El catalán en las aulas

Educación vuelve a suspender el requisito del C2 de catalán para los nuevos docentes

La consejería justifica que no hay suficiente personal con la acreditación de lengua para cubrir vacantes y bajas

Imagen de archivo de un aula.
25/06/2026
3 min

BarcelonaLa exigencia del nivel C2 de catalán para los nuevos docentes no entrará en vigor el curso que viene. Educación ha vuelto a suspender la obligatoriedad de tener este certificado por falta de titulados que puedan "garantizar el derecho a la educación", según ha confirmado la consejería a el ARA. Si bien en diciembre se anunció que los docentes que quisieran entrar en la bolsa el curso 2026-2027 deberían acreditar el C2 de catalán, este jueves una resolución publicada en el Diario Oficial de la Generalitat da marcha atrás y modifica las condiciones lingüísticas para ser personal interino.

En concreto, ya no hará falta tener el título de C2 aprobado porque Educación ha calculado que no habría suficientes titulados para tener suficientes efectivos, "especialmente en determinadas especialidades y territorios", afirman. Según la resolución, se trata de "medidas transitorias de carácter excepcional", aunque oficialmente no se especifica hasta cuándo. Tener el nivel superior de catalán sí que dará prioridad a los que tienen el C2 por encima de los que no se lo han sacado, porque es un requisito, si bien sujeto a moratoria —y, por tanto, deja de ser un mérito que cuenta 5 puntos. Para entrar en la bolsa solo hará falta el compromiso de obtener el C2 durante el curso 2026-2027.

El requisito del C2 entró en vigor justo el pasado septiembre. En el momento en que el TSJC anuló buena parte de los artículos del decreto de régimen lingüístico del 2024, se levantó la suspensión del resto de los artículos, uno de los cuales era la obligatoriedad del C2 de catalán para maestros y profesores interinos que quieran acceder a la bolsa de docentes. En diciembre del 2025 la consejera Esther Niubó se comprometió a "aplicar el decreto" pero también añadió que estudiarían el impacto de la medida desde la Dirección General de Profesorado. En la resolución de este jueves, el veredicto es que "la implantación inmediata del requisito del nivel C2 de lengua catalana comportaría una grave dificultad para cubrir sustituciones y vacantes" porque hay "una insuficiencia estructural de personal docente que disponga de esta acreditación, hecho que impide la aplicación inmediata y generalizada del requisito mencionado".

Según el decreto, los docentes que están dentro del sistema deberán acreditar el C2 cuando lo determine el departamento a partir del curso 2027-2028. Sin embargo, Educación nunca ha concretado una fecha, si bien es público que en 2024 solo el 25% de docentes tenían el C2.

Un requisito histórico nunca implementado

El requisito del C2 de catalán para el profesorado es una deuda histórica. Ya aparece en la Ley de Educación de 2009, pero nunca se había aplicado de manera efectiva. Los docentes que están en activo solo han tenido que acreditar el nivel C1, que es el que se convalida cursando hasta 4º de ESO. Al constatar el brutal retroceso del catalán en los centros educativos, el gobierno de ERC activó este requisito en 2022 de cara a 2024, pero después se ha ido posponiendo. Primero para priorizar la estabilización del personal y después porque era uno de los artículos incluidos en el decreto de régimen lingüístico de 2024 que había quedado congelado cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ese mismo año.

Así pues, ahora el Govern vuelve a poner en barbecho el requisito del C2 de catalán para "garantizar el servicio el próximo curso" y dar tiempo a los nuevos profesores para hacer el examen. De hecho, a raíz de este requisito anunciado tantas veces, ha habido un incremento acelerado de las personas que se examinan del C2 de catalán: se ha pasado de menos de un millar de acreditaciones anuales del C2 que hubo la década antes de 2022 a las 13.500 de este curso. A pesar de ello, la consejería ha contado que no sería suficiente y ha ponderado el derecho a la educación por encima de la competencia lingüística.

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