Pedro Sánchez, Fernando VII y los espías rusos: los jueces también hacen literatura

BarcelonaCon el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y su esposa en la otra punta del mundo, en una visita oficial a China, el juez Juan Carlos Peinado ha cerrado la instrucción y ha enviado a Begoña Gómez a juicio. Lo hizo este lunes en un auto lleno de referencias históricas y literarias, poco habituales en el lenguaje jurídico. Como ha hecho durante toda la investigación, en el último auto Peinado demuestra tener mucho interés en vincularla a su marido, aunque el papel de Sánchez no forme parte de la instrucción. Hasta cuatro veces se refiere a ella como "la esposa de", e insiste en que la actividad profesional de Gómez experimentó un crecimiento notable una vez Sánchez llegó a la Moncloa.

Pero este no es el elemento más polémico del documento. Ante la dificultad de encontrar jurisprudencia que apunte su tesis sobre el tráfico de influencias en este caso, Peinado afirma que para encontrar algo similar "habría que remontarse al reinado de Fernando VII". El juez concluye con dureza: "Por mucho que se busque en la jurisprudencia [...] no se podrá encontrar un supuesto de características similares, ya que las conductas que provienen de palacios presenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado". Una comparación que sitúa la residencia oficial del presidente en el centro de una trama de reminiscencias autocráticas.Esta no es la primera vez que Peinado se coloca en el ojo del huracán. En junio de 2025, en un lapsus que las defensas tildaron de "falta de rigor", el juez llegó a dar por muerta a Begoña Gómez en un escrito enviado al Tribunal Supremo para investigar al ministro de justicia Félix Bolaños: "La última fue en el tanatorio por la muerte de la Sra. Begoña Gómez", escribió, cuando realmente se refería al funeral del padre de Begoña. En junio de 2024 Peinado había sido criticado por intentar montar una "causa general" al definir su objeto de investigación como "todos los actos, comportamientos y conductas" de Gómez desde que su marido es presidente, una fórmula prospectiva prohibida por el derecho español.El "tridente" de la polémica

Peinado no es un verso libre, sino que se ha convertido en el último vértice de un triángulo de jueces que han marcado el pulso político del Estado con decisiones fuertemente cuestionadas. Uno es el ahora jubilado Manuel García-Castellón. El exmagistrado de la Audiencia Nacional nunca ocultó su aversión a la amnistía, y llegó a afirmar que "no está prohibida en la Constitución, pero en la Constitución tampoco pone que esté prohibida la esclavitud", para contradecir a los juristas que defendían su encaje legal. García-Castellón fue, además, el arquitecto de la tesis del "terrorismo" en el caso Tsunami Democrático, que intentó vincular la muerte natural por infarto de un turista francés en el aeropuerto de El Prat con las protestas. Afirmó que no se podía descartar que la muerte se produjera en un contexto de "coacción ambiental" compatible con el terrorismo en que se utilizaban "armas, artefactos y sustancias de similar potencia destructiva". Todo ello acabó en nada.

La punta del triángulo la culmina el juez Joaquín Aguirre, del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, ahora jubilado, también. Aguirre fue el motor de la "trama rusa" del independentismo dentro del caso Volhov. Su tesis, digna de una novela de espionaje, sostenía que el Kremlin ofreció a Carles Puigdemont "contar con diez mil soldados y pagar toda la deuda catalana", basándose en unos audios que encontraron en el móvil del exdirigente de CDC, Víctor Terradellas. Lejos de actuar solo en los juzgados, meses después, en enero de 2024, concedió una entrevista a una televisión alemana para denunciar la "influencia directa de Rusia en el proceso de independencia de Cataluña", hecho que "desestabilizaría primero la democracia española y abriría la puerta de atrás a la infiltración en todas las democracias liberales de Europa occidental".Tres magistrados, tres estilos, pero una misma constante: la capacidad de transformar el proceso judicial en un escenario de confrontación política de primer orden.