Juntos votará contra el reparto de migrantes menores en el Estado si no se excluye a Catalunya
La Generalitat se abre a la acogida, pero rechaza "imposiciones" y pide más recursos
MadridJuntos vuelve a marcar perfil en el debate sobre la inmigración. Bajo el pretexto de estar negociando con el gobierno español la transferencia de las competencias en esta materia, la formación de Carles Puigdemont ha advertido este jueves de que, si no se excluye a Catalunya del reparto de menores inmigrantes, votará en contra de la reforma de la ley de extranjería que prevé establecer el reparto en las comunidades autónomas de 6.000 menores que han llegado a Canarias. Su voto podría ser determinante si el PP deja de apoyar la iniciativa, pero el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quiere asegurarse el aval de los conservadores, dado que muchas administraciones territoriales están gobernadas por el PP. Por si fuera poco, algunas en coalición con Vox, que no ha descartado romper algunos gobiernos autonómicos si los populares aceptan la acogida de estas personas.
Fuentes de Junts recuerdan que el pasado octubre Cataluña ya acogió a casi 2.000 personas de las 6.000 que se distribuyeron por todo el Estado, con un acompañamiento de recursos de sólo 1,8 millones de euros, frente a los 50 millones que se destinaron a Canarias. En la misma línea, la Generalitat -gobernada por ERC- ha emitido un comunicado en el que pide al Estado que asuma la financiación de estas acogidas. En su caso, no cierra la puerta a aceptar el reparto, si bien pide que no sea una "imposición unilateral" y que se "garantice un sistema de reparto justo y equilibrado con unos criterios claros y transparentes entre los distintos territorios". En los próximos días debe celebrarse una conferencia sectorial con las comunidades autónomas para abordar esta cuestión.
El PSOE cumple un acuerdo con Junts
La negociación por el traspaso de competencias en materia de inmigración en Cataluña se abrió después de que Junts aprobara in extremis dos reales decretos del gobierno español a finales del pasado año. También votó a favor con el compromiso de que la Moncloa derogaría un artículo de la ley de enjuiciamiento civil que obliga a la paralización de los procedimientos abiertos cuando se presenta una cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pues bien, el decreto anticrisis que recientemente ha aprobado el gobierno español y que se ha publicado en el BOE este jueves incorpora la derogación de ese precepto. Es decir, la legislación española ya no dirá que los procedimientos judiciales deben detenerse obligatoriamente cuando existe un recurso en el TJUE –es una de las cuestiones que están sobre la mesa, por ejemplo, con la ley de amnistía. Esto no quiere decir que, por el contrario, se obligue a continuar el procedimiento: la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha dejado claro que "con independencia" de este cambio legal, la jurisprudencia y la costumbre judicial es que las causas se paralicen cuando se recurre a Europa.
Adiós al veto del Senado en la senda de estabilidad
Además, el Congreso ha aprobado este jueves la ley de paridad que, entre otras cuestiones, obliga a que haya un mínimo de mujeres en los consejos de administración de las grandes empresas. La norma, sin embargo, se ha aprobado con una enmienda relevante, aunque nada tiene que ver con la materia: acabar con la capacidad de veto del Senado en la senda de estabilidad, es decir, la capacidad de vetar a los objetivos de déficit y deuda del Estado. El ejecutivo de Pedro Sánchez ya había intentado modificar ese poder de la cámara alta española, pero el adelanto electoral en España en el 2023 dejó la iniciativa en un cajón. Ahora, ha vuelto y lo ha logrado.
El cambio es relevante porque llega en un momento en que el PP tiene mayoría absoluta en el Senado, algo que los conservadores ya utilizaron para tumbar los objetivos de déficit y deuda que el gobierno español planteaba este 2024 para todas las administraciones ( Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos). Tumbarlos implica de facto tener que asumir los anteriores objetivos aprobados. Con esta enmienda, de cara a los presupuestos de 2025, el gobierno español no debería preocuparse. El PP ya ha puesto el grito en el cielo y la ley de paridad será probablemente tumbada en el Senado. Una vez esto ocurra, volverá al Congreso, donde el bloque de investidura podrá aprobarla definitivamente y, por tanto, la enmienda tendrá luz verde.
