Vergés niega haber retrasado las vacunas a los policías y dice que seguía órdenes del Consejo Interterritorial

BarcelonaTurno de la exconsejera de Salud Alba Vergés para explicarse en el juicio por la vacunación contra la covid a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados a Cataluña. En su declaración se ha centrado en explicar que siempre siguieron los criterios que fijaba el Consejo Interterritorial de Salud sobre la estrategia de vacunación, también cuando se decidió priorizar las dosis de AstraZeneca para las personas de entre 55 y 65 años. Esto, ha matizado, no impedía que los grupos de trabajadores esenciales –como policías, personal sanitario o docentes– pudieran continuar recibiendo dosis, pero se tenía que hacer "a medida que llegaban las vacunas". De hecho, cuando le han preguntado directamente, ha negado que diera ninguna orden para retrasar la vacunación a los agentes.

"Nuestra intención desde el principio fue vacunar a todo el mundo, también a los colectivos esenciales. Como se decide en la reunión del Consejo, empezamos por los más mayores, pero no decimos que no se pueda vacunar a los esenciales a la vez", ha explicado Vergés. De hecho, ha señalado que uno de los mensajes que constan en la causa es el que ella envió al grupo "Important coronavirus", que compartía con otros responsables de Salud, donde explicaba la decisión del Consejo y les pedía: "Hagámoslo compatible todo".

Vergés ha añadido que era el ministerio de Sanidad quien repartía las vacunas entre las comunidades autónomas, y que la escasez de dosis fue lo que hizo que se priorizara la vacunación a las personas mayores, porque era la franja de edad que registraba más muertes y hospitalizaciones por covid. "En aquel momento nadie más joven de 80 años se había podido vacunar, y era absolutamente prioritario ir bajando por edad", ha defendido.

La exconsejera ha recordado que la vacuna de AstraZeneca se dejó de usar temporalmente porque se habían detectado efectos secundarios adversos. Ha recordado que hasta entonces esta vacuna se había dedicado a los colectivos de trabajadores esenciales, no solo policías, y que en aquel momento muchos vieron que les cancelaban la cita para vacunarse. Cuando se reanudó la vacunación con AstraZeneca, había 100.000 dosis disponibles para medio millón de personas de entre 60 y 65 años, incluyéndolos a ellos, los policías.

"Nunca me olvidaré"

Cuando ya llevaba cerca de una hora respondiendo a las preguntas de la fiscal y de los abogados de las defensas, a Vergés se le rompió la voz al recordar aquellas fechas: "Llevábamos un año gestionando la pandemia sin vacunas. Yo salía cada día a ruedas de prensa y estaba al frente del departamento de Salud, y explicaba a la gente la cantidad de personas que se morían, que ingresaban en la UCI... Las vacunas eran la esperanza del cambio".

"Siempre se quiso vacunar a todo el mundo lo más rápido posible", ha insistido Vergés. "No me olvidaré nunca, hubo un cambio de paradigma brutal en las residencias cuando empezamos a vacunar", ha añadido.

Este viernes también declararán ante el tribunal el exsecretario general de Salud Marc Ramentol; el entonces director de servicios, Xavier Rodríguez, y Adrià Comella, que dirigía el CatSalut. El martes ya declaró el también exconseller de Salud Josep Maria Argimon, que entonces era director del Institut Català de Salut y secretario de Salut Pública. Todos se exponen a una condena de doce años de inhabilitación por prevaricación al supuestamente haber "discriminado" a los policías y guardias civiles a la hora de vacunarse. El juicio se reanudará el lunes por la mañana, cuando las acusaciones tendrán la oportunidad de ratificar o modificar la condena que piden.

Un "tratamiento específico"

Por su parte, Ramentol ha ratificado la versión de Vergés y ha asegurado que en ningún momento quisieron discriminar a nadie. Al contrario, ha dicho que la Policía Nacional y la Guardia Civil fueron los únicos cuerpos que tuvieron un "tratamiento específico", porque no se vacunaban en centros de salud, sino que el personal sanitario se desplazaba a dependencias policiales. También ha remarcado que, justo antes de que el ministerio de Sanidad ordenara parar la vacunación con AstraZeneca por las trombosis que había producido, se vacunaron unos 200 guardias civiles en tres días, y 700 más cuando un auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenó hacerlo inmediatamente.

Rodríguez se ha referido a esta orden judicial, que causó "una grave distorsión" porque obligó a saltarse el criterio de priorizar a las personas mayores y, además, forzó a usar en los agentes dosis de Moderna, que entonces se reservaba para personas con patologías graves. "Es de las cosas más graves que han ocurrido en el proceso de vacunación en Cataluña, y me afecta personalmente", ha dicho. Finalmente, Comella ha aprovechado su declaración para remarcar que cumplían lo que marcaba la estrategia de vacunación del Consejo Interterritorial, y ha insistido en la complejidad de organizarla.