La Audiencia Nacional deja en libertad con medidas cautelares Leire Díez, el expresidente de la SEPI y el empresario Antxon Alonso

MadridLa legislatura de Pedro Sánchez está cada vez más pendiente de los tribunales. La angustia se esparce entre las filas socialistas especialmente después de una semana que ha dejado dos novedades: cinco detenciones que han hecho emerger dos nuevas causas –que siguen secretas– y un informe de la Guardia Civil que vuelve a salpicar a José Luis Ábalos. Son investigaciones en curso, precisamente, sobre temas que golpean el corazón de la hoja de ruta política del presidente español y la génesis de su llegada a la Moncloa. De los cinco detenidos, la Audiencia Nacional ha dejado en libertad al exmilitante socialista Leire Díez, Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI, y al empresario vasco Antxon Alonso, propietario de la mercantil Servinabar y amigo de Santos Cerdán, ex secretario de organización del PSOE. Todos ellos han salido a la calle con medidas cautelares (retirada de pasaporte y comparecencias periódicas) después de que la fiscalía no haya reclamado su ingreso en prisión.

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Leire Díez –la exmilitante socialista conocida como fontanero del PSOE– fue detenida el miércoles en una investigación relativa a contratos públicos. Ahora bien, su nombre saltó a la fama el pasado mes de mayo por las maniobras que hacía a escondidas para intentar desmontar las causas del entorno de Pedro Sánchez. En una reunión con el fiscal Ignacio Stampa, se presentó como la "mano derecha" de Santos Cerdán que "nunca aparecerá en ninguna parte". Pero salió a la luz cuando se la escuchó pidiendo información comprometida de Antonio Balas, dirigente de la UCO. Esto la llevó a ser investigada por un juzgado de Madrid, junto con el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol.

La misma nueva pieza de la Audiencia Nacional que afloró el miércoles desembocó en la detención de Antxon Alonso, el propietario de Servinabar. Es la empresa que se aliaba con Acciona para conseguir los contratos públicos que investiga el Tribunal Supremo y de la que la Guardia Civil sostiene que Santos Cerdán tenía un 45% –un extremo que él ha negado en todo momento–. La tercera detención fue la de Vicente Fernández Guerrero, que fue presidente de la SEPI desde que Sánchez llegó a la Moncloa hasta su destitución en el 2019. Posteriormente, trabajó en Servinabar. También está investigado José Vicente Berlanga, expresidente de la empresa pública Enusa. Además, en los últimos días ha habido diecinueve registros en distintos puntos del Estado y agentes de la UCO han acudido a Correos ya sedes de los ministerios de Hacienda y de Transición Ecológica con solicitudes de información.

Al día siguiente trascendió una causa del juzgado de instrucción número 15 de Madrid sobre la aerolínea Plus Ultra –rescatada con dinero público en el 2021– por presunto blanqueo de capitales. En el marco de esta investigación, también secreta, fueron detenidos Julio Martínez –propietario de la aerolínea– y Roberto Roselli –director ejecutivo de la compañía–. Este sábado el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha dejado en libertad con medidas cautelares a Díez, Fernández y Alonso. La fiscala Elisa Lamelas no reclamó prisión y solicitó que los tres salgan en libertad y que se les impongan comparecencias en los juzgados y la retirada del pasaporte después de que Fernández y Alonso hayan comparecido esta mañana ante el magistrado.

Obra pública y mascarillas en el Supremo y en la Audiencia Nacional

Volviendo al Supremo, Santos Cerdán –que fue la mano derecha de Sánchez hasta quince días antes de entrar en prisión, donde se pasó cinco meses– está investigado porque la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil consideró que era "el encargado de gestionar" comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública. En total, hablaba de 620.000 euros en "mordidas" que se repartía con José Luis Ábalos y Koldo García. Las nueve adjudicaciones bajo sospecha ascienden a 623 millones de euros, de los que la mayor parte corresponden a Acciona.

Un segundo informe de la UCO apuntaba que Acciona pagaba a Servinabar un 2% de las adjudicaciones que ganaba –un porcentaje que los exdirigentes de la compañía investigados atribuyeron a servicios prestados– y detallaba las "contraprestaciones" que recibía el entorno del exdirigente del PSOE. Por ejemplo, el alquiler de un piso para él por valor de 62.000 euros, sueldos de un total de 85.000 euros para su mujer, su hermana y su cuñado y una tarjeta de Servinabar con la que su mujer se gastó 33.000 euros.

El juez ha ido más por trabajo con la investigación relativa a la compra de las mascarillas durante la pandemia. Según el instructor, la empresa que está en el epicentro de la presunta trama, Soluciones de Gestión, vendió mascarillas a distintos organismos públicos por más de 50 millones de euros. En las ventas a Puertos del Estado y Adif, Víctor de Aldama habría logrado un beneficio de 3,7 millones de euros. Para lograr su influencia, el juez sostiene que Aldama pagó 10.000 euros mensuales a Ábalos y Koldo del 2019 al 2021. El jueves el instructor envió los tres a juicio, que está previsto que se celebre a finales de febrero.

Las obras públicas y las mascarillas también están bajo el foco de la Audiencia Nacional. En el primer caso, con Isabel Pardo de Vera –expresidenta de Adif– y Javier Herrero –ex director general de Carreteras– como imputados. En el segundo, investiga a Koldo García, Víctor de Aldama, tres ex altos cargos del ministerio de Transportes –como el ex secretario general de Puertos del Estado– y diecinueve personas más.

Sin irse de la Audiencia Nacional, hay dos causas más con ecos del caso Koldo. La primera es la trama de los hidrocarburos vinculada a Villafuel. El jueves se conoció un informe de la UCO que sostenía que la presunta trama logró una "posible penetración" en el ministerio de Industria de Reyes Maroto y en el ministerio para la Transición Ecológica de Teresa Ribera con el objetivo de influir en la autorización para operar en el mercado mayorista. Destinó un millón de euros. Por ejemplo, compró un chalet en Cádiz por 585.000 euros para Ábalos: "Dispuso materialmente de la vivienda y la disfrutó", decía la UCO. La segunda causa es la relativa a los pagos que hacía el PSOE en sobres. De momento, el juez ha pedido a Ferraz información y documentación sobre todos los pagos en efectivo entre 2017 y 2024.

Begoña Gómez y David Sánchez

Por último, hay otras dos causas del entorno personal de Pedro Sánchez: el de su mujer y el de su hermano. Son las que han llevado al presidente español a acusar a los jueces que las han impulsado de "hacer política". Begoña Gómez está investigada, fundamentalmente, por su papel como codirectora de un master en la Universidad Complutense. En la causa también están investigados su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés. El juez Juan Carlos Peinado quiere que el juicio -si llega- se haga con jurado popular. Y David Sánchez será juzgado a partir de finales de mayo por la creación de su puesto de trabajo en la Diputació de Badajoz. También se sentará en el banquillo el líder del PSOE de Extremadura y candidato a las elecciones de la próxima semana, Miguel Ángel Gallardo.