SOS del centro comercial olvidado del Port Olímpic para que el Estado no le desahucio

BarcelonaEn primera línea de mar y junto a un Puerto Olímpico recién reformado. De entrada, podría parecer un escenario idílico para un centro comercial. Nada más lejos de la realidad. Desde hace un tiempo, los comerciantes que resisten en el complejo Moda Shopping —justo debajo de la torre Mapfre— viven una auténtica pesadilla. Uno que les ha llevado a tener que luchar contra la amenaza de ser desahuciados por el Estado, propietario desde hace seis años de ese centro comercial olvidado de Barcelona.

Para entender este lío es necesario remontarse al año 2019, cuando venció la concesión administrativa bajo la que operaban los negocios del centro, inaugurado en 1993 y que también cuenta con un aparcamiento con más de cien plazas. Pese a los intentos de los 12 establecimientos que entonces funcionaban en el complejo, Patrimonio del Estado —que depende del ministerio de Hacienda y que es el propietario del centro comercial— se negó a renovar su alquiler. ¿El motivo? Según explican los comerciantes de la zona, la intención del Estado es subastarle vacío para que se le quede algún promotor privado.

Durante estos seis años, comerciantes y gobierno español han mantenido un duro pulso judicial que, pese a algunas victorias para los locales en primera instancia, ha acabado llevándose al Estado en las instancias superiores. Esto ha desembocado en un goteo de desahucios, que hacen que el centro comercial ya muestre síntomas claros de abandono a pesar de que aún hoy quedan seis negocios abiertos: la cafetería Farggi, los restaurantes Barnabier y Pato Pekín, una franquicia de Burger King, el quiosco la Rotonda y la tienda Tot Barcelona.

La mayoría de establecimientos, de hecho, ya tienen fecha de desahucio y cerrarán entre finales de este año y principios del siguiente. Lo atestiguan los carteles rojos anunciando la liquidación total que hoy colonizan el principal acceso del centro. Serán comercios que seguirán el camino de otros establecimientos que habían pasado por el centro comercial, pero que también han tenido que cerrar, como el Rebujito de Moncho's, un Pans&Company, un Ginos, o el inmenso restaurante Casa del Chino.

Pese a la inminencia del desenlace, los comerciantes del Moda Shopping no tiran la toalla y este lunes han dado un grito de alerta junto al presidente del Gremio de Restauración de Barcelona, ​​Roger Pallarols. En una carta conjunta, pidieron al alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, que se implique activamente para evitar el desahucio de los locales y la destrucción de los puestos de trabajo de los 120 empleados que, dijeron, todavía trabajan allí.

"Pedimos a Collboni que interceda ante el Estado", ha dicho Pallarols en declaraciones a los periodistas junto a los propietarios de los comercios afectados. El presidente del Gremio de Restauración ha alertado de que el consistorio de la capital catalana "no puede desentenderse" de lo que está ocurriendo con estos comercios. Además, cuestionó que no se haga nada para evitar el cierre mientras se hace un discurso de defensa el comercio de proximidad, y reclamó a Collboni que lidere un proceso de negociación con el Estado que permita llegar a una solución.

Riesgo de abandono

Entre los argumentos de Pallarols no está sólo la pérdida de negocios —algunos de los cuales llevan toda su vida en la zona— y de puestos de trabajo. También consta el posible deterioro de una "pieza clave en la fachada marítima de Barcelona". El líder de los restauradores opinó que "no tiene sentido" que el Ayuntamiento se "desinterese" del futuro de este espacio después de haber llevado a cabo una "importante apuesta de transformación del Puerto Olímpico". "Nadie gana nada si ese espacio se desahucia", ha concluido.

Los comerciantes afectados por el cierre del centro comercial también alertan de que la desaparición de la actividad comercial en la zona dará pie a su abandono, y explican que ya han tenido que hacer frente a intentos de ocupación ilegal de algunos de los locales desahuciados, lo que les ha obligado a reforzar la vigilancia nocturna. Denuncian, de hecho, que desde que empezó el litigio en 2019 han invertido más de 1,5 millones de euros en gastos de mantenimiento del espacio común, seguridad y limpieza, así como el pago de servicios municipales. Ahora dan un último grito de alerta para evitar que ese centro comercial que emula la forma de un barco de tres pisos no se hunda definitivamente.