Después de catorce sesiones, el primer juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama ha quedado visto para sentencia. Ahora el tribunal, encabezado por Andrés Martínez Arrieta, tendrá que dictaminar si condena a quien fue ministro de Transportes y número tres del PSOE y a quien se convirtió en su permanente mano derecha y si hace caso a la Fiscalía o al PP en la pena de prisión para el “nexo corruptor” de la presunta trama. Durante un mes, el Tribunal Supremo ha sido testigo de cómo uno de los primeros hombres fuertes de Pedro Sánchez se sentaba en el banquillo de los acusados y ha visto escenas de impacto en un juicio que quedará para la historia.

Visto para sentencia. El juicio del caso mascarillas en el Tribunal Supremo, que arrancó hace un mes, ha llegado a su fin. Ha sido el momento para que la Fiscalía Anticorrupción, el PP –que lidera las acusaciones populares– y las tres defensas verbalizaran sus conclusiones. El primero en tomar la palabra ha sido el fiscal. "El número uno no era el presidente del gobierno español, como, con notable alivio, le atribuye Aldama", ha dicho en la parte inicial de su discurso. Fue la nueva acusación del empresario y el fiscal Alejandro Luzón se ha desmarcado por completo. Eso sí, ha destacado que José Luis Ábalos estaba en la "cúspide" o en el "engranaje esencial" de la organización. A su parecer, él, Koldo García y Víctor de Aldama –junto con otras personas– conformaron una "verdadera organización criminal" que nació de un "pacto corruptor que interesaba a todos" fruto de la "insistencia" y la "poca resistencia" y que no se "diluyó y agotó" hasta que Ábalos fue destituido como ministro en julio de 2021.

Día de revelaciones y desmentidos en el Tribunal Supremo. Después de la explosiva declaración de Víctor de Aldama, que disparó a tort y a derecho para intentar salpicar a Pedro Sánchez y cuestionar la financiación del PSOE, ha llegado el turno de Koldo García, que fue asesor de José Luis Ábalos en el ministerio de Transportes y la Fiscalía le pide diecinueve años y medio de prisión. "Pregúntemelo absolutamente todo para intentar demostrar mi inocencia", ha exhortado al fiscal nada más arrancar. Y, después de cinco horas y media, ha dado su versión sobre uno de los grandes interrogantes del juicio: ¿qué son las xistorras? Un informe de la Guardia Civil sospechaba que era la denominación en clave para referirse a billetes de 500 euros. Y Koldo García, a preguntas de su abogada, lo ha confirmado, a pesar de que el pasado octubre, en un par de entrevistas televisivas, aseguró que las xistorras eran "embutidos".

Día clave en el juicio del caso mascarillas en el Tribunal Supremo. Después de diez sesiones, ha llegado el turno de las declaraciones de los tres acusados: José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. El único que ha podido ser interrogado este miércoles ha sido el empresario y presunto conseguidor de la trama, que se avino a colaborar con la justicia hace un año y medio cuando estaba en prisión preventiva –"qué invento", replicó Pedro Sánchez– y para quien la Fiscalía pide una pena muy inferior a la del resto de acusados. Igual que hizo en aquel momento inicial de la investigación, ha decidido explayarse, estirar la manta y apuntar directamente a Pedro Sánchez. Sin aportar pruebas y valiéndose solo de su palabra, ha dado detalles minuciosos para intentar acreditar su acceso privilegiado a las esferas de poder, ha relatado al dedillo la hoja de ruta de la presunta corrupción y ha expresado "arrepentimiento". "Si hay una jerarquía de una banda criminal, Sánchez está en el primer escalafón", ha dicho. "A mí se me transmitía que el presidente lo sabía todo", ha añadido en una declaración que se ha alargado más de seis horas y media.

Una de las preguntas que ha intentado resolver la octava jornada del juicio del caso Ábalos ha sido de dónde procedían los billetes en efectivo que tenían José Luis Ábalos y Koldo García. Durante la investigación, la Guardia Civil detectó más de 95.000 euros del exministro de Transportes y ex número tres del PSOE sin rastreo bancario. Esto reforzó la tesis de "la existencia de ingresos en efectivo no declarados" y desencadenó la apertura de una pieza separada en la Audiencia Nacional sobre la financiación del PSOE. El juez instructor planteó la hipótesis de que el PSOE ayudara a Ábalos o a Koldo a "blanquear" dinero. Este miércoles, en el Supremo, se han puesto de manifiesto dos líneas de actuación durante la declaración de Mariano Moreno, que fue gerente del partido entre 2017 y 2021. Primero ha asegurado que Ferraz "nunca" entregaba billetes de 100, 200 y 500 euros, que son los que la Guardia Civil sospecha que –con nombres en clave– gestionaban Koldo y su entorno. Más tarde, la abogada del exasesor de Ábalos, con la voluntad de demostrar que todo el dinero que recibía era "de origen legal", ha querido hacer patentes posibles errores en la documentación que los socialistas remitieron a los juzgados.

Una de las misiones del Tribunal Supremo los primeros tres días del juicio contra José Luis Ábalos ha sido reconstruir el presunto enchufismo de dos mujeres próximas al entonces ministro de Transportes y exsecretario de organización del PSOE. Son Jessica Rodríguez, que fue su pareja durante un año y medio; y Claudia Montes, con quien mantuvo una relación "virtual". La primera ha admitido que cobraba sin ir a trabajar –un total de 44.000 euros a Ineco y Tragsatec–. La segunda mujer defiende que sí que cumplía con su trabajo en Logirail, aunque otras voces lo desacreditan. Entre contradicciones y enfrentamientos laborales, diversos testigos han intentado arrojar luz esta semana en el alto tribunal. "Tenía un contrato, pero no trabajaba activamente", reconoció el martes Jessica Rodríguez. Marino Turiel, el abogado de José Luis Ábalos, sospecha que hay un acuerdo oculto entre ella y Víctor de Aldama: "Es muy claro que existe un pacto y una concertación".

Hace unos días el rey Juan Carlos, el emérito, fue aplaudido y vitoreado por el público de una plaza de toros, que le pedía, entre muestras de entusiasmo, que volviera. Que volviera a España, se entiende, pero también que volviera al lugar de poder y preeminencia que, según estas personas, le corresponde. Juan Carlos I, conviene recordarlo, es un jefe de estado no electo que a lo largo de cuarenta años de reinado defraudó miles de millones a la Hacienda del mismo estado sobre el cual reinaba, y que utilizó, también, las instituciones y los poderes del Estado (y, naturalmente, el erario público) para sus intereses particulares, que iban desde las aventuras eróticas hasta los negocios con los jeques petroleros que finalmente lo han acabado acogiendo bajo los auspicios de una dictadura. Pero todavía son muchos los partidarios de Juan Carlos convencidos de que el monarca vive en un exilio forzoso, víctima del entendimiento traidor de su hijo Felipe con los enemigos de la patria, etc.Esto viene a cuento porque, en España, la corrupción está tan fuertemente arraigada dentro de la arquitectura misma del Estado que forma parte indisoluble de él. Del rey para abajo, literalmente: la magistratura, el ejército, los cuerpos policiales. Por supuesto, también los gobiernos electos, ya sean centrales, autonómicos o municipales. Y los partidos políticos, naturalmente. No se debería olvidar nunca la selva frondosa de los corruptores, dentro de la cual hay desde empresas constructoras, energéticas y tecnológicas hasta medios de comunicación, pasando, cómo no, por la banca.Ahora el PP y el PSOE afrontan, en paralelo, juicios por casos de corrupción: la corrosiva trama Kitchen, por lo que respecta a los populares, y el casposo caso de las mascarillas, o caso Koldo, o Ábalos o Cerdán (se dice de todas estas maneras), por lo que respecta a los socialistas. La coincidencia de estos dos procesos judiciales se puede considerar el inicio de la campaña electoral de las próximas elecciones generales. Así pues, veremos y oiremos a los dirigentes, y a los periodistas y medios afines, intercambiando insultos y reproches en el tono infantil y envenenado que hace tiempo que ha cogido la política española, en un espectáculo que solo se puede soportar los días de mejor humor.Ahora bien, no deberíamos equivocarnos. Incluso en la corrupción hay clases, y en el estado español quien manda en esta cuestión es y será siempre el Partido Popular. Las corruptelas de los socialistas y de otros partidos pueden llegar a formar lodazales de mucha consideración, pero ningún otro partido que no sea el PP, ni siquiera el PSOE, se puede permitir el lujo de organizar policías patrióticas o de reventar bancos en Andorra solo para destruir enemigos políticos, tanto externos como internos. Esto es por un motivo: como en la película Amanece, que no es poco, los otros partidos son contingentes, mientras que el PP es necesario. Necesario para la continuidad de la patria, tal como la entienden las instituciones y empresas antes mencionadas. Necesario para mantener equilibrado el poder en España, tal como entienden el poder, por ejemplo, todos estos que aplaudían a Juan Carlos en la plaza de toros.

"Yo no he tenido ninguna relación nunca con Plus Ultra, ni nadie me pidió nada. No hice nada ni me interesé por el rescate". José Luis Rodríguez Zapatero ha comparecido durante cuatro horas en la comisión de investigación del caso Koldo del Senado, convocada por el PP al inicio de la campaña electoral de Castilla y León, para hablar, fundamentalmente, sobre el rescate de Plus Ultra. Un caso que está bajo investigación por presunto blanqueo de capitales –se cuestiona si parte del rescate podría haber sido utilizado para blanquear dinero proveniente de corrupción en Venezuela– y al que hace tiempo que los populares dan máxima credibilidad.

Investigado por presunta corrupción en el Tribunal Supremo, Santos Cerdán ha llevado este miércoles su estrategia de defensa en el Senado. En plena crisis del gobierno español por casos que se acumulan en los tribunales, y un mes después de salir en libertad provisional de la cárcel, el ex número tres del PSOE ha comparecido en la comisión del caso Koldo en la cámara alta para reivindicar una vez más su inocencia. Aunque se acogió a su derecho a no declarar sobre los hechos concretos por los que está encausado, aseguró que es víctima de una "persecución propia de la Inquisición" y vinculó su investigación a su papel en el acuerdo de la ley de amnistía.

La legislatura de Pedro Sánchez está cada vez más pendiente de los tribunales. La angustia se esparce entre las filas socialistas especialmente después de una semana que ha dejado dos novedades: cinco detenciones que han hecho emerger dos nuevas causas –que siguen secretas– y un informe de la Guardia Civil que vuelve a salpicar a José Luis Ábalos. Son investigaciones en curso, precisamente, sobre temas que golpean el corazón de la hoja de ruta política del presidente español y la génesis de su llegada a la Moncloa. De los cinco detenidos, la Audiencia Nacional ha dejado en libertad al exmilitante socialista Leire Díez, Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI, y al empresario vasco Antxon Alonso, propietario de la mercantil Servinabar y amigo de Santos Cerdán, ex secretario de organización del PSOE. Todos ellos han salido a la calle con medidas cautelares (retirada de pasaporte y comparecencias periódicas) después de que la fiscalía no haya reclamado su ingreso en prisión.

Movimiento de fichas en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil instigado por el gobierno español. El consejo de ministros aprobará mañana el ascenso del coronel Rafael Yuste Arenes a general de brigada, lo que conllevará su salida como jefe de la UCO, según avanzó Eldiario.es y confirman fuentes gubernamentales al ARA. La UCO es la unidad especializada que, entre otras cosas, está participando en la investigación de las causas judiciales que rodean a Pedro Sánchez –por ejemplo, elaboró ​​el informe que desembocó en la imputación de Santos Cerdán o acreditó que el fiscal general del Estado borró los mensajes de su móvil el día en que el Supremo le imputó–. Rafael Yuste llevaba dos años y medio al frente de la UCO –llegó en junio del 2023 sustituyendo a Alfonso López Malo– y ahora ha conseguido el ascenso después de superar el curso y de quedar el número uno de su promoción en la evaluación.

Los 180 metros que separan al Tribunal Supremo de la Audiencia Nacional nunca habían sido tan cortos. El pasado jueves, mientras José Luis Ábalos se exponía a que Leopoldo Puente le enviara a la cárcel por la causa sobre la compra de mascarillas –como acabó pasando–, Víctor de Aldama declaraba ante Ismael Moreno sobre los contratos del gobierno canario durante la pandemia; una presunta trama de corrupción que ha derivado en múltiples investigaciones paralelas que tienen vasos comunicantes. Tanto es así, que incluso los abogados personados no acaban de tener clara la cantidad de piezas que están en marcha y su alcance. Vamos a palmos.

Ha vuelto a ocurrir algo que nunca había pasado, que es que un diputado en ejercicio entre en prisión.

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha citado al exministro José Luis Ábalos ya su exasesor Koldo García para el jueves 27 de noviembre para decidir si los mantiene en libertad o los ingresa en prisión. El magistrado revisará las medidas cautelares que mantiene para el exministro del PSOE y su asesor en la causa por la presunta trama de compra de mascarillas durante la pandemia, después de que las acusaciones populares y el fiscal hayan pedido una vista para que se les prive la libertad.

La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel y una multa de casi 4 millones de euros para José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes y ex secretario de organización del PSOE, en la causa sobre la compra de mascarillas durante la pandemia, que está a un paso del juicio. En un escrito de 21 páginas, Alejandro Luzón le acusa de cinco delitos: pertenencia a organización criminal, cohecho, malversación, tráfico de influencias y uso de información privilegiada. En un tuit en X, Ábalos ha denunciado que "no sólo han sido rechazadas todas y cada una de las pruebas que he solicitado o acceder al material de la causa", sino que "ahora, en una estrategia premeditada de presión, se me hace una exagerada reclamación de delitos y penas".

Tras 142 días en Soto del Real, Santos Cerdán ha salido en libertad provisional por orden del juez del Tribunal Supremo que le investiga por presunta corrupción. Al salir el ex número tres del PSOE ha denunciado las "mentiras" y "manipulaciones" que, dice, se están difundiendo sobre él. "Confío en que la verdad se imponga y se haga justicia", remachó a las puertas de la cárcel este miércoles por la noche. Sin embargo, la decisión del magistrado Leopoldo Puente no responde a una mejora de la situación judicial de Cerdán, sino todo lo contrario. El instructor del caso de supuestas comisiones ilegales en adjudicaciones de obra pública, que hasta ahora había justificado mantenerlo encarcelado por riesgo de destrucción de pruebas, consideró este miércoles que ha logrado recopilar suficientes indicios para que la puesta en libertad del ex número tres del PSOE ya no pueda comprometer la investigación. La decisión llega justamente al día siguiente que saliera a relucir un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el que los investigadores sitúan a Cerdán como "el enlace" entre el gobierno español y Acciona, la constructora que está en el epicentro de la presunta trama.

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Koldo, Ismael Moreno, ha decidido abrir una pieza separada para investigar los pagos en metálico efectuados al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y su asesor Koldo García por parte del PSOE. La decisión llega después de que el juez haya recibido el auto del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, en el que pedía a la Audiencia Nacional que indague en esos pagos que, según el partido, servían para liquidar gastos justificados.

El PP hace ya tiempo que decidió sacrificar el valor del Senado como cámara de representación territorial y de segunda lectura para convertirla en una caja de resonancia de su oposición a Pedro Sánchez. Por eso pensaron que era una buena idea citar a declarar al presidente del gobierno español a una comisión sobre el caso Koldo en un cuarto que controlan completamente. Pero una vez más, y ya van varias, el PP ha vuelto a fracasar y Pedro Sánchez ha salido muy vivo del espectáculo lamentable que se ha vivido en el Senado.

Por segundo día consecutivo, en el Tribunal Supremo se ha seguido un guión prácticamente calcado. Después de que ayer acudiera José Luis Ábalos, este jueves fue el turno de Koldo García. Tal y como hizo el exministro de Transportes, su exasesor se ha negado a declarar entre reproches al instructor del caso de presunta corrupción en el alto tribunal, Leopoldo Puente, que ha optado por dejarlo en libertad. La Fiscalía Anticorrupción, como ya ocurrió con Ábalos, no ha pedido su encarcelamiento por mucho que aprecia cierto riesgo de fuga, y las acusaciones populares, encabezadas por el PP, han vuelto a solicitar sin éxito prisión provisional sin fianza. De esta forma, Koldo también ha sorteado la cárcel y sale del Supremo con las mismas medidas cautelares que se le estaban aplicando: retirada de pasaporte y comparecencias quincenales en sede judicial. De esta forma, el ex número tres del PSOE Santos Cerdán es el único investigado de la causa que está encarcelado.

Un nuevo informe de la UCO sobre el patrimonio de José Luis Ábalos ha vuelto a encender el clima político en Madrid, pero realmente no acaba de despejar el alcance real de un caso de corrupción que, sobre el papel, podría amenazar la continuidad del gobierno de Pedro Sánchez. La Guardia Civil destapa en este informe que Ábalos daba instrucciones prácticamente diarias a su asesor, Koldo García, para que sufragara desde sus cuentas bancarias gastos que en realidad eran de él. Por ejemplo, regalos para sus amantes, pensión de su hijo y viajes particulares. En total, todos estos gastos suman 95.000 euros, que la Guardia Civil sospecha que Koldo pagaba con dinero de dudosa procedencia, pero que el informe no aclara.