Caso Errejón: "Después se preguntan por qué las mujeres no denuncian la violencia machista"

BarcelonaLa filtración del vídeo del interrogatorio al exportavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, ya la actriz Elisa Mouliáa atenta contra el artículo 68 de la ley de enjuiciamiento criminal, que vela por la intimidad de las víctimas de agresión sexual. De hecho, la publicación del proceso ha sido denunciada por el Consejo General del Poder Judicial y el gobierno español, para quien el tono del juez instructor deja en evidencia la necesidad de que todos los casos de violencias machistas acaben en tribunales especializados.

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Más allá de la responsabilidad de la filtración, las expertas en violencia machista afirman que el comportamiento del juez Adolfo Carretero a la hora de interrogar a la víctima y el acusado es "más habitual de lo que parece", y el vídeo conocido sólo pone sobre la mesa "el porqué las mujeres no denuncian más en los juzgados", apunta la abogada Marisa Fernández, actualmente jubilada, pero que sigue asesorando a mujeres que sufren violencia machista.

Según estimaciones oficiales, menos del 10% de agresiones sexuales acaban en los juzgados: "Después se preguntan por qué las mujeres denuncian por redes y no acuden a la policía y los juzgados; porque tienen miedo de no ser creídas" , subraya Fernández. La letrada apunta a que la obligación de los magistrados es la de "asegurar la protección y intimidad de las vistas", pero que en el interrogatorio el juez ha hecho más "de acusador que de instructor". Comparte diagnóstico Nahxeli Beas, abogada de la Asociación de Mujeres Agredidas Sexualmente (ADDAS), para quien la interrogatorio tiene el "regusto inquisitorial que aún prevalece en el proceso penal" -BK_SLT_LNA Carretero interrumpe varias veces en Mouliáa, que intenta explicarse entre la emoción y los nervios de la situación. "¿No será que usted sí quería algo con ese señor [Errejón]?", le espeta, para insistir con: "¿Usted le dijo que parara?" o "iba bebida, ¿seguro?". Para las abogadas, el interrogatorio contiene todo el manual de lo que no debe producirse en un juzgado en casos de violencia machista, en las que las mujeres deben revivir situaciones dolorosas o traumáticas.

atentan contra los principios de la ley del sólo sí es sí, ya que obvian el consentimiento. La norma, aprobada tras la sentencia de La Manada de los Sanfermines, concede que la negativa de la mujer no debe medirse con la resistencia que ofrece durante la agresión, porque muchas se bloquean por miedo o vergüenza o incluso no son conscientes más tarde de que son agredidas.

Violencia institucional

Poco menos de la mitad de las 140 denuncias que recoge el nuevo Observatorio de las Violencias Institucionales Machistas (OVIM) se han producido en el ámbito judicial, apunta la portavoz del organismo, Marina Oliva Segura, quien añade que este "maltrato institucional" hacia las mujeres no sólo ocurre en los juzgados de instrucción ordinarios, sino también en los especialistas en violencia sobre la mujer. "Es una práctica hostil, revictimizadora, un cuestionamiento basado en estereotipos machistas", relata la experta, quien también critica que muchas de las quejas recogidas se centran en que los magistrados y jueces enfocan los interrogatorios en los que las mujeres "denuncian cómo a venganza o por motivos ocultos y oscuros". En el caso de la actriz Mouliáa, Carretero también sugiere si actúa por despecho de sentirse rechazada.

Según OVIM, otras mujeres también relatan cómo los jueces "tratan de manera diferente a los agresores que a las víctimas", a los que se trata como "culpables" directamente. La abogada Fernández insiste en que "las mujeres viven un calvario" cuando en la sala se las "interrumpe y se cuestionan sus respuestas constantemente". En este punto, Beas habla de la vigencia de los "estereotipos de mujer mentirosa y maligna" que pesan contra las denunciantes y que, en definitiva, acaban siendo "la tormenta perfecta para la revictimización" de las supervivientes. "Esta revictimización agrava la sintomatología que ya sufren muchas de las mujeres que han enfrentado violencias sexuales, así como el sentimiento de culpa y reproche social hacia su persona", concluye.

Blanca Tullueda es una mujer que denuncia este maltrato institucional en sus carnes, con jueces que le han hecho "preguntas capciosas que contenían la respuesta, nada ecuánimes ni neutras" y que le han hecho sentir como una mujer "que quiere sacar rédito" de la denuncia. También Ana Bella Estévez, una superviviente que montó su propia fundación de ayuda a otras mujeres, vio escandalizada el vídeo del caso Errejón, porque sostiene que el juez "guía el interrogatorio para ser la voz de la defensa" del expolítico y exige a Mouliáa que mantenga "la línea temporal de los hechos o detalles de dónde estaba la cerradura de la puerta, cuando no se les pregunta a él".

Estévez reclama "empatía" a la justicia. Sin nombrar el caso, la Asociación de Mujeres Juezas (AMJE) ha expresado a X el "derecho" de todas las víctimas "a ser tratadas con respeto y que no se hagan preguntas que afecten a su intimidad". En términos similares también ha salido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien ha indicado que los jueces deben limitarse a "valorar las pruebas, no a cuestionar a las víctimas".