Pactar o no pactar con el PSC

BarcelonaPactar o no pactar con el PSC. Este dilema hamletiano ha dividido y tensionado el independentismo desde el inicio del Proceso, y ahora es la militancia de Esquerra, pendiente de las negociaciones por la investidura de Salvador Illa, quien la vive en su propia carne. En realidad, el independentismo nunca acabó de romper por completo con los socialistas, ni siquiera durante los días más convulsos de octubre del 2017. Pero sí es cierto que hubo un alejamiento que tuvo su punto álgido en la aprobación de 155 y la participación de los dirigentes del PSC en las grandes manifestaciones unionistas como la del 29 de octubre de 2017 junto a Cs y PP.

El Proceso creó un escenario político bipolar, con independentistas en un lado y unionistas en el otro, con los comunes en medio. En el ámbito municipal, las direcciones de CDC primero, el PDECat y Junts després y de ERC siempre apostaron por pactos entre fuerzas independentistas, pero esta Cataluña bicolor nunca se acabó de producir del todo en el territorio porque en muchos municipios eran los socialistas quienes decantaban la balanza y ni Junts ni ERC estaban dispuestos a dejar escapar la oportunidad de tener la alcaldía. Por su parte, los socialistas seguían la consigna de Miquel Iceta de pactar con quien fuera necesario para estar en los gobiernos locales. Así que incluso en los años más duros del Proceso hubo gobiernos sociovergentes en ciudades como Vilafranca del Penedès, Figueres, Mataró o Girona, aunque a partir del año 2017 sólo se mantuvo el pacto en Vilafranca: en la capital gerundense, por ejemplo, la sucesora de Carles Puigdemont, Marta Madrenas, gobernaba con los socialistas hasta que rompió a causa del 155. ERC arrebató alcaldías a Junts con el apoyo de los socialistas en lugares emblemáticos como Sant Cugat del Vallès 2019, también en Figueres y en Tàrrega, y facilitó la alcaldía al PSC en Tortosa en 2023. A su vez Junts hizo lo mismo con ERC en Roses. Y mientras todo esto ocurría en el territorio, los republicanos criticaban a los postconvergentes por su pacto en la Diputación de Barcelona en el periodo 2019-2023, pero después de los pases municipales, fueron los republicanos los que se aliaron con el PSC en la Diputación Tarragona y Lleida. Y, más tarde, también acordaron entrar en la de Barcelona con los socialistas y los comunes.

Pero más allá de la cuestión aritmética y de poder, el debate que ha sobrevolado el independentismo durante todo este tiempo era qué relación debía establecerse con el PSC. Los partidarios de mantener los vínculos con el PSC defendían que si se les expulsaba del catalanismo, automáticamente desaparecía el consenso del 80 por ciento y se pasaba a un esquema norirlandés, de fractura al 50 por ciento entre dos comunidades irreconciliables. Aquí fue especialmente importante el posicionamiento de Òmnium Cultural y en especial de su líder, Jordi Cuixart, quien en una entrevista en el ARA desde la cárcel publicada el 8 de septiembre de 2019 afirmaba: "Quien piense que encontraremos una solución sin el PSC, se equivoca".

En cambio, los independentistas más irredentos defendían que cualquier acercamiento al PSC llevaba implícito un aguado del proyecto, y que era necesario marcar una clara línea divisoria entre unos y otros, aunque fuera al precio de hacer ingobernables algunas instituciones o incluso que gobernara la derecha en España. Estas posiciones se fueron haciendo fuertes en el ANC post Carme Forcadell y post Jordi Sánchez, con Elisenda Paluzie y Dolors Feliu, hasta desembocar en la postura actual de su presidente, Lluís Llach, que durante una manifestación el pasado día 13 reclamó a ERC que no haga presidente a Isla.

