¿Están en riesgo los 2.000 millones de euros de los fondos europeos por la enmienda de la CUP?

BarcelonaSin presupuestos todo es más complicado, pero todo es posible. El Govern ha consignado en las cuentas del año que viene un incremento de más de 5.000 millones de euros respecto a los de 2020, entre los cuales destacan 2.000 vinculados directamente a los fondos europeos. ¿Qué pasará con este dinero si la CUP mantiene la enmienda a la totalidad y no se encuentran socios alternativos para sacar adelante los presupuestos? ¿Están en riesgo? La respuesta es sí y no. El hecho es que si a partir del 1 de enero vuelve a haber prórroga, estos recursos no formarán parte de los presupuestos, pero esto no significa que no se puedan incorporar a posteriori. Para hacerlo, el Govern tendría que aprobar un decreto para reclamar una ampliación de crédito al Parlament (por valor de 2.000 millones). Es, de hecho, una práctica habitual en la cámara, no solo cuando hay prórroga presupuestaria sino también cuando hay nuevas necesidades de gasto durante el año. Haría falta, eso sí, conseguir la mayoría parlamentaria necesaria, pero teniendo en cuenta que son fondos finalistas (es decir, que van asignados a un proyecto concreto y el Govern no tiene margen por reasignarlos) y que buena parte de los grupos los reivindican, no debería tener problemas para aprobarlos.

El margen de la Generalitat con estos fondos es muy reducido. Los recursos provienen de la Unión Europea y los canaliza el gobierno español. Por lo tanto, son los ministerios los que se encargan de seleccionar los proyectos, que tienen que ir vinculados a la digitalización y la economía verde. El Govern puede intentar influir en la decisión y ayudar a las empresas a conseguir una parte de ellos, por ejemplo con la oficina que ha presentado esta semana la conselleria de empresa. Pero la última palabra es del Estado, que transfiere los recursos a la Generalitat para que los destine específicamente a las empresas que se han seleccionado. Los recursos, por lo tanto, están y con una autorización del Parlament bastaría para gastarlos independientemente de si hay presupuestos o una nueva prórroga.

El funcionamiento es el mismo que se usa, por ejemplo, cuando se acuerda un incremento salarial para los trabajadores públicos. Se hizo por última vez en 2019, en prórroga presupuestaria. Fueron 814 millones de euros de incremento de crédito financiado gracias al fondo reservado por el Estado a las comunidades autónomas y con los anticipos del modelo de financiación. Precisamente los presupuestos de 2022 también incorporan una subida de sueldo para los funcionarios del 2% (más de 300 millones de euros) que, teniendo en cuenta los precedentes, tampoco tendría que ser un escollo difícil de superar considerando que estas cuestiones se acostumbran a validar por unanimidad. En 2021 también ha sido un año de prórroga presupuestaria y esto no ha sido impedimento para que el Parlament avalara un suplemento de crédito de 1.800 millones de euros destinados a las necesidades urgentes derivadas de la pandemia del covid-19 por anticipado del Fondo de Liquidez Autonómica.

Las limitaciones de una prórroga

Si, como por ejemplo, se trata de unos presupuestos expansivos, siempre hay margen para ir tirando ampliaciones de crédito, especialmente cuando los recursos llegan de las transferencias del Estado (que también está pendiente de aprobar las cuentas para el año que viene) y de la mejora de la economía. El problema de esta práctica si se generaliza y no se hace puntualmente es que puede atentar contra el espíritu de los presupuestos. Escribía sobre ello en el ARA cuando se presentó el proyecto, el catedrático de la UPF y exsecretario de Economía de la Generalitat Albert Carreras.

Hay al menos dos problemas más asociados a los incrementos de crédito en prórroga. El primero es la falsa sensación de ausencia de competencia, es decir, que la aprobación de un nuevo crédito esconde que estos recursos no se han destinado a otra partida. En los presupuestos queda claro lo que se destina a hospitales, escuelas y carreteras, pero si se aprueban por separado no se tiene la imagen global de lo que prioriza el Govern. El segundo problema es que se necesita negociar cada una de las partidas que se quieran aprobar, hecho que provoca que se acostumbre a optar solo por los proyectos que generan más consenso: en este caso podrían ser precisamente los fondos europeos y el incremento salarial de los trabajadores públicos. Se tendría que ver si los recursos para destinar a la gratuidad del P2 o el incremento de los recursos destinados a vivienda, por ejemplo, generan suficiente apoyo parlamentario.

Y una última cuestión, claro. Con una prórroga presupuestaria el Govern no tiene margen para hacer nuevas inversiones ni para ampliar las plantillas. Al menos en teoría, porque con el covid-19 ha quedado demostrado que siempre hay margen cuando llega una pandemia. En todo caso, la situación óptima para cualquier ejecutivo es la aprobación de los presupuestos y esto es lo que se ha conjurado a hacer el Govern. De momento, con la CUP.