El Govern reivindica la honestidad del jefe de gabinete de Illa que ha dimitido: "Continuará trabajando en el PSC"

BarcelonaEl Gobierno sigue reivindicando "la honestidad" y "la honorabilidad" de Eduard Rivas, el hasta ahora hombre fuerte de Salvador Illa. La portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, ha explicado que el presidente de la Generalitat ha descrito de esta manera al consejo ejecutivo de este martes al exjefe de gabinete del presidente de la Generalitat, que presentó la dimisión diez meses después de que saliera a la luz que se le investigaba judicialmente por presunta corrupción cuando era alcalde de Esparreguera. Así, la consejera de Territorio ha asegurado que Rivas no ha abandonado el ejecutivo catalán por una "falta de confianza" del líder del PSC, sino que se trata de una "decisión propia".

De hecho, Paneque ha confirmado que Rivas "continuará trabajando en el proyecto socialista", aunque no ha aclarado en qué posición y si ocupará algún cargo institucional. A pesar de esto, la portavoz del Gobierno ha evitado en diversas ocasiones responder explícitamente que el presidente de la Generalitat mantiene la confianza en su exjefe de gabinete y se ha escudado en el hecho de que solo quería reproducir exactamente las palabras de Illa en el consejo ejecutivo. En un buen principio, cuando se supo que era investigado por presuntas irregularidades, en marzo, fuentes de la presidencia reafirmaron explícitamente "la plena confianza en su persona".

Aunque salió a la luz que estaba siendo investigado judicialmente hace diez meses, Rivas no presentó su dimisión el viernes pasado, al día siguiente de que se levantara el secreto de sumario del contenido del teléfono móvil que le confiscaron. La investigación judicial que afecta a Rivas, que fue alcalde de Esparreguera entre 2015 y 2024, gira en torno a presuntas irregularidades de la Fundación para la Inclusión Laboral (FIL), con sede en este municipio del Bajo Llobregat y dedicada a ofrecer trabajo a personas con discapacidad intelectual, en riesgo de exclusión y vulnerabilidad. El juez indaga si parte del dinero procedente de contratos públicos acabó sufragando gastos privados ligados a la entidad.