También dentro de Junts, especialmente entre los independientes que no provenían de la antigua CDC, esta postura es bien visible, aunque finalmente aceptaron votar la investidura de Pedro Sánchez. En ERC, en cambio, el debate tenía otro componente, ya que la estrategia política, conocida como ensanchar la base, pasaba por seducir a antiguos votantes socialistas. Por tanto, en algunos lugares esto pasaba por hacer una oposición dura a los socialistas, sobre todo en el área metropolitana, y en otros pactar para formar gobiernos de izquierdas.

La posición del PSC

Desde el punto de vista del PSC, y pese al escape de dirigentes, cuadros y votantes catalanistas que sufrieron entre 2015 y 2021, el partido nunca quiso renegar de su carácter catalanista de forma explícita ni quiso romper los puentes con los independentistas. El mismo 1-O, la alcaldesa de L'Hospitalet, Núria Marín, salió a la calle para criticar las cargas policiales y reclamar al delegado del gobierno de entonces, Enric Millo, que las detuviera. Durante todo octubre de 2017, y pese a participar en la manifestación unionista del 29-O junto a PP y Cs, Iceta mantuvo la interlocución con Puigdemont y el resto de líderes independentistas e incluso hizo de mediador con el gobierno español. El PSC votó a favor del 155, es verdad, pero también hizo gestiones para reducir su alcance (evitó la intervención de TV3, por ejemplo) y el expresidente José Montilla se ausentó de la votación en el Senado en un gesto que reflejaba la ruptura emocional de los socialistas catalanes en ese momento. Y posteriormente fue uno de los dirigentes del partido que acudió a prisión a visitar a los líderes del 1-O.

Sólo un mes después, el 7 de diciembre del 2017, y con Catalunya en estado de choque por el encarcelamiento y exilio de los dirigentes independentistas y con un gobierno del PP en Moncloa, Iceta afirmaba en una entrevista en el ARA: "Si hay condenas, en algún momento habrá que empezar a hablar de indultos". Muchos en el PSC consideraron que esas palabras fueron un grave error, por ejemplo Josep Borrell, quien en aquella campaña afirmó que antes de perdonar había que "desinfectar", porque consideraban que envió a muchos votantes espanyolistas a los brazos de Ciutadans, pero los hechos posteriores dieron la razón a Iceta: los indultos llegaron cinco años después.

El consenso por la lengua

Los independentistas fueron clave para que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa en el 2018 votando a favor de la moción de censura. Sin embargo, en la campaña del Parlament del 2021 firmaron un compromiso impulsado por un grupo de miembros de la ANC para no pactar con el PSC en la Generalitat. Sin embargo, durante esta última legislatura los de Salvador Illa han tenido un papel creciente. Primero porque a raíz de la salida de Junts del govern se convirtió en el socio prioritario de ERC para aprobar los presupuestos, pero también porque los socialistas formaron parte de consensos en torno a la lengua catalana. En mayo del 2022 PSC, ERC, Junts y Comuns cerraron un acuerdo para hacer frente a la imposición del 25% de las clases en castellano. Aquella fotografía representaba, aunque fuera simbólicamente, el retorno del PSC al consenso del catalanismo.

Desde entonces el PSC ha intentado que se visualizara este blog que representa el 80% de la cámara catalana y que ha logrado éxitos como el uso de todas las lenguas oficiales en el Congreso de los Diputados. La última vez ha sido esta misma semana, cuando PSC, Junts, ERC, comunes y CUP han votado en el Parlament la reforma del reglamento que debe permitir que los exiliados puedan votar. Fuera de ese consenso catalanista solo se sitúan el PP y Vox, que votaron en contra, y también Aliança Catalana, que se abstuvo, es decir, la derecha españolista y las extremas derechas. En el Congreso de los Diputados los mismos cuatro partidos votaron a favor de la investidura de Pedro Sánchez con la amnistía como principal punto.

Sin embargo, a nadie se le escapa que una cosa es llegar a acuerdos con el PSOE en Madrid, con el PSC en el Parlament o pactar en los ayuntamientos, y otra hacer presidente a Salvador Illa. Y serán los militantes de ERC quienes, con su voto, decidirán si ha llegado la hora de dar ese paso o no.