¿Es posible aprobar la ley de amnistía antes de la investidura?

MadridHasta hace poco, la amnistía era una cuestión de la que el PSOE no quería ni oír hablar. La mesa del Congreso, de hecho, con los votos de los representantes socialistas, había vetado varias veces la ley que intentaban impulsar los grupos independentistas. El argumento en ese momento era que la iniciativa era inconstitucional. Pero la aritmética parlamentaria puede hacer virar posiciones políticas y ahora los socialistas estarían dispuestos a negociar una ley de amnistía con Junts y ERC para revalidar el gobierno de coalición. De hecho, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont fue el primero en exigir que la norma estuviera aprobada antes de la investidura como una de las condiciones para votar a Pedro Sánchez. Con el calendario en la mano, ¿esto es posible?

Alberto Núñez Feijóo se someterá al debate de investidura el 26 y el 27 de septiembre. Si no hay un giro de última hora, fracasará. A partir de entonces, empezará la cuenta atrás para una hipotética repetición electoral. La fecha marcada en rojo en el calendario es el 27 de noviembre, cuando, si no se ha logrado investir a ningún presidente, se convocarían automáticamente unos nuevos comicios. Por tanto, para cumplir las exigencias del independentismo, la ley de amnistía en estos momentos tiene de margen dos meses para tramitarse. Es un plazo demasiado justo y casi insuficiente si se pretende seguir el proceso de tramitación ordinario. Sobre todo teniendo en cuenta que en estos momentos nadie ha presentado ni ha registrado el texto de la ley y que el PSOE no tiene intención de acelerar el proceso de negociación, o al menos de hablar de ello públicamente, hasta que no pase la investidura de Feijóo.

Las vías rápidas

Por tanto, sólo quedarían dos alternativas para que la ley de amnistía pudiera ver la luz antes de que Pedro Sánchez quedara investido. Una opción es que se utilice el procedimiento de urgencia –reduce a la mitad los plazos– para sacar adelante la normativa, el mismo que se siguió para derogar el delito de sedición del Código Penal. Este camino duró poco más de un mes: el 11 de noviembre el PSOE y Unidas Podemos registraron el texto en el Congreso y el 22 de diciembre el Senado dio la luz verde definitiva.

La diferencia con aquella situación es que ahora acaba de constituirse el Congreso y que todavía hay algunos órganos que ni siquiera se han puesto en marcha, como es el caso de las comisiones, que están por constituir. Esto significa que para iniciar la vía de urgencia que se utilizó para tramitar la reforma del Código Penal sería necesario un paso previo: crear las comisiones legislativas del Congreso. Normalmente es un trámite que se hace una vez se ha formado gobierno, porque se adecuan a los ministerios que se crean, pero nada impide hacerlo antes. Es decisión de la mesa. De hecho, existe el precedente del año 2016, cuando se constituyeron las comisiones tras las elecciones de diciembre del 2015. La legislatura acabó sin poder formar gobierno y con repetición electoral en junio de ese mismo año.

Si los impulsores de la ley de amnistía quieren utilizar esta vía, necesitarían al menos un mes y medio de margen para que quedara aprobada antes de un hipotético debate de investidura. Ahora bien, habría todavía una vía mucho más rápida, la tramitación por lectura única. Es un camino pensado para tramitar leyes que se caracterizan por su "simplicidad", tal y como se establece en el reglamento del Congreso, pero a la que los dirigentes políticos también recurren cuando se trata de cuestiones especialmente polémicas. El pleno, a propuesta de la mesa, debe validar el uso de este procedimiento, debatir las enmiendas a la totalidad y al articulado que puedan presentarse, y aprobar la ley con una última votación para después, en el caso de la ley de amnistía, derivarla en el Senado. Esta vía es la que se utilizará la próxima semana para aprobar la reforma del reglamento del Congreso para permitir hablar catalán, vasco y gallego en la cámara baja. En este caso, el debate estará en dos plenos, pero el reglamento abre la puerta a que pueda hacerse en uno solo.

La fecha en el horizonte del PSOE

Hasta ahora, Junts ha dicho que uno de los requisitos sine qua non para apoyar una investidura de Pedro Sánchez es ver antes la ley de amnistía aprobada. ERC ha sido más ambigua con el tema: la diputada Teresa Jordà había dejado la puerta abierta a aceptar que la norma no estuviera aprobada, siempre que hubiera un calendario para hacerlo o que se hubiera comenzado su tramitación, pero la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, defendió posteriormente que debía ser "posible" aprobarla antes de un debate de investidura.

Los planes del independentismo, a priori, no casarían con lo que el PSOE ha dicho en los últimos días. El portavoz de los socialistas en la cámara baja, Patxi López, explicó hace unos días que el partido trabajaba con la idea de que la semana del 17 de octubre podría celebrarse el debate de investidura de Pedro Sánchez –primero el rey Felipe VI tendría que abrir otra ronda de consultas–. Con esa fecha en el horizonte, es casi imposible que una ley de amnistía se haya aprobado antes. Y, aunque acabara yendo al límite con los plazos, de momento ni el PSOE ni Sumar se han comprometido a tenerlo todo listo antes de que Sánchez fuera reelegido presidente.