Ángel Hernández, absuelto de un delito de cooperación al suicidio por ayudar a morir a su mujer

BarcelonaEl juzgado penal número 34 de Madrid ha absuelto a Ángel Hernández de un delito de cooperación al suicidio por ayudar a morir a su esposa, María José Carrasco, enferma terminal de esclerosis múltiple, en Madrid en 2019. En una sentencia a la que ha tenido acceso Efe, el tribunal recuerda que la Fiscalía retiró su acusación después de que entrara en vigor la ley de la eutanasia a finales de junio. El caso de Hernández era especialmente criticado por las entidades que defienden el derecho a morir dignamente porque el ministerio público equiparaba su acción a la violencia machista.

“Como se ha retirado la única acusación personada en las acusaciones, de acuerdo con la doctrina, procede dictar sentencia absolutoria con todos los pronunciamientos favorables", señala la resolución, que absuelve a Ángel Hernández de un delito de cooperación al suicidio.

Víctima de esclerosis durante 30 años

María José Carrasco sufría esclerosis múltiple desde hacía más de 30 años y había dicho públicamente que quería morir y poner fin a una enfermedad degenerativa que no tiene cura. Con su consentimiento, Àngel Hernández, su marido, le administró un fármaco que hacía años que ella había adquirido en internet y lo grabó en vídeo para que quedara clara la voluntad de su mujer, que murió al cabo de diez minutos. Cuando fue detenido, Hernández reconoció los hechos ante el juez.

La detención de Hernández reabrió el debate sobre la necesidad de aprobar una ley que regulara la eutanasia en España, una demanda que empezó con el famoso caso de Ramón Sampedro, que se suicidó en 1998 después de luchar sin éxito para que lo ayudaran a morir. Finalmente, y después de varias trabas en el Congreso, la ley superó todos los obstáculos políticos y se aprobó en marzo de este año.

Hace tan solo unas semanas Catalunya aprobó el nuevo decreto que despliega el derecho a morir dignamente, con la aprobación de un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia y la creación de la Comisión de Garantías y Evaluación, el organismo encargado de controlar que los solicitantes cumplen los requisitos legales para aplicar la ley.

El caso de Hernández fue el primero en el que la Fiscalía aplicó de manera retroactiva la ley que despenaliza la eutanasia, aprobada a finales de junio, y que tuvo aplicación práctica en los tribunales. El ministerio público consideró que la acción del acusado cumple con los requisitos que establece la nueva norma para que los pacientes que han expresado libremente su voluntad de morir puedan tener la ayuda de un profesional médico o un familiar para dar este paso.