Colau solo ejecutó el 37,6% del presupuesto de vivienda el año del covid

BarcelonaEl covid lo trastocó todo en 2020 –y aún en 2021–, también las finanzas de ayuntamientos como el de Barcelona, abocados a modificaciones de urgencia para aumentar el gasto social y rehacer presupuestos con una previsión mucho más baja de ingresos por la parada total del confinamiento. Pero, pese al gran cambio de escenario, con el ministerio de Hacienda suspendiendo el techo de gasto y permitiendo a los consistorios gastarse los ahorros, el cierre de ejercicio en Barcelona fue bastante menos desgarrador de lo que se había anunciado. El Ayuntamiento acabó el curso con un déficit de 49,2 millones de euros, un cambio de tendencia remarcable respecto a los superávits de los últimos nueve años, pero lejos de los más de 150 millones de déficit que se habían llegado a prever: los ingresos cayeron menos de lo que se esperaba gracias, sobre todo, a la entrada de última hora de recursos provenientes de la Generalitat y del impuesto de plusvalías. La liquidación de cuentas evidencia ahora, sin embargo, que se gastó bastante menos dinero del previsto en materias consideradas estrella por el gobierno de Ada Colau, como la vivienda, en que se gastó el 37,6% de los 86,2 millones de euros previstos en el programa de vivienda del presupuesto municipal.

Esta desinversión que, sumada a los cerca de siete millones de euros de menos que se acabaron destinando a la rehabilitación y conservación de edificios, ha mosqueado al grupo de ERC, que ha sido aliado de los comunes y los socialistas en la negociación de los dos presupuestos en lo que llevamos de mandato. Denuncian que se han dejado de invertir más de 54 millones de euros en políticas de vivienda y que la falta de parque público continúa obligando a alojar de emergencia a las familias vulnerables en pensiones y hoteles, que "tienen un coste tres veces mayor al que tendría un alquiler social y no son una alternativa que les aporte confort". En 2020 se destinaron 4,1 millones de euros, el 90% a través de viajes Barceló, según los republicanos.

El gobierno municipal explica que la carencia de gasto ejecutado se debe de sobre todo "a los efectos de la pandemia, el confinamiento y la parada y el retraso de los trabajos durante buena parte del año". Las obras públicas estuvieron paradas durante cuatro meses y después hicieron falta medidas de adaptación al covid que retardaron la recuperación, y también costó retomar todas las tramitaciones que habían quedado interrumpidas. Por lo tanto, defienden, no hubo margen para hacer y pagar todo aquello que se había programado. Y la emergencia obligó a reordenar recursos.

Fuentes municipales detallan que de los 82,6 millones previstos en el presupuesto, se ejecutaron 21,5 de gasto corriente y 10,8 de inversiones. En total, el 37,6% de lo que estaba estipulado, pero añaden al cómputo los 31 millones que apuntan sí que se han invertido a través del Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación (IMHAB) –y que no están incluidos en el presupuesto– y una partida de cinco millones extra que también se ejecutó. Este cálculo sitúa el total de inversiones previstas en los 97 millones y el grado de logro en el 48% –el 56% si se tiene en cuenta, también, el gasto corriente–, a pesar de que el documento inicial de inversiones que tenía que hacer la IMHAB preveía 62 millones destinados solo a nuevas promociones. En el último balance, el equipo de Colau sacó pecho de estar construyendo pisos públicos de alquiler a un ritmo inédito, con 2.329 pisos en obras o a punto de empezarlas y la previsión de llegar al 2023 con un parco público de 12.000 pisos nuevos o recuperados.

Gestión "ortodoxa"

"Los recursos económicos están y se podían haber puesto en marcha diferentes mecanismos para aumentar el parque público", lamenta el regidor de ERC Jordi Castellana, que recuerda que en el pacto presupuestario del 2020 ya incluyeron un fondo extra de 50 millones destinado a hacer crecer el parque de vivienda que no se materializó y que se vuelve a incluir en el acuerdo del 2021. Considera que el gobierno de los comunes y los socialistas ha hecho una gestión "ortodoxa" del presupuesto en plena emergencia, cuando tenía mecanismos para poder endeudarse más.

En las alegaciones que han presentado a la liquidación de cuentas también piden explicaciones sobre contratos adjudicados por la vía de emergencia para hacer frente a campañas de comunicación cuya adjudicación fuera del proceso habitual no consideran suficientemente justificada o sobre contrataciones que se internalizaron y que ponen en entredicho si podían haber asumido trabajadores municipales, como la elaboración de las memorias de los distritos o el apoyo a la gestión para hacer las ampliaciones de terrazas.