El gobierno español abre el melón de la judicatura
El PSOE es perfectamente consciente de que en España existe un problema grave con la judicatura y ha decidido intervenir por la vía legislativa. En pocos meses ha presentado hasta tres leyes al respecto. En primer lugar, la ley de eficiencia judicial, que ya está en vigor y con la excusa de modernizar una administración de justicia que en muchos aspectos parece del siglo XIX lo que hace es introducir cambios para restar poder a los jueces instructores. En segundo lugar, la ley contra el lawfare, que plantea limitar el uso de la figura de la acusación popular para evitar instrumentalizaciones políticas. Y, en tercer lugar, la ley que se ha presentado hoy y que pretende "democratizar" el acceso a la carrera judicial para que la renta de los aspirantes no sea impedimento.
Es una evidencia, y basta con mirar la representatividad de sus asociaciones, que dentro de la magistratura hay un sesgo ideológico y de clase. La conservadora Asociación Profesional de la Magistratura es ampliamente mayoritaria entre los jueces, y si se analiza de dónde provienen los magistrados se ve que hay muy pocos que no sean de clase media-alta o alta. Esto es así porque para ser juez es necesario destinar una serie de años al estudio para presentarse a unas oposiciones, y esto sólo está al alcance de familias con recursos. El gobierno español quiere reequilibrar y hacer más representativo de la realidad al colectivo de los jueces por dos vías: por un lado, con un sistema de becas para asegurar que la renta no sea un impedimento; por otro, ampliando el número de jueces que llegan a través del llamado cuarto turno, lo que abriría las puertas a más abogados con un mínimo de años de experiencia en el ejercicio de la profesión.
El impacto de cada una de estas leyes por separado quizá sea limitado, pero visto en conjunto dibujan lo que es ahora mismo una prioridad para el gobierno de Pedro Sánchez: corregir el sesgo derechista de un colectivo que desde hace unos años tiene un destacado protagonismo en la política española. El independentismo ha sufrido en carne propia instrucciones surrealistas como la del caso Volhov o las del juez Manuel García Castellón por terrorismo. Podemos también fue objeto de casos de lawfare como en el llamado caso Neurona, que investigaba sus cuentas y terminó archivado. Pero fue cuando el PSOE vio que ellos también eran objetivo de este colectivo, con casos como el del juez Peinado y la esposa del presidente español, Begoña Gómez, que empezaron a actuar. En las últimas horas, por cierto, también ha provocado indignación la actuación del juez Adolfo Carretero por su interrogatorio denigrante a la actriz Elisa Mouliaá, quien ha presentado una denuncia por agresión sexual contra Íñigo Errejón.
Más vale tarde que nunca, pero lo urgente es desjudicializar la política española y acabar con la sensación de que los jueces son unos actores políticos más. Y el primer paso es democratizar el acceso a la carrera judicial y hacer más transparente el propio funcionamiento interno de la justicia.
