El fiscal Bertossa amplia los investigados tres años después de abrir diligencias sobre el pago a Juan Carlos I

MadridEl fiscal del Cantón de Ginebra, Yves Bertossa, anunció en una audiencia de finales de junio pasado con algunos de los imputados que había decidido cambiar la situación procesal de testigo a imputado del presidente del banco Mirabaud, Yves Mirabaud, la entidad helvética que el 8 de agosto de 2008 recibió en una cuenta de la Fundación Lucum (primer beneficiario Juan Carlos I y segundo el entonces príncipe de Asturias Felipe de Borbón) los 100 millones de dólares que transfirió el Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí. 

La imputación, según ha anticipado El país, obedecería al hecho de que siendo Juan Carlos I una “persona expuesta políticamente” (PEP) por su condición de jefe de Estado en 2008, el banco incumplió uno de sus deberes de diligencia, cual era informar a la Unidad de Inteligencia Financiera helvética (UIF), el llamado MROS (Money Laundering Reporting Office Switzerland), sobre la operación. 

Hasta la imputación de Mirabaud, los investigados eran cuatro: Arturo Giancarlo Fasana, de la firma Rhône Gestion, consejero de Lucum; Dante Canonica, abogado de Juan Carlos I y consejero de Lucum; Corinna zu Sayn-Wittgenstein, examante del entonces rey, quien recibió el dinero como donación irrevocable; y el banco Mirabaud en calidad de persona jurídica. La quinta imputación supone ampliar el número de investigados, pero ningún curso de acción nuevo, según dijeron fuentes jurídicas al ARA. 

Bertossa abrió el procedimiento P/14783/2018 el 6 de agosto de 2018, tres semanas después de conocer las grabaciones de la conversación que mantuvo en 2015 Corinna zu Sayn-Wittgenstein y el comisario José Manuel Villarejo, en las que la ex amante del rey desvelaba el pago de comisiones en la adjudicación del contrato del AVE La Meca-Medina, un proyecto de 6.700 millones de euros, a un consorcio hispano-saudí. Allí se mencionaba la existencia de cuentas en Suiza y el nombre de dos hombres muy conocidos en Ginebra: Fasana y Canonica.

El fiscal ordenó una entrada y registro en la sociedad Rhône Gestion y se incautó abundante material sobre dos fundaciones: Lucum y Zagatka. En esta última, el primer beneficiario era Álvaro de Orleans, primo lejano del rey, Juan Carlos I tercer beneficio y el príncipe Felipe y las infantas Cristina y Elena, cuarto y quintas beneficiarias. El fiscal ha imputado desde la apertura de las diligencias un delito de blanqueo de capitales agravado del 305 bis del código penal helvético. Este delito requiere la existencia de un delito subyacente: por ejemplo, el pago de comisiones ilícitas o corrupción.

El fiscal, precisamente, ha imputado a Corinna con la sospecha de que al quedarse con los 100 millones de dólares actuaba como testaferro de Juan Carlos I, hecho que ella, en declaraciones en la causa, y Juan Carlos I, mediante una carta firmada en Ginebra el 12 de agosto de 2018, han negado. Sin embargo, en la demanda civil ante la Tribunal Superior de Inglaterra, la ex amante presenta evidencias en el sentido de que Juan Carlos I le exigió en 2014 la devolución del dinero.

Hasta ahora la investigación no ha conseguido acreditar el pago de los 100 millones de dólares como comisión ilícita por parte de Arabia Saudí, lo cual condiciona la posibilidad de sostener la acusación por delito de blanqueo de capitales y plantea la posibilidad de que la causa se quede en sanciones administrativas por incumplimiento del deber de diligencia en el caso de los gestores y banqueros. Juan Carlos I no ha sido nunca imputado.