalan al ARA que el documento es fruto de "la preocupación de la militancia" por el rumbo de la legislatura y por "las recientes declaraciones de Vilagrà diciendo que no habrá cuestión de confianza". En cualquier caso, creen que tiene "poco recorrido" porque es potestad del presidente, y "la CUP tampoco tiene suficiente fuerza para hacer caer el Govern". Si la militancia estrictamente de la CUP validara el documento el sábado, el debate se trasladaría a la coordinadora abierta parlamentaria (COP, por sus siglas en catalán), que reúne representantes de las diferentes organizaciones de la candidatura, así como de las asambleas territoriales, para acabar de decidir qué posicionamiento adopta el grupo parlamentario. Una reunión que está prevista que se celebre el 14 de mayo y que, por lo tanto, podría incluir este punto en la orden del día.

Endavant y Poble Lliure, los dos grandes sectores de la formación, se muestran divididos, a pesar de que comparten el diagnóstico que la legislatura no sale del marco autonomista y que no se llevan a cabo políticas sociales valientes. Endavant, mayoritaria en las tres territoriales que presentan el texto, es partidaria de desvincularse completamente del ejecutivo después de mostrarse ya en contra de investir a Aragonès. Poble Lliure también cuestiona que el Govern tenga una hoja de ruta para encarar la legislatura, pero considera que la propuesta en discusión no presenta ninguna alternativa que no sea el repliegue.

Los comuns, distantes con Aragonès

La decisión final de someterse a una cuestión de confianza dependerá exclusivamente del president, pero si lo acabara haciendo lo tendría complicado para superarla. En plena negociación de los presupuestos, Reguant ya avisó que sería “complicado” que Aragonès superara una cuestión de confianza después de denunciar que el Govern “va en la línea contraria” de “las necesidades del país”. Los comuns, que permitieron la aprobación de los presupuestos, tampoco parecen inclinados a salvar al president si se presentara a una cuestión de confianza. "El rumbo que está teniendo el Govern, con la gestión de macroproyectos, no responde a las necesidades del país. Creo que se equivoca y nosotros no le daríamos confianza", avisó la presidenta de En Comú Podem, Jéssica Albiach, en una entrevista a la ACN el 17 de abril. 

Albiach dejó claro, en cualquier caso, que corresponde a la CUP decir si el jefe del ejecutivo tiene que someterse o no a una cuestión de confianza el 2023, como pactaron en la investidura, a pesar de que señaló que también servirá para ver si el president "es de palabra y cumple los acuerdos a los cuales llega". Con dos de sus teóricos aliados en contra y un PSC que espera su oportunidad para postularse como alternativa, el jefe del ejecutivo sabe de sobra que hacer este paso puede suponer el final de la legislatura.

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