Madrid / BarcelonaVía libre a los indultos de los presos políticos. La sala tercera del Tribunal Supremo ha desestimado los recursos que presentaron PP, Vox y Cs porque consideran que no están legitimados para impugnarlos. Así, los jueces del ámbito contencioso-administrativo ni siquiera tendrán que entrar en el fondo de la cuestión y determinar si Pedro Sánchez incumplió la ley a la hora de conceder la medida de gracia a los líderes del Procés. El procedimiento no ha superado la fase previa de reconocer como legítimos a los diputados, partidos y entidades que intentaron tumbar los indultos. La Abogacía del Estado, en representación del gobierno español, había alegado en este sentido y la sala tercera le ha dado la razón.
La decisión del alto tribunal llega seis meses y 26 días después de que los presos políticos salieran en libertad, en la que fue una de las acciones más arriesgadas del presidente del gobierno español esta legislatura. Sánchez argumentó que era la "mejor decisión para Catalunya y España" en beneficio de la "convivencia". La Moncloa admitió que en Europa no se acababa de entender que nueve dirigentes políticos y sociales llevaran casi cuatro años en prisión y el aterrizaje de la mesa de diálogo se hacía complicado con esta anomalía. La concesión tardó un año y medio desde que se presentó la primera petición, pero a finales de 2020 Sánchez les abrió la puerta de manera clara.
La derecha criticó desde el principio que los indultos eran la verdadera moneda de cambio del apoyo de Esquerra a los primeros presupuestos del gobierno de PSOE y Unidas Podemos, sobre todo porque los republicanos no sacaron ningún otro acuerdo político. En cambio, este 2021 han batallado por el catalán en la ley del audiovisual. La Fiscalía y el tribunal que juzgó el 1-O, presidido por Manuel Marchena, apuntaron en este sentido y alertaron que la medida de gracia no podía ser una manera de mantener las mayorías parlamentarias. Algunos de los beneficiados son líderes de los partidos que, "a día de hoy, garantizan la estabilidad del gobierno español", subrayaba el Supremo.
Apenas una semana después de la liberación, el PP ya interpuso un recurso por cada medida de gracia otorgada, pero no se quedó allí: también presentaron diputados y exdiputados en el Parlament –Alejandro Fernández, Santi Rodríguez, Andrea Levy, Juan Milián y Lorena Roldán– y también el exdelegado del gobierno español en Catalunya Enric Millo. El primero que había optado por recurrir en nombre de políticos individuales y no del partido fue Cs: lo hicieron los dirigentes Inés Arrimadas, Carlos Carrizosa y José Maria Espejo-Saavedra, miembros del Parlament durante la legislatura del 2017. Las entidades Convivencia Cívica Catalana y Pro Patrimonium Sijena y Jerusalén también han visto cómo sus acciones legales no han prosperado y el alto tribunal tampoco ha considerado válido el recurso de Vox, aunque el partido formara parte del juicio del Procés como acusación popular.
No ha dado frutos ninguna fórmula, tampoco la argucia que el partido naranja ideó a la hora de formalizar la demanda el octubre pasado. Pidió al Supremo que declarara inconstitucional una parte de la ley del indulto de 1870; concretamente, la que hace referencia a la posibilidad de conceder la medida de gracia por razones "de utilidad pública". Según explicó el portavoz de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, esta era la primera vez que se utilizaba esta justificación y permitía indultar por "motivos políticos". El también abogado del Estado se jactaba de haber acertado en la vía para tumbar la medida de gracia, pero no le ha funcionado.
Vox recurrirá ante el TC
Según ha precisado la sala tercera en un comunicado, el contenido íntegro de la resolución y la argumentación se conocerá en los próximos días. Las formaciones y las entidades que impugnaron los indultos todavía pueden interponer un recurso de súplica para que se reconsidere la resolución actual, pero la resolverían los mismos magistrados de la misma sección. También pueden acudir al Tribunal Constitucional si consideran que se han vulnerado derechos fundamentales. Esto hará Vox, según ha dicho su portavoz en el Congreso, Macarena Olona. "Nuestra posición no es la misma que la del resto de partidos", ha escrito en Twitter.
Antes de la decisión de este jueves, el Supremo ya había rechazado la suspensión cautelar de la medida de gracia que pedían Cs y Vox. En los últimos meses el Supremo ya había ido dando avales indirectos a los indultos. Primero, lo hizo rechazando una querella contra el presidente del gobierno español presentada por el partido ultraderechista Derecha Liberal Española por la medida de gracia. En este caso enterraba la vía penal. La contenciosa-administrativa era la única posible para revertir los indultos, pero que la sala tercera desestimara los recursos del PP y Vox contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado por falta de legitimación ya era un indicio de lo que acabaría sucediendo este jueves.
El recurso que no pide al Supremo que los líderes del Procés vuelvan a prisión
Solo hay un recurso que no se moja sobre la libertad de los presos políticos. Ni dice si tienen que volver a prisión ni si ya están bien fuera. La asociación Pro Patrimonium Sijena y Jerusalén no recurrió con el objetivo de solicitar la suspensión de la medida de gracia, sino para que el Supremo "clarifique sin más dilación la situación de los presos indultados" y la entidad la tenga clara de cara al conflicto entre Catalunya y Aragón por las obras del Monasterio de Sijena. Este es, de hecho, el principal argumento con el cual legitiman su acción legal, puesto que en el recurso, según Efe, fundamentan su petición por la negativa del Govern catalán a entregar las obras de arte.
Si bien admiten que las caras visibles eran los entonces consellers de Cultura, primero Santi Vila y después Lluís Puig, añaden que la decisión fue "colegiada" del ejecutivo, y, por lo tanto, implica a todos los ex consellers. También a Jordi Cuixart, porque, según dicen, Vila consensuaba la posición sobre el tema de Sijena con el presidente de Òmnium. En cambio, no impugnaron la medida de gracia concedida a Jordi Sànchez y Carme Forcadell.
Y es que, precisamente, esta asociación se creó solamente para recurrir los indultos. Santi Vila y Lluís Puig seguramente oyeron hablar de la entidad Sijena Sí, una de las que tenía más presencia en la defensa del regreso de las obras de arte a Aragón. Sin embargo, cuando llegó la hora de decidir qué hacer con los indultos, Sijena Sí se empezó a agrietar. Primero, dijeron que los recurrirían, pero emergieron las divisiones internas y se enfriaron sus relaciones con el PSOE. Ante esto, dieron marcha atrás. Uno de sus miembros, el abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena que llevó la causa abierta con la Generalitat, Jorge Español, decidió hacer la guerra por su parte y creó la Asociación Pro Pratimonium Sijena con la única finalidad de recurrir los indultos.
