El Tribunal de Cuentas concreta este martes las fianzas millonarias por la acción exterior de la Generalitat
Sánchez enfría las vías para desactivar la causa
MadridJusto una semana después de la concesión del indulto a los presos políticos por parte del consejo de ministros, los representantes de hasta 41 cargos y ex cargos de la Generalitat tienen cita este martes ante un tribunal que no es realmente un tribunal para que previsiblemente les comunique una fianza millonaria -que podría llegar a los 5,4 millones de euros, según El País- que amenaza su patrimonio y el embargo de todos sus bienes. Es la revancha económica, la última rendija que ha encontrado la justicia española para mantener la vía del castigo al 1-O, aunque sea a través de un órgano politizado y meramente administrativo capitaneado por miembros que juzgan sin ser jueces: el Tribunal de Cuentas.
En el punto de mira está la política exterior del Govern de 2011 a 2017 y en la diana, entre otros, los ex presidents Artur Mas y Carles Puigdemont, así como el ex vicepresidente Oriol Junqueras y el ex conseller de Economía Andreu Mas-Colell. La inclusión del economista entre los investigados ha despertado una oleada de solidaridad las últimas semanas -la última, de miembros del Carec-. A los abogados de todos ellos se les comunicará entre este martes y miércoles el fin de la instrucción de la causa por responsabilidad contable, lo que se conoce en lenguaje administrativo como acta de liquidación provisional, y el valor de la fianza.
Es el fin de un primer trámite repleto de irregularidades que ha contado con una voz discordante: una consejera designada por el PSOE, autora del voto particular demoledor en contra del informe sobre la actividad exterior de la Generalitat, en el que acusa a sus compañeros de estar haciendo "juicios de valor" e "interpretaciones que no están lo suficientemente fundamentadas". El Tribunal de Cuentas no espera sorpresas. La causa está en manos de la misma consejera que obligó a la cúpula del Govern de Artur Mas a pagar una multa de 4,9 millones de euros a la Generalitat -a pesar de que el ejecutivo catalán, como ahora, no los había reclamado ni estaba personado en la causa-, la exministra de Justicia del PP e hija de un juez del Tribunal de Orden Público franquista (TOP) Margarita Mariscal de Gante.
A partir de este martes los abogados recibirán un por uno los detalles de la instrucción, así como también la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acción popular representada por Societat Civil Catalana -la misma entidad que llevó el 9-N al Tribunal de Cuentas-. Una vez se les comunique la fianza, tendrán 15 días para depositarla y después pueden recurrir. Fuentes del Tribunal de Cuentas apuntan al ARA que la decisión final, lo que se entendería por juicio a pesar de que no tiene poderes para juzgar, puesto que es un órgano administrativo, no llegará hasta el próximo curso político.
El PP bloquea la renovación de los consejeros
A lo largo de este recorrido el gobierno español podría mover ficha para desactivar lo que para el ministro de Transportes y mano derecha de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, se ha convertido en una "piedra en el camino" para el diálogo. Con toda probabilidad será motivo de conversación entre el presidente del gobierno español y el de la Generalitat, Pere Aragonès, en la Moncloa. Pero Sánchez ya ha enfriado este lunes una solución a corto plazo: en una entrevista a la SER ha señalado que "respeta" el trabajo del Tribunal de Cuentas y ha descartado hacer cambiar de parecer a la Abogacía del Estado, personada en la causa y que podría retirarse. Ahora bien, ha puntualizado que toda decisión del Tribunal de Cuentas es recurrible.
Pero dentro del gobierno español hay voces más claras, como la de la ministra de Igualdad y número dos de Podemos, Irene Montero, que reclama hacer lo posible para eliminar la "causa". El problema es que una de las vías sería la inminente renovación del Tribunal de Cuentas, pero el líder del PP, Pablo Casado, ya ha avanzado que la bloqueará, mientras que JxCat presentará una iniciativa en el Congreso para que la Abogacía del Estado se retire de la causa, una forma de obligar a la Moncloa a retratarse.
