Puigdemont, Comín y Ponsatí vuelven a perder la inmunidad parlamentaria

BarcelonaCarles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí han perdido por segunda vez la inmunidad parlamentaria como eurodiputados. El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha desestimado este viernes la petición de medidas cautelares que los tres europarlamentarios de JxCat habían solicitado cuando recurrieron el suplicatorio que ya les había dejado sin inmunidad en marzo pasado. Después de presentar esta denuncia a la justicia europea, sin embargo, el mismo TGUE decidió a principios de junio devolverles el privilegio parlamentario provisionalmente a la espera justamente de resolver sobre las cautelares. Ahora el vicepresidente del tribunal con sede en Luxemburgo se la ha vuelto a retirar porque no considera "suficientemente" acreditado el riesgo que puedan ser detenidos.

Todo ello no implica que se haya parado el proceso de la demanda que presentaron los de Junts para recurrir el suplicatorio sino que solo se trata de la resolución de las medidas provisionales. La denuncia sigue su curso, pero la argumentación de este viernes del vicepresidente del TGUE es relevante. En el auto, recuerda que la Eurocámara solo suspendió la inmunidad de los eurodiputados en todo la UE, pero no les ha retirado la inmunidad que ampara a los europarlamentarios cuando se desplazan entre sedes del Parlamento Europeo. "En consecuencia pueden desplazarse para asistir a las reuniones del Parlamento y no pueden invocar [...] un supuesto riesgo de ser detenidos, concretamente en Francia, con ocasión de un desplazamiento para participar en una sesión parlamentaria en Estrasburgo", sentencia el vicepresidente.

Y este no es el único motivo. El tribunal cree que los europarlamentarios "no han demostrado que pudieran ser objeto de una detención inminente" y aquí entra en juego el hecho de que la justicia belga rechazara la euroorden del ex conseller Lluís Puig. El vicepresidente del TGUE recuerda la decisión del 7 de enero de 2021 por la cual un juez belga desestimó la extradición del ex conseller, que formaba parte de la misma causa que los eurodiputados pero no contaba con inmunidad parlamentaria. Esta decisión motivó justamente que el Tribunal Supremo planteara una cuestión prejudicial en Luxemburgo para saber si Bélgica se equivocó no extraditándolo. Esta pregunta prejudicial implica la suspensión del proceso penal, es decir, que las euroórdenes están de nuevo en standby hasta que se resuelva y, por lo tanto, el TGUE considera que mientras sea así no tienen riesgo de ser detenidos: "Habiéndose suspendido el proceso penal a través de esta petición, la ejecución de las órdenes de detención europeas también ha sido suspendida, cómo ha indicado España que interviene en apoyo del Parlamento Europeo", dice textualmente el TGUE.

Dicho de otro modo, el vicepresidente del TGUE cree que mientras no se resuelva la cuestión prejudicial sobre la no extradición de Puig, no hay posibilidades de que Puigdemont, Comín o Ponsatí sean detenidos ni en Bélgica ni en ningún otro estado de la Unión Europea: "Mientras el Tribunal de Justicia no se pronuncie sobre el asunto prejudicial de Lluís Puig y otros, nada permite considerar que las autoridades judiciales belgas o las de cualquier otro estado miembro puedan ejecutar las órdenes de detención europeas dictadas contra los diputados y entregarlas a las autoridades españolas". Queda todo pendiente, pues, de que la máxima instancia del tribunal de Luxemburgo responda al juez Llarena.

Además, el tribunal recuerda que, a pesar de que se hayan denegado estas medidas cautelares, los eurodiputados de Junts podrán interponer nuevas medidas si después de la decisión de este viernes "son detenidos por una autoridad de ejecución de un estado miembro o se lleva a cabo alguna actuación dirigida a entregarles a las autoridades españolas". De aquí que Gonzalo Boye, abogado de los de Junts, haya interpretado la decisión a Twitter asegurando que "si se modifica la situación [de la cuestión prejudicial] se evaluarían de nuevo las medidas cautelares". Porque en caso de que se reactivara el proceso de las euroórdenes, podrían solicitarlas de nuevo al Tribunal General de la UE.

Al mismo tiempo, ha reaccionado rápidamente el presidente del comité de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara, Adrián Vázquez, el eurodiputado de Ciudadanos que encabezó todo el proceso del suplicatorio en el Parlamento Europeo. Vázquez ha opinado que Puigdemont, Comín y Ponsatí "deberían aprender una lección: no se celebran o lamentan decisiones judiciales hasta la sentencia firme", ha twitteado, y ha asegurado que "el Estado de Derecho funciona". También la eurodiputada del PP Dolors Montserrat ha twitteado yendo incluso más allá: "Europa es el garante más grande del estado de derecho ante aquellos que atacan nuestra democracia. Tienen que ser juzgados en España lo antes posible".

"Una poco de tila" ha recetado a su vez el ex president Carles Puigdemont en la misma red social, recordando que las euroórdenes están suspensas. En la práctica, pues, cambian pocas cosas pero lo que sí que tienen los de Junts ahora es la seguridad por escrito de que las euroórdenes están suspensas y que, por lo tanto, ninguna autoridad judicial de la UE los puede detener por la causa que les reclama el Tribunal Supremo. El ex conseller Toni Comín ha recalcado que hacía días que insistían en que las órdenes de detención estaban suspendidas pero que "el Estado no lo reconoce" y por eso ahora queda por escrito que efectivamente es así.

"Las autoridades españolas también declararon expresamente que aquella petición [la cuestión prejudicial] exigía la suspensión de las órdenes nacionales de detención dictadas contra los solicitantes y comportaba la suspensión de cualquier procedimiento para la ejecución de una orden europea de detención que se pudiera haber iniciado. También afirmaron que ningún tribunal de la Unión Europea podía ejecutar las órdenes europeas de detención en cuestión hasta que no se haya pronunciado el Tribunal de Justicia", dice el auto del TGUE